Por: Luis Britto García
Incumplimiento de planes administrativos, corrupción e impunidad son problemas reales que pueden ser combatidos con normas constitucionales. Veamos cómo.
1.-PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y METAS ESPECÍFICAS.
La antigua Ley Orgánica de la Hacienda Nacional preveía la especialización cualitativa del gasto público por “objeto del gasto”, vale decir, por destinos específicos de la erogación (por ejemplo: personal, adquisiciones de activos, alquileres y otros). Este sistema fue sustituido por el llamado “Presupuesto por Programas”, que asigna los gastos por objetivos a cumplir. Sin embargo, el proceso de especificación de esos objetivos, y sobre todo la determinación de los efectos en caso de no cumplimiento de las metas y objetivos y previstos quedaron sin culminar. Es indispensable la instauración de una norma constitucional que obligue a especificar detalladamente en el Presupuesto las metas y objetivos a ser cumplidos, y la responsabilidad civil, administrativa y en algunos casos penal de los administradores que efectúen las erogaciones sin obtener injustificadamente los resultados previstos.
2.-CONTROL PREVIO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Hasta 1977, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional de la época establecía un Control Previo de la ejecución presupuestaria, vale decir, una verificación anterior a la ordenación del gasto en el sentido de que existía la partida presupuestaria y de que la erogación se realizaba para cancelar una contraprestación o derecho efectivamente existentes. A partir de esa fecha, las nuevas Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dejaron sin efecto tal control, abriendo la posibilidad de que las metas y objetivos de la Planificación incorporadas al Presupuesto fueran ignoradas, y de que se realizaran gastos para finalidades distintas de las planificadas. Dichos controles deberían ser instaurados de nuevo, en la norma constitucional, para que no sean ignorados.
3.-CONTROL POSTERIOR DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Las nuevas normas citadas asimismo permitían que el control posterior de la ejecución del Presupuesto fuera selectivo, vale decir, que se controlaran o examinaran solo algunas muestras de la ejecución y de las cuentas rendidas sobre éstas, quedando las mismas legitimadas si no se efectuaban reparos en un breve plazo. Ello abre la posibilidad de que un gran número de infracciones sean soslayadas o queden legitimadas sin ningún tipo de objeción. Procedería que la Constitución reimplantara el control integral de la ejecución, o estableciera métodos de muestreo lo suficientemente precisos como para que se convierta en insignificante la posibilidad de que pasen inadvertidas las infracciones.
4.-CONTROL INTEGRAL DEL GASTO PÚBLICO.
Debemos añadir que las normas de control de la ejecución presupuestaria se aplican con algún rigor en lo relativo a la ejecución presupuestaria de la Administración Central, pero que devienen progresivamente laxas o inexistentes a medida que se pasa a Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas del Estado, Empresas en las cuales tienen acciones los entes públicos y entes en los cuales se aplican regímenes especiales de autonomía, como algunas de las Universidades, Misiones, Consejos Comunales y otros. Ello abre la posibilidad de que el gasto público, o el de caudales que provienen del erario, se aplique en objetivos distintos de los previstos en la Planificación. Una norma constitucional debe imponer mecanismos integrales de control, aplicables tanto a la administración estatal como a la regional, a la centralizada como a la descentralizada, capaces de medir los resultados administrativos concretos y de adjudicar responsabilidades por su incumplimiento.
