La delegación oficial de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el canciller Yván Gil, arribó este lunes al Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para dar inicio a una semana crucial en la defensa de la Guayana Esequiba.
El equipo jurídico nacional asume la representación del país con el mandato firme de proteger los derechos históricos y la integridad territorial. A su llegada, las autoridades venezolanas enfatizaron que la nación cuenta con argumentos sólidos y documentos irrefutables que sostienen su soberanía, reafirmando que Venezuela no cederá en su postura histórica ante la comunidad internacional.
El ciclo de comparecencias orales frente al cuerpo de 15 magistrados del tribunal internacional se desarrollará bajo el siguiente esquema:
Lunes 4 de mayo: Inicio de la jornada con la exposición de alegatos por parte de la República Cooperativa de Guyana.
Miércoles 6 de mayo: Intervención del equipo legal venezolano para presentar los fundamentos y la verdad histórica del país.
Viernes 8 de mayo: Réplica de la representación guyanesa.
Lunes 11 de mayo: Cierre formal de las audiencias con la última intervención de la delegación de Venezuela.
Venezuela ha sido enfática al declarar que su presencia en La Haya no implica el reconocimiento de la competencia de la CIJ para dictar una sentencia definitiva sobre la controversia. El Gobierno nacional sostiene que el proceso, impulsado unilateralmente por Guyana en 2018, carece de base legal y transgrede las normas del derecho internacional.
La delegación ratificó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido y vigente para alcanzar una solución negociada y satisfactoria para ambas partes. Este documento internacional dejó sin efecto el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, con el cual el Reino Unido pretendió despojar a la nación de su territorio.
Con este despliegue diplomático y jurídico, el Estado venezolano busca restablecer la legalidad internacional y promover una salida consensuada que respete la memoria histórica y la voluntad soberana del pueblo venezolano.
