El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado a través de su Cancillería en el que acusó al presidente de Guyana, Irfaan Ali, de ser el «verdadero jefe de la mafia» dedicada a la extracción «ilegal» de oro y minerales en la región.
Estas declaraciones se produjeron luego de que el mandatario guyanés anunciara medidas para bloquear el contrabando de oro desde Venezuela, el cual, según Guyana, tendría como objetivo financiar al Ejecutivo chavista.
En el texto, la Cancillería venezolana calificó las acusaciones de Ali como «atrevidas e infundadas», señalando que fueron realizadas desde la Embajada de los Estados Unidos en Guyana, espacio que describió como un lugar de «sumisión y dependencia».
Asimismo, el Gobierno venezolano afirmó que el Presidente guyanés es el responsable de «una destrucción acelerada del ambiente y la vida misma en un territorio que no le pertenece», refiriéndose a la región en disputa entre ambos países.
Adicionalmente, Venezuela denunció que Ali lidera «un esquema de saqueo de petróleo en un mar pendiente por delimitar», cuya explotación calificó de «completamente ilegal e ilegítima según el derecho internacional».
