Por: Aldemaro Barrios Romero
Esta parece ser la política de relación entre la transnacional petrolera norteamericana y el Gobierno de Guyana por el contenido de la reciente Ley de Prevención, Preparación, Respuesta y Responsabilidad por la Contaminación por Petróleo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y ahora espera la ratificación del ejecutivo, que no hay dudas, será aprobada por el presidente Irfan Alí, notable benefactor de los intereses de la Exxon en la región en detrimento de los intereses del pueblo guyanés y de los pueblos del sur global.
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Lo primero a indicar es el antecedente de las lastimosas regalías que recibe Guyana por parte del consorcio petrolero, que alcanza el 2% de la extracción petrolera, mucho de ello en la plataforma marítima en litigio, cuando Venezuela estableció por ley un 10% de regalías.
La segunda consideración está determinada por los evidentes indicios de corrupción que involucran al vicepresidente Barrat Jagde y al mismo Irfan Ali en la facilitación de concesiones petroleras y mineras a transnacionales que fueron revelados a finales de 2024 cuando una alta funcionaria, muy cercana a ambos mandatarios, fue sancionada por acto de corrupción por el Departamento de Estado en 2024.
La más reciente aprobación de la “Ley de Prevención, Preparación, Respuesta y Responsabilidad por la Contaminación por Petróleo”, es cuestionada por cuanto en ella se prevén irregularidades como las señaladas por el abogado Christopher Ram, en la que señala vicios de orden estructural, por cuanto a las compañías petroleras matrices se les exime de pagar por daños ambientales: «una indemnización o cualquier acuerdo similar será inválido a efectos de transferir la responsabilidad de una parte responsable en virtud de esta Ley». Esto significa que la empresa operadora o la «parte responsable» “deberá pagar los costos asociados a un derrame, en lugar de transferir esa responsabilidad a su empresa matriz.” Señaló Ram, con esta cláusula la Exxon quedaría exenta de cualquier penalidad y la deriva en terceros operadores locales.
Otra cláusula extravagante contenida en la mencionada ley señala: «todo hombre, mujer y niño de Guyana deben adoptar una mentalidad petrolera». Es decir, que los principios patrióticos nacionales se desplazan a una simbología extractiva como actitudes, comportamiento y valores determinados por la dependencia del petróleo.
La ley finalmente prevé la creación de la “Comisión de Defensa Civil (como «Autoridad Nacional Competente»), su Junta Directiva de seis miembros, un Comité Nacional de Derrames de Petróleo con más de 20 representantes de agencias, Juntas de Investigación ad hoc sobre Incidentes de Derrames de Petróleo y un Centro Nacional de Operaciones de Emergencia». Es decir que la mayoría de votos de dicha Comisión la ostentan las agencias operadoras, responsables de “velar por los intereses del pueblo guyanés”, con toda razón podemos decir, sin dudas, que es una Ley elaborada en la Consultoría Jurídica de la Exxon.
