Un somero repaso sobre cómo Venezuela se erige en ejemplo de resistencia ante el injerencismo y la arrogancia de Estados Unidos y sus satélites y lacayos
Una revisión general del reciente acontecer político de América Latina y otras regiones del Sur Global, muestra que Estados Unidos, sus satélites y lacayos; han usado con bastante éxito las diferentes opciones de su recetario de golpes de Estado y “cambios de régimen”. Pero ninguna de ellas les ha dado los mismos resultados en Venezuela.
Concluye el año 2022, con dos ejemplos más de la efectividad del imperialismo para sacar del camino a los líderes políticos de izquierda o, incluso, moderadamente progresistas de otras naciones; con la finalidad de instaurar gobiernos obsecuentes: el derrocamiento de Pedro Castillo en Perú y la condena e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández en Argentina.
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Comenzando por estos dos hechos, es posible hacer la comparación y apreciar la importancia que ha tenido la resistencia venezolana en este contexto. Veamos:
Perú y la doctrina del 11 y el 13
La maniobra contra Castillo fue inicialmente exitosa; aunque luego de algunas horas han surgido movimientos de restauración con amplio apoyo popular.
La caída del inexperto político surgido del interior del país, fue el típico producto de la confabulación de la terrible prensa peruana (mascarón de proa de la rancia oligarquía del país andino) con una oposición minoritaria; pero extremadamente mañosa, maniobrera y delictiva que medra en el infame Congreso.
Preservando las enormes diferencias entre el liderazgo de uno y otro, puede afirmarse que esta maquinación fue parecida a la que se forjó contra Hugo Chávez a finales de 2001, que tuvo su desenlace en el derrocamiento del 11 de abril de 2002.
Hasta ese entonces (veinte años atrás) ninguno de los muchos golpes de Estado patrocinados por Washington en países de América Latina se había revertido. Una vez que la derecha política o unos militares gorilas tomaban el poder en esta región, no había manera de sacarlos hasta después de muchos años, cuando los excesos criminales contra los derechos humanos y la galopante corrupción hacía insostenible al gobierno tutelado por Estados Unidos. Solo entonces accedían a cambiarlo, ya fuera derrocándolo también o mediante uno de esos procesos de transición, con garantías de impunidad para los jerarcas de las dictaduras.
El caso de abril de 2002 no solo fue sorprendente porque se haya revertido un golpe “made in USA”, sino también porque esto ocurrió en apenas 47 trepidantes horas, con notable participación del pueblo civil y militar.
En Perú, las fuerzas reaccionarias que sacaron del poder a Castillo estaban tan seguras de que algo así no ocurriría que la persona juramentada como presidenta, Dina Boluarte, se atrevió a afirmar que permanecería en el cargo durante el resto del período presidencial. La pérfida maquinaria mediática (la peruana y la global de derecha) aplaudió lo ocurrido, tal como pasó acá el 12 de abril de 2002.
Pero tal parece que el modelo que hizo aguas en Venezuela hace dos décadas quedó averiado. Los pueblos aprendieron que ese tipo de estratagemas solo funcionan si se mantienen pasivos. Si se activan contra las medidas antipopulares decididas en conciliábulos, puede ocurrir el rebote, una idea expresada en la consigna venezolana “cada 11 tiene su 13”.
La respuesta del Perú profundo ha sido notable, independientemente del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos días. El gobierno impuesto de Boluarte ya perdió hasta la poca legitimidad que pudo tener.
En este punto podemos recordar lo ocurrido en Bolivia entre 2019 y 2020. En el altiplano, tuvo total éxito la conjura de la ultraderecha local con Estados Unidos y el nefasto Luis Almagro, capo de la Organización de Estados Americanos. Sacaron del poder a Evo Morales, un presidente legítimo, que aún no había terminado su mandato y que, adicionalmente, acababa de ser reelecto. Entró a gobernar una claque de supremacistas raciales y fanáticos religiosos que no dudaron en masacrar al pueblo indígena y campesino en las protestas contra el golpe de Estado.
A pesar de que lograron establecer el gobierno de facto, este no logró estabilizarse de manera permanente y antes de un año había sido también revertido, a través de nuevas elecciones que solo fueron posibles gracias a la presión popular de calle.
En cambio, la falta de una contundente respuesta de masas fue la clave del éxito de operaciones similares desarrolladas en Honduras, Paraguay, e incluso en Brasil; cuando expulsaron de la presidencia a Dilma Rousseff, y luego cuando metieron en la cárcel a Luiz Inácio Lula Da Silva; para impedir que ganara las elecciones de 2018.
Argentina y los poderes judiciales paralelos
En lo referente a Cristina Fernández, está claro que la maniobra contra ella, candidata favorita para las presidenciales de 2023, ha sido perpetrada debido a la penetración del Poder Judicial por el sector de la derecha argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se trata de otra modalidad de “cambio de régimen” que ha sido intentada contra Venezuela desde el principio del proceso revolucionario, y de manera muy intensa en el tiempo en que la oposición logró tener el control de la Asamblea Nacional.
Los esfuerzos han ido en dos sentidos. El primero apuntó a tomar el control del sistema judicial, lo que creyeron lograr con la traición de la fiscal general Luisa Ortega Díaz en 2017. Luego, ya en 2019, se impusieron la tarea de crear un Poder Judicial paralelo que, tan pronto pudiera, tomaría las decisiones necesarias para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Esta tentativa fracasó, a pesar de que Estados Unidos, sus aliados y la maquinaria mediática global intentaron darle gran proyección al supuesto ─y muy insustancial─ Tribunal Supremo en el exilio.
En la defensa de la institucionalidad fue clave la gestión de la Sala Constitucional del TSJ, que ejerció su rol de árbitro en los conflictos entre poderes públicos, el pan de cada día en ese tiempo, dada la postura de total rebelión de la Asamblea Nacional con mayoría opositora.
En Argentina, bajo el engaño de la separación de poderes, se ha establecido lo que algunos analistas llaman una “dictadura judicial”, que actúa en concierto con los medios de comunicación controlados por los sectores más poderosos del capitalismo doméstico. De ese modo logran forjar procesos tribunalicios contra los líderes de la izquierda, del mismo modo que lo hicieron antes en Brasil y Ecuador.
Frente a eso, la Revolución venezolana ha sido firme. Soportando el muy hipócrita qué dirán de Washington, la Unión Europea y la derecha latinoamericana, ha realizado los ajustes constitucionales y legales necesarios para garantizar que una pandilla de jueces comprados no puedan atentar contra la estabilidad del gobierno. Desde la distancia, tal parece que el gobierno de Alberto Fernández no ha sido capaz de hacer algo análogo. Sin caer en el análisis predictivo, lo más seguro es que más pronto que tarde se arrepienta de su pasividad.
Algunas diferencias sustanciales
Al analizar las razones por las cuales los mecanismos de derrocamiento han tenido éxito en otros países y no en Venezuela, surgen varias para la discusión.
El apoyo y la organización popular. Las tramoyas del imperialismo y sus aliados han tropezado reiteradamente con un pueblo que muestra altos niveles de conciencia y que ha sabido organizarse para resistir. Un ejemplo de ello es la respuesta a la guerra económica interna y a las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo externo, que causaron un estrangulamiento económico y graves deficiencias en el abastecimiento de productos de primera necesidad, así como hiperinflación. El gobierno y la población respondieron con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y con diversas expresiones de solidaridad y trabajo colectivo.
El liderazgo. Esa organización ha ido de la mano de los líderes de la Revolución, con el comandante Hugo Chávez a la cabeza y con el presidente Nicolás Maduro asumiendo el reto en una época crítica, cuando todos los demonios fueron desatados. El formato de liderazgo de Chávez, que Maduro ha seguido, tiene un fuerte componente internacional, lo que ha permitido que el proceso político venezolano tenga una defensa directa de sus protagonistas en la arena global.
El factor cívico-militar. Las acciones golpistas de Estados Unidos y sus compinches habrían cristalizado sin mayores problemas de haberse mantenido la estructura militar de la IV República, basada en una aparente no deliberancia de las Fuerzas Armadas que escondía un severo control político del duopolio partidista de ese tiempo (Acción Democrática y Copei). Chávez, conocedor desde adentro de esa realidad, logró desmontarla, renovarla con la noción de la alianza cívico-militar y, tras los eventos del 11A y de la plaza Altamira, realizó las purgas necesarias para evitar nuevos incidentes. Maduro heredó esa estructura, y, pese a no ser militar, ha logrado preservar la estabilidad interna de este factor fundamental de la política.
Incompetencia de las oposiciones. Cuando se estudia por qué las conspiraciones imperiales han conseguido sus objetivos en esos otros países y no en Venezuela, no se puede dejar de considerar el punto de la escasa aptitud de los actores de la oposición. Son varias las situaciones en las que han tenido casi todas las condiciones a favor y, a pesar de ello, han fallado. El 11 de abril fue un caso palmario. Lo ocurrido en 2019, luego de la autoproclamación, también lo fue.
La derrota de la maquinaria mediática. La resistencia venezolana a los caprichosos designios de Estados Unidos ha implicado una de las más cruentas y largas guerras mediáticas de este siglo.
La victoria efímera del golpismo en abril de 2002 fue, en buena medida, consecuencia del formidable poder que tenía entonces la maquinaria mediática antirrevolucionaria. Esa fuerza siguió manifestándose durante varios años, con acciones como el circo de Altamira; el paro-sabotaje petrolero y patronal; el episodio de los paramilitares de la finca Daktari; las infundadas denuncias de fraude electoral en el referendo de 2004; y el boicot a las elecciones parlamentarias de 2005. Pero la Revolución fue ganando pequeñas batallas de la conflagración comunicacional y logró un cierto equilibrio hacia finales de la primera década del siglo. En el segundo decenio hubo otros triunfos parciales que, aunados al desprestigio de los grandes medios, han menoscabado el otrora omnímodo poder mediático. Bajo esa nueva realidad, ni siquiera todo el arsenal propagandístico del capitalismo hegemónico logró imponer la ficción del gobierno interino, de la crisis humanitaria, de la crisis migratoria o de los crímenes de lesa humanidad atribuidos a una tiranía sangrienta.
Lo que viene
Al margen de lo que ocurra en Perú a corto o mediano plazo, un hecho cierto es que los contragolpes venezolanos se han perfilado como pruebas reales de que los dictámenes imperiales de la camarilla que gobierna Estados Unidos no son ineludibles.
El país ha sobrevivido al bloqueo, las extorsiones, los chantajes, sabotajes eléctricos, imposición de falsos gobiernos encargados, ataques a la moneda nacional, intentos de magnicidio, intentos de invasión armada, hiperinflación, desabastecimiento, violencia callejera, persecución judicial internacional, campañas para incentivar la migración descontrolada, robo de empresas, dinero y oro del Estado, todo ello acompañado de las más atorrantes campañas mediáticas. Y esa supervivencia es un logro gigantesco, una ruta por la que estamos obligados a continuar en 2023 y un camino a seguir para otros pueblos acoquinados por la arrogancia imperial. En eso se nos va la vida.
