En el 35.° periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de la ONU, la delegación venezolana presentó los alcances del nuevo proceso de Consulta Nacional, orientado a la reforma integral de su sistema de justicia penal.
Esta presentación estuvo encabezada por la embajadora Claudia Salerno Caldera, quien informó ante el organismo internacional que el primero de junio de 2026 se activó este mecanismo participativo. El objetivo central es adaptar la administración de justicia a las necesidades actuales de la ciudadanía, priorizando la agilidad procesal, la transparencia institucional y la garantía de una justicia equitativa para todos los sectores sociales.
Esta iciativa, impulsada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, involucrará a jueces, fiscales, defensores y organizaciones comunitarias. El fin es diagnosticar los retos del sistema a través del debate directo en todo el país. Como antecedente de este proceso, la diplomática destacó la reciente aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en mayo de 2026, un paso clave para optimizar la eficiencia tanto en el ámbito penal como civil.
Venezuela ratificó su apego a la Declaración de Kioto de 2021, defendiendo la justicia penal como un pilar para la paz y el desarrollo sostenible. Durante su intervención, la delegación denunció el impacto negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, afirmando que estas acciones restringen el acceso a tecnologías y financiamiento internacional, debilitando las capacidades estatales para combatir la criminalidad.
Ante este panorama, el país hizo un llamado a la comunidad global para asegurar que la cooperación técnica sea transparente, libre de agendas políticas y coherente con las obligaciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Venezuela reiteró que la lucha contra el delito debe desarrollarse bajo el estricto respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando que el progreso judicial es una responsabilidad compartida que debe ajustarse al derecho internacional.
