La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos en aguas internacionales.
El Gobierno venezolano califica este grave hecho como un acto de piratería contemporánea que constituye una violación flagrante del Derecho Internacional. En particular, infringe el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y los principios fundamentales de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.
«Este criminal proceder representa una escalada peligrosa de las medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa contra la soberanía y la economía de Venezuela», señaló el Comunicado Oficial del Ejecutivo Nacional. Se subrayó que el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos a través de estas prácticas ilegales está condenado al fracaso y será derrotado por la dignidad y la resistencia del pueblo venezolano.
La República Bolivariana de Venezuela reafirma que estos actos no quedarán impunes. Ejercerá todas las acciones diplomáticas y jurídicas correspondientes, incluyendo la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo.
«El Derecho Internacional se impondrá. Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia», enfatizó la comunicación oficial.
Finalmente, Venezuela ratifica su determinación de seguir adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores productivos y el desarrollo soberano e independiente de su industria de hidrocarburos, ante cualquier intento de desestabilización o agresión externa.
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