La Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, recibió a una delegación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). El encuentro permitió propiciar un intercambio de perspectivas sobre diversas situaciones que demandan atención prioritaria y explorar mecanismos conjuntos de cooperación para brindar respuestas efectivas a las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
Durante la reunión, la máxima autoridad defensorial subrayó la relevancia de preservar la capacidad de diálogo institucional con los distintos sectores de la sociedad, aun cuando existan divergencias de criterio sobre determinados temas.
“Las instituciones también necesitan escuchar, contrastar información y fortalecer sus capacidades. La eficacia de la Defensoría no debe medirse por el número de conflictos que genera, sino por su capacidad para contribuir a mejorar concretamente la vida de las personas”, afirmó González Lobato.
Este acercamiento con Provea se integra a una serie de encuentros que la Defensoría del Pueblo ha venido desarrollando activamente con diversas organizaciones e instancias de protección de derechos humanos, tales como Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), agencias y mecanismos de las Naciones Unidas, así como organizaciones locales de amplia trayectoria como Cecodap, REDHNNA y Acción Solidaria.
Estos espacios de trabajo conjunto facilitan la identificación de problemáticas, el procesamiento de propuestas y el contraste de diagnósticos, permitiendo optimizar la actuación defensorial en la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales.
En representación de la organización no gubernamental participaron el coordinador general, Óscar Murillo, y el coordinador de exigibilidad, Marino Alvarado. Durante la sesión, los voceros entregaron un conjunto de peticiones en materia de derechos humanos y expresaron su disposición a aportar su experiencia técnica en áreas específicas, con especial énfasis en la situación de las poblaciones indígenas de las zonas fronterizas del país.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió los planteamientos formulados y acordó evaluarlos dentro del marco estricto de sus competencias legales, manteniendo canales dinámicos de seguimiento que permitan encauzar las preocupaciones ciudadanas en actuaciones institucionales concretas.
Con estas acciones, la Defensoría consolida una relación abierta y fluida con las organizaciones sociales, preservando en todo momento su autonomía constitucional y su rol articulador para garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos.
