Al grito de «¡Libertad o muerte!», los negros de Haití derrotaron a las tropas de Napoleón Bonaparte formando la primera república de esclavos libres, el 1 de enero de 1804. La primera república verdaderamente libre de las Américas. Estados Unidos, que había declarado su independencia de Inglaterra en 1776; de hecho mantenía en la esclavitud a medio millón de personas, obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón y tabaco, consideradas inferiores por el color de su piel incluso por quienes, como Thomas Jefferson ─autor de la declaración de independencia, impactado por los principios de la Ilustración, pero también dueño de esclavos─ defendía la igualdad formal, pero decía que los negros habían sido, eran y siempre serían inferiores.
Y desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, nacida de la Revolución Francesa de 1789, habían quedado fuera los derechos de los negros encadenados. Los intereses coloniales basados en el tráfico de seres humanos eran gigantescos. La esclavitud, abolida por primera vez en Francia en 1794, fue reinstaurada por Napoleón en 1802. Desde 1804, Haití, que ayudó a Simón Bolívar en su causa independentista, se convertirá en un estímulo para otras revueltas de esclavos en el Caribe y en los Estados Unidos.
Francia y las demás potencias coloniales intentaron limitar «el contagio». París impuso un durísimo bloqueo naval, obligando a la joven nación caribeña a firmar una indemnización equivalente a 150 millones de francos en oro, en 1825. Entre los «costos» a compensar, figuraba el de los esclavos muertos, que había provocado una pérdida para sus «propietarios». Esa gigantesca carga, gravada por los intereses pagaderos, primero a los bancos privados franceses, luego a los Estados Unidos, marcó el desarrollo económico de la isla, junto con las sucesivas ocupaciones militares: como la invasión norteamericana de 1915, que se prolongó hasta 1934. Pero, ya en 1914, las tropas estadounidenses se habían apoderado de los fondos públicos del banco nacional y los habían transferido a los Estados Unidos, en un verdadero acto de piratería internacional, a pesar de las protestas populares.
Durante la ocupación, que se enfrentó a una resistencia armada, en 1918 Estados Unidos impuso una nueva constitución y también se introdujo el trabajo forzoso. Con la salida de las tropas norteamericanas no terminó la dependencia económica de la isla, sacudida por los choques de intereses que determinarían sus crisis políticas, y multiplicarían los efectos de las numerosas tragedias acaecidas desde entonces: desde terremotos a epidemias de cólera. “La historia de la persecución contra Haití, que hoy se tiñe de tragedia ─escribió Galeano─ es también una historia del racismo en la civilización occidental”.
La constitución de Haití, suspendida durante unos años y reinstalada en 1994, siguiendo el modelo de la estadounidense y la francesa prevé una república presidencial con un presidente elegido por sufragio universal para un mandato de 5 años, sin posibilidad de reelección una segunda o tercera vez. El presidente nombra al primer ministro y su gobierno debe responder ante la Asamblea Nacional, integrada por 99 diputados, también elegidos por sufragio universal, mientras que el Senado ─que se renueva por un tercio cada dos años─ tiene 30 senadores.
Hoy, para representar lo que queda de una institución destrozada, en Haití solo hay 10 senadores elegidos por las urnas, y el presidente de la cámara alta, Joseph Lambért. Sus asignaciones expiraron el 9 de enero. Los mandatos de los otros 20 expiraron antes, mientras que las elecciones se han pospuesto continuamente. El expresidente Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021 por mercenarios colombianos registrados en Estados Unidos, él mismo ya con su cargo vencido, fue reemplazado por el primer ministro Ariel Henry, a quien había designado dos días antes.
Un presidente «de facto», legitimado no por las urnas, sino por el Core Group, sector designado por Naciones Unidas, integrado por los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, el Representante Especial de la Organización de los Estados Americanos y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas.
El país es presa de las bandas armadas, que chocan por intereses interpuestos con armas de guerra suministradas por EE.UU. y que, hasta hace poco, habían bloqueado el puerto de la capital, impidiendo el acceso al combustible (ya a precios prohibitivos), y haciendo estallar aún más el desabastecimiento de servicios ante el regreso del cólera. En octubre pasado, Henry no encontró nada mejor que pedir una fuerza de intervención externa. Por ahora, solo Canadá ha enviado un equipo, pero, junto con Estados Unidos, ha sancionado a representantes haitianos de alto rango. Entre ellos, el expresidente Michel Martelly, dos exprimeros ministros, algunos empresarios y el presidente del Senado, acusado de narcotráfico que, el domingo, sobrevivió a un intento de asesinato.
Al igual que el año pasado, celebrando el día de la Independencia, Henry prometió convocar a elecciones, pero, agregó, “en seguridad”. Por ello, dado que el ejército en el país fue disuelto en 1995 y que es la policía, en particular la unidad de intervención especial, la que garantiza la defensa, esta debe ser “asesorada” por las fuerzas internacionales. Una estratagema para ser reconfirmado en el poder por sus protectores, dicen los enfurecidos manifestantes, que continúan exigiendo la destitución de Henry.
