La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) informó, mediante un comunicado oficial emitido este domingo, sobre un ataque deliberado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), calificándolo como un acto criminal de gran escala. La institución señaló que este ataque forma parte de una maniobra planificada cuyo objetivo era alterar críticamente la infraestructura energética del país.
Impacto en Infraestructuras Críticas
Según el reporte técnico de CORPOELEC, el ataque afectó severamente componentes clave de la red en la capital, específicamente:
· Subestaciones: Panamericana (69 kV) y Escuela Militar (4.8 kV).
· Líneas de Transmisión: Las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 (69 kV), y Junquito-Panamericana 1 y 2 (69 kV), quedaron fuera de servicio.
Avances en el Restablecimiento
Las cuadrillas técnicas de CORPOELEC han trabajado de manera ininterrumpida para normalizar el suministro. Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación total en los siguientes sectores de Caracas:
· Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito.
Actualmente, los esfuerzos se concentran en restablecer el servicio en áreas como:
· Rincón, Escuela Militar, Chaguaramos, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz.
Sectores que aún Esperan Normalización
El comunicado precisa que persisten las afectaciones en varias zonas de la capital, entre las que se encuentran:
· Eje Sur y Centro-Sur: Los Rosales, Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Cármenes, Colinas de Las Acacias, Gran Colombia, Ciudad Universitaria, Valle Abajo, Fuerte Tiuna, Cumbres de Curumo, Bello Monte, San Agustín del Sur, entre otros.
· El Valle y Coche: Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Longaray, Radio Valle, San Andrés, Nuevo Vegas, entre otros.
El Gobierno Nacional ha categorizado este evento como una agresión contra la soberanía y la estabilidad institucional de Venezuela. Asimismo, ha presentado una denuncia formal ante la comunidad internacional, fundamentada en los Convenios de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas. La posición venezolana sostiene que la privación intencional de servicios esenciales a la población civil constituye una violación del derecho internacional humanitario.
El comunicado concluye reafirmando el compromiso del Estado en garantizar el derecho a la paz y en responder a lo que califica como maniobras destinadas a desestabilizar al país.
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