En el Día Mundial de la Alimentación, 14 de octubre, las cifras de la seguridad alimentaria en el mundo volvieron a la palestra en una coyuntura histórica que ve surgir nuevos factores —entre ellos el vertiginoso alza de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes— que se suman a las fallas estructurales del modelo capitalista, que agravan los problemas de los sectores más vulnerables.
Las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores del sur global son los más vulnerables; mientras el número de personas que padecen hambre crece en todo el mundo: 828 millones en 2021, según el reciente informe de la FAO, hay más de 970.000 personas en riesgo de hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
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«Ante el riesgo inminente de una crisis alimentaria mundial, debemos confiar en la fuerza de la solidaridad y el impulso colectivo para crear un futuro mejor, en el que todos tengan acceso regular a cantidades suficientes de alimentos nutritivos», dijo el Director General de la FAO, Qu Dongyu, en la ceremonia en Roma.
Un propósito que choca con los intereses dominantes de quienes regulan las relaciones entre los Estados, y dentro de ellos, sobre la base del lucro de unos pocos y ciertamente no en beneficio de quienes producen la riqueza.
Y es solo en esta clave que deben leerse las cifras de los informes económicos proporcionados por las grandes instituciones internacionales e interpretados a su manera por los medios de comunicación que comparten sus intereses.
Según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas el 11 de octubre, entre finales de 2022 y 2023, países que representan cerca de un tercio de la economía mundial experimentarán una caída del PIB durante dos trimestres consecutivos, dando lugar a una recesión técnica.
Incluso cuando haya crecimiento, parecerá estar en una fase de contracción. Para el FMI, dada la persistencia del conflicto en curso en Ucrania, lo peor está por venir: lo peor, por supuesto, vendrá para las clases populares, ciertamente no para el complejo militar industrial ni para los especuladores.
En Estados Unidos, aunque el Congreso está a punto de destinar otras decenas de miles de millones de dólares al presupuesto militar, los halcones del Pentágono piden que se incremente en un 50%, es decir, que se sumen otros 400.000 millones de dólares más al año.
La ayuda estadounidense a Ucrania, desde enero, ha ascendido a 52.300 millones de euros, mientras que los estados miembros de la UE y las instituciones europeas han aportado 29.200 millones de euros, y siguen aportando más. En la base aérea de Ramstein, aeropuerto militar en el suroeste de Alemania, los representantes de 50 naciones se reunieron nuevamente el 12 de octubre para decidir sobre la nueva ayuda militar a Ucrania. Italia decidirá con el probable nuevo gobierno de extrema derecha, encabezado por Giorgia Meloni.
Según el FMI, en 2022 América Latina resistirá el fuerte impacto global del conflicto de Ucrania y las consecuencias de la pandemia, y crecerá un 3,5% por encima de la media mundial, pero en 2023 tendrá que sufrir las repercusiones debidas a los malos resultados de sus socios comerciales. La economía venezolana, por su parte, contará con el mayor crecimiento de la región, del 6%.
Sin embargo, el FMI sigue reteniendo indebidamente los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Venezuela por $5.000 millones, bloqueados por Estados Unidos, el mayor accionista del FMI que, en 2019, avaló la farsa del autoproclamado Guaidó: quien, como un buitre, también trató de especular sobre la tragedia de Las Tejerías para embolsarse dinero tanto de la ONU como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), antes de que el desvío de dinero termine definitivamente.
Mauricio Claver Carone, impuesto por Trump para la presidencia del BID, ha sido eliminado por faltas éticas a las normas internas. Ahora, los países de América Latina, encabezados por Argentina —que acaba de obtener 700 millones de dólares del BID— buscan un candidato de consenso para volver a una presidencia latina del organismo y, supuestamente, a una vicepresidencia estadounidense.
La Comisión Europea anunció un nuevo paquete de ayuda humanitaria de más de 34 millones de euros para Colombia, de los cuales 22 millones estarán destinados a los migrantes “afectados por la crisis venezolana”. Un plan apoyado por el informe de La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). Un organismo conformado por casi 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, “sociedad civil”, organizaciones religiosas y ONG, entre otras) que se articulan bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.
Sus datos sirven para orientar las decisiones políticas de los gobiernos y la llamada opinión pública, a través de los portales de información financiados para este fin. Desmontar un aparato tan potente e insertado en los mecanismos económico-financieros de la globalización capitalista no será nada fácil. Dependerá de las relaciones de fuerza que los pueblos organizados sepan imponer; no solo en el continente latinoamericano, sino también en Europa. Mientras tanto, sin embargo, con la elección de Petro en Colombia, las cosas podrían ir por otro camino; dejando con hambre a los buitres del gran capital internacional.
