La derecha sataniza el 27F, pero ansía reeditarlo
El 11A, un experimento que terminó en 13
La oposición de derecha venezolana ha pasado dos décadas en una profunda contradicción: por una parte sataniza lo ocurrido el 27 de febrero y días sucesivos de 1989, y por otro desea (y trabaja para lograrlo) que se produzca una nueva rebelión popular.
Esos grupos, siempre bajo el mando de sus jefes estadounidenses, han desarrollado planes orientados a conseguir que el pueblo pobre salga a las calles, como lo hizo hace 34 años, para así justificar la acción de los sectores contrarrevolucionarios internos y de las fuerzas extranjeras en contra del modelo socialista.
Uno de los primeros intentos de esto fue temporalmente exitoso: el 11 de abril de 2002 la derecha logró movilizar masas hacia el centro de Caracas y, una vez allí, detonaron la violencia disparando contra los manifestantes de ambos bandos, causando una situación de caos que justificara el derrocamiento del gobierno del comandante Hugo Chávez.
El experimento solo duró 47 horas, porque luego el pueblo bajó nuevamente de los cerros y se movilizó desde los campos, pero para sacar del poder al dictadorzuelo Carmona y reponer en su cargo al líder bolivariano.
Las guarimbas como detonador
Los intentos más sistemáticos de generar un clima de violencia callejera y ausencia de control por parte del gobierno (algo parecido al 27F) fueron los tres períodos de guarimbas que impulsó la ultraderecha desde 2004.
Ese año se produjeron los primeros movimientos foquistas, en diversos lugares del este de Caracas y sus equivalentes en otras ciudades del país. Hubo quema de basura y escaramuzas con los cuerpos de seguridad, pero más pronto que tarde el plan languideció.
En 2014 volvieron a intentarlo con mayor virulencia. Fue el tiempo de “la Salida”, con ataques contra la sede del Ministerio Público y otras acciones similares. Por varias semanas se extendieron los disturbios en las mismas zonas de clase media antes referidas. Se inauguró el uso de terribles “armas” como las guayas destinadas a degollar motorizados en las zonas tomadas por los guarimberos.
En 2017 se produjo la tercera y más brutal ola de acciones terroristas. Cuatro meses de constantes brotes de violencia, linchamientos (incluyendo quema de personas vivas), cierre de calles, avenidas y autopistas; y asedio a instalaciones militares y de seguridad.
Ninguna de esas tentativas logró germinar en las zonas populares de las grandes ciudades venezolanas, por más que sus promotores lo intentaran. El afán de generar un nuevo Sacudón ha quedado restringido a los enclaves opositores por excelencia.
Bloqueo y medidas coercitivas
para causar la rebelión
Si alguien tiene dudas acerca del sueño húmedo de la oposición (y de sus jefes estadounidenses) con un 27F al revés, es decir, a favor del retorno del neoliberalismo, remítase a las declaraciones de voceros gringos como el abominable exembajador William Brownfield; en las que afirma que la idea del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales es llevar al pueblo a una situación de sufrimiento tal que derive en un alzamiento contra el gobierno.
Los momentos extremos de este plan terrorífico ocurrieron durante los apagones de 2019, cuando se llevó al límite la resistencia de los sectores populares, ya atormentados por la escasez de alimentos y los altos precios.
Sin embargo, las masas torturadas por ese clima insoportable tuvieron los arrestos necesarios para responder a sus liderazgos locales y canalizar las respuestas a través de sus mecanismos de organización. No hubo, tampoco en esos difíciles tiempos, el estallido social deseado por la derecha irresponsable.
La apelación a la delincuencia común
En varias ocasiones, el disparo de un nuevo Caracazo se ha intentado mediante la alianza de las fuerzas políticas más reaccionarias con los grupos de la delincuencia común que ostentan control territorial de algunas zonas populares y probado poder de fuego.
Ese agavillamiento ya fue evidente durante las guarimbas de 2017, ejecutadas en buena parte por delincuentes comunes pertenecientes bandas y megabandas. Después tuvo una expresión clarísima, en 2020, cuando organizaciones estructuradas con fines criminales protagonizaron actividades de distracción en Petare, horas antes de la fallida operación Gedeón.
En 2021, la ultraderecha asociada con los pranes de la zona metropolitana planeó la “Fiesta de Caracas” para empañar las celebraciones del bicentenario de la Batalla de Carabobo.
En 2022 se repitió el cuadro en la zona de Tejerías, obligando a una operación a gran escala de los cuerpos de seguridad.
La idea recurrente ha sido provocar situaciones de violencia en las barriadas populares que puedan ser presentadas ante el mundo como una versión renovada del Sacudón, para sostener la tesis del Estado fallido y legitimar una intervención extranjera.
A 34 años del Caracazo, la derecha sigue diciendo que aquello fue pura violencia delictiva, pero continúa buscando la fórmula para que se repita.
