Bloqueos y piratas de ayer y hoy
A veces silenciosa, oscura, soterrada; en otros momentos estruendosa, como un choque de trenes. Así ha sido la lucha entre el dueño de la tierra, la República, y los factores extranjeros propietarios del capital y sus aliados criollos, en el negocio petrolero en Venezuela.
Este combate de factores que intentan imponerse uno sobre el otro, tiene su expresión en cómo se distribuye la renta originada por la explotación de los hidrocarburos y obviamente, también en sus efectos políticos y sociales.
Cuando la oligarquía disfruta de la mayor parte del pastel, la democracia es perfecta. No surgen quejas si no se le ponen peros (tanto en sus prácticas operativas como a la hora de revisar cuentas) a las transnacionales; y menos aun cuando el grueso de los fondos originados por el negocio se escapa hacia el exterior.
Pero si surge un elemento inesperado, estalla el pánico en los centros de poder y se disparan acontecimientos ya conocidos en el país desde las primeras apariciones de las compañías inglesas y estadounidenses.
La guerra, el bloqueo, y el posterior exilio del general Cipriano Castro (primera década del siglo XX), el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos en 1948 y el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra del presidente Hugo Chávez, son apenas algunas muestras de la violenta y terrible reacción a la que pueden llegar los dueños del capital para avasallar a los propietarios de la tierra, es decir, del recurso natural.
En esta eterna tensión están en juego hoy día las mayores reservas de hidrocarburos probadas y certificadas del planeta: 303.805.745 millones de barriles, riqueza existente bajo el subsuelo venezolano para disgusto de Washington, Bogotá, Toronto, Madrid y pare usted de contar.
La práctica negativa de la utilización de los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo, que es el rentismo, por ejemplo, sirvió para financiar por décadas y décadas – no solamente durante los años del Pacto de Punto Fijo–, la conformación de una clase empresarial acostumbrada a hacer negocios con dinero barato proporcionado por el Estado en forma de financiamientos muchas veces nunca pagados. Así sucedió con los recursos que se quedaban momentáneamente en el país.
Sin embargo, debe señalarse que la mayor porción de los dólares originados por la extracción de petróleo siempre fue a parar a las arcas de las grandes transnacionales que dominaron el negocio de los hidrocarburos en nuestro país, prácticamente hasta la llegada al Palacio de Miraflores del presidente Chávez.
Sirva para ilustrar este dato: Venezuela comenzó a colocar los primeros barriles en el exterior en 1922, y se convirtió en el primer país exportador de crudo en 1928. Pero la producción de ese recurso se inició en 1914 en el famoso Zumaque I. Desde 1917 hasta 1928 se sacaron de nuestro subsuelo aproximadamente 266 millones de barriles y la República solamente obtuvo ingresos que promediaron cerca de 666 mil dólares anuales, cantidad que sumó en el citado período apenas 8 millones de dólares.
Y si llevamos la mirada a un lapso mejor lejano, vemos que la situación no variaba cualitativamente en lo que respecta al comportamiento citado en el párrafo anterior, producto del andamiaje legal hecho a la medida de las compañías extranjeras. Durante los años en que se impuso el modelo neoliberal y que tuvo a la conocida “Apertura Petrolera” como expresión en el sector del crudo y el gas (1992-1999), Venezuela registró ingresos que sumaron aproximadamente 23 mil millones de dólares. En esos años uno de los modelos de negocio (las Asociaciones Estratégicas de la Faja del Orinoco) se quedaba con 53 por ciento de la renta.
Esa realidad cambió radicalmente a partir de 2002 con la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La aplicación de los cambios legales se tradujo en un aumento exponencial de los recursos financieros: más de 427 mil millones de dólares entre 2002 y 2012.
Como se señala anteriormente, eso explica muy bien las razones para que se produjeran tanto el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, como el bloqueo a la producción petrolera y gasífera entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, acción conocida como el Paro Petrolero.
El autobloqueo de 2002
En diciembre de 2002 casualmente se cumplían 100 años del asedio naval a nuestras costas y del bombardeo a los puertos de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo por naves de guerra de potencias coloniales europeas, contrarias a las posiciones nacionalistas del general Castro. A la oposición venezolana agrupada en la extinta Coordinadora Democrática se le ocurrió la brillante idea de ejecutar algo inédito hasta ese momento en la historia petrolera mundial: el autobloqueo de la producción nacional de hidrocarburos.
El sabotaje petrolero fue el as de la manga que sacó la derecha luego de quedarse sin pólvora, tras la derrota del Golpe Estado del 11 de abril de ese mismo año. Esta acción –inscrita en un nebuloso paro general que, como la Guerra de Corea, aun no ha concluido oficialmente–, fue liderada por gremios patronales tales como Fedecámaras, Consecomercio, Conindustria; por la Confederación de Trabajadores de Venezuela; partidos políticos como Acción Democrática, Copei y Primero Justicia, así como organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero, como SUMATE.
Ambos hechos, únicos en la historia de la industria petrolera, fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos (George Bush) y veladamente apoyados por gobiernos europeos como el del español José María Aznar.
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Apertura Petrolera e Internacionalización
Si la Apertura Petrolera se le vendió a los venezolanos como un paso necesario para atraer inversiones imprescindibles para el desarrollo del sector hidrocarburos en el contexto de una economía cada vez más globalizada; la Internacionalización tuvo como promesa alcanzar posiciones claves en algunas plazas importantes que integran la red mundial de comercialización de crudo.
En ambas estrategias se mintió y en ambas el Estado venezolano fue afectado negativamente, tanto en sus ingresos como en su seguridad.
El objetivo de la Apertura era la privatización gradual de Petróleos de Venezuela y el propósito de la Internacionalización era transferir recursos desde nuestro país al exterior. Este hecho, por cierto y no por casualidad, servía directamente para concretar la meta de entregarle el control de la empresa estatal a capitales privados extranjeros.
Algunos de los argumentos utilizados por las autoridades del Ministerio de Minas e Hidrocarburos (hoy Ministerio del Poder Popular para el Petróleo) y PDVSA en defensa de ambas estrategias fueron los siguientes:
• asegurar la colocación de nuestro crudo en los mercados internacionales
• generar divisas
• garantizar la posesión de refinerías adaptadas a las características de nuestro petróleo
• contar con una red de transporte, distribución y mercadeo
• reducir riesgos
El resultado de tan ambicioso proyecto dejó mucho que desear: La mayoría de las compras concretadas en países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suecia y Estados Unidos e incluso, el alquiler de la refinería de Curazao, se convirtieron en más que malos negocios.
En algunas plantas no se llegó a refinar volúmenes significativos de petróleo criollo. En otras se colocaban barriles venezolanos, pero con descuento en el precio de venta. No generaron divisas, todo lo contrario, se transformaron en una especie de aspiradoras de recursos financieros que Venezuela transfería año tras año, aun cuando su economía estuviese al borde del colapso. Es decir, se importaban altos costos operativos de estos activos del extranjero y se exportaban capitales. Se mantenían empleos foráneos y se perdían en la nación.
Robo de Citgo
Ahora bien, un tema que pudiera describirse como daño colateral es el que se sufrió como consecuencia del acto de piratería estadounidense mediante el cual la Casa Blanca de Donald Trump se hizo con los activos de Citgo Petroleum Corporation para lanzarla a los buitres del capital financiero.
Este despojo propiciado, avalado y celebrado por traidores a la patria, como Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo López (solo por mencionar algunos de los hampones más destacados), no es más que una de las secuelas de la estrategia de la Internacionalización Petrolera iniciada a comienzos de la década de los años 80, durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, con la compra de la Veba Oel en Alemania.
Con el pasar de los años los activos de PDVSA en el exterior se convirtieron en una especie de rehenes de los grandes países consumidores de energía en los que estaban localizados.
Cualquier decisión soberana tomada por Caracas, como por ejemplo, la reforma de una ley, el incremento de la tasa de regalía, o el ajuste de cuotas de producción acordada en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se convertía en una posibilidad de retaliación de parte de los centros de poder, riesgo que fue aumentando progresivamente hasta llegar al secuestro de la filial estadounidense de nuestra empresa estatal, gracias a la complicidad de la dirigencia de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
Lo que ha hecho la banda de Juan Guaidó es apropiarse de algunas migajas y entregarle la parte del león (empresas, cuentas bancarias, lingotes de oro y demás bienes) al tesoro de Estados Unidos, a la banca de Inglaterra y Portugal y a su compinche, Iván Duque.
Por: Alfredo Carquez Saavedra
