La impunidad de un imperio decadente
Deportación a un país-cárcel: violaciones de los derechos humanos más elementales
Estados Unidos y sus lacayos siguen escribiendo páginas nuevas en la Antología de las violaciones a los derechos humanos, cometidas siempre —y para mayor infamia— en nombre de la democracia y la libertad. El imperio en decadencia aumenta la violencia para mantener su hegemonía y apuesta por la impunidad de sus actos.
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En esa lista de abominables innovaciones debe incluirse la nueva política de deportar a venezolanos a un tercer país, para ser privados de libertad en cárceles que esa nación había destinado a sus peores delincuentes.
Con tal acción, EE.UU. y su cómplice, el gobierno de El Salvador (actuando como un país-cárcel), pisotea los derechos más elementales de cualquier persona y aniquila el andamiaje jurídico internacional.
Hasta donde se sabe, los inmigrantes fueron detenidos sin derecho a la defensa ni debido proceso. No están acusados de nada en concreto, no hay un expediente que justifique su prisión ni mucho menos ser enviados a un tercer país para que se les trate como criminales irrecuperables.
La acusación genérica de que pertenecen al Tren de Aragua no es más que una patraña propagandística sin sustento jurídico alguno. La mejor demostración de esa ausencia de apoyo legal es que se haya recurrido a una ley del siglo XVIII para ejecutar tales actos.
Reacciones de una clase política depravada
Si las medidas perpetradas por el gobierno de Donald Trump son merecedoras del repudio internacional, ¿qué puede decirse de la ruin, abyecta, miserable, vil, despreciable y deshonrosa reacción de ciertos elementos de la oposición venezolana?
Hace falta un arsenal de sinónimos para calificar a estos personajes que son tan o más culpables que Trump y sus colaboradores, pues con sus opiniones y peticiones legitiman las agresiones sufridas por sus propios connacionales (no se puede hablar de compatriotas para referirse a políticos tan degenerados).
Para comprender lo retorcida y aviesa que es la conducta de estas personas debe tenerse en cuenta que fueron sus grupos políticos y mediáticos los que instigaron a decenas de miles de venezolanos a marcharse del país, tras lo cual no sólo los abandonaron a su suerte, sino que también se dedicaron a crear matrices de opinión para hacerlos ver como peligrosos delincuentes o como una enfermedad contagiosa.
Esa misma clase política depravada se lucró con la ola migratoria, alimentándose del negocio de los refugiados y convirtiéndose en “coyotes” para sacar provecho a cada migrante que ingresara ilegalmente a EE.UU.
Fueron esos políticos, editores, periodistas e influenciadores los que cocinaron la narrativa del Tren de Aragua, que ahora es utilizada por las autoridades estadounidenses para cometer toda clase de tropelías, sin siquiera elaborar una causa judicial contra los venezolanos así estigmatizados.
Para complementar su malintencionada y traidora maquinación, ahora aplauden las írritas deportaciones a Guantánamo y a El Salvador y las reivindican como un logro personal o de sus organizaciones políticas.
Respuesta casi unánime del país
En contraposición al bastardo proceder de estos dirigentes, la respuesta del resto del país ha sido casi unánime. Y es natural que así sea porque muchos de los militantes de los partidos y movimientos que encabezan esos líderes tienen a familiares y amigos en EE.UU. y saben que, incluso teniendo su documentación en regla, están experimentando el terror de ser metidos en el saco de los deportables y tratados como escoria.
Ya se han presentado denuncias acerca de ciudadanos que se encontraban en EE.UU. incluso desde antes de las recientes olas migratorias, que tenían trabajo, cuentas bancarias y propiedades en ese país y han sido atropellados por igual, bajo la genérica acusación de ser criminales peligrosos.
La gran mayoría del pueblo venezolano (incluyendo a los opositores más radicales) han repudiado las acciones represivas de Trump y también rechazan las actitudes celebratorias de gente como María Corina Machado, Juan Guaidó, Antonio Ledezma y otros de la misma laya. En su empeño por alinearse con EE.UU., estos dirigentes pisaron un terreno muy riesgoso para sus aspiraciones políticas.
El Estado venezolano ratifica su compromiso
Mientras la canalla política y mediática festeja lo que está pasando con los venezolanos deportados y secuestrados, las instituciones del Estado han ratificado su compromiso con el rescate de estos compatriotas.
El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado enérgico a Nayib Bukele para que se le ponga fin a esta enorme arbitrariedad. Asimismo, ha declarado que realizará todas las gestiones que estén a su alcance para restablecer la vigencia del derecho internacional, vulnerado en forma extrema ante los ojos de la misma comunidad global que jura defenderlos.
Los otros poderes públicos están en sintonía con esta determinación presidencial y, más allá de ellos, diversas organizaciones de derechos humanos y del campo civil.
Fuera del país también comienza a expresarse la solidaridad ante la que ya se califica como uno de los peores atropellos jamás cometidos contra personas individuales y contra un grupo específico de migrantes. Organizaciones de todo el mundo, incluyendo de los mismos EE.UU., han advertido que con la detención y deportación a un tercer país, donde son sometidos a tratos crueles propios de los peores campos de concentración de la historia, han quedado pocos artículos sin violar, tanto de leyes internas como de normas internacionales.
