La Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo este martes un debate en torno a la denominada “Ley por Palestina y la Humanidad”, una iniciativa legislativa presentada en solidaridad con el pueblo de Gaza y que cuestiona abiertamente la legitimidad y utilidad de la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante la sesión, diputados defendieron la propuesta como un acto de “desvinculación crítica” de un organismo internacional que, en su visión, ha demostrado “selectividad e injusticia” en sus procedimientos.
La ley, según lo expuesto en el hemiciclo, busca establecer un “marco jurídico de protección y solidaridad” con Palestina, al tiempo que refleja el “rechazo histórico” de Venezuela a lo que califican como “instrumentos de dominación neocolonial”. Los legisladores argumentaron que la CPI ha ignorado violaciones graves de derechos humanos en Gaza mientras mantiene una actitud, a su juicio, “hostil y politizada” hacia países soberanos como Venezuela.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Sectores aliados al gobierno celebraron la iniciativa como una “declaración de soberanía” y una respuesta a la “impunidad internacional”.
Por su parte, representantes de la oposición no participaron activamente en el debate, aunque en declaraciones previas han manifestado su preocupación por el “aislamiento internacional” que, en su opinión, podría acentuarse con medidas de este tipo.
Contexto internacional
Venezuela, bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha mantenido una postura crítica hacia la CPI, especialmente después de que la Fiscalía de ese organismo abriera en 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. La nueva ley parece ser una respuesta institucional a ese proceso, alineada con el discurso oficial de denuncia contra lo que llama “doble rasero” del sistema de justicia internacional.
La Asamblea Nacional, tiene previsto llevar la ley a votación en los próximos días. De ser aprobada, se convertiría en uno de los instrumentos legales más emblemáticos de la política exterior venezolana en materia de derechos humanos y autodeterminación.
Hasta el momento, la Corte Penal Internacional no ha emitido comentarios sobre el debate legislativo venezolano.
