Redacción LaTabla.- El conjunto de actuaciones de investigación que ha conducido a la aprehensión de cerca de una treintena de personas (entre funcionarios, empresarios/ejecutivos del sector privado y otros) en una masiva operación contra la corrupción, desde el viernes 17 de marzo, ha servido para confirmar que “cuando el río suena es porque piedras trae”.
La operación fue anunciada por la Policía Nacional Contra la Corrupción, en un comunicado de tres párrafos, donde se exponían claramente tres líneas de investigación (ejecutada por varios meses según explicaba) que condujeron a solicitar la aprehensión de un conjunto de funcionarios del Poder Judicial, directivos y altos cargos de la industria petrolera, y algunas autoridades municipales.
Para quien estuviera realizando una atenta “lectura” de acontecimientos y datos claves recientes, los resultados iniciales de la operación no constituían una sorpresa. La serie de eventos que preceden a un “desenlace” siempre revelará orígenes, causas y responsables. “Pasa en las películas, pasa en la vida.”
Tres hipótesis
1) En el sistema de justicia (aquí y en Netflix) las sentencias son (es un hecho, no una opinión) transables. Obviamente no estamos diciendo que deben venderse (como un deseo) sino que de por sí una decisión de los funcionarios del poder judicial tiene un valor concreto que (según sea el caso) será alto o muy alto. En el caso específico que motivó la actuación de investigación, la “serie de eventos y datos” es suficiente y generosa para que se pueda adoptar la hipótesis de que la decisión de permitir el juicio en libertad de un acusado por terrorismo, era inadmisible y en consecuencia fue adoptada por el juez por otro tipo de razones y motivaciones. Y lo mismo aplicaría sobre los elementos de control institucional que debieron advertir la “inconsistencia” e impedir la libertad en ese momento y no cinco o seis semanas después.
2) En la industria petrolera el proceso comercial (las compras y ventas de crudo y sus derivados) es el corazón del negocio: todas las actividades previas apuntan a obtener el mayor beneficio y en el menor tiempo posible. Un pago inmediato tendrá descuentos y hasta bonificaciones, uno con atraso o tardío tendrá recargos y penalidades. Pero en un sistema comercial el control es mucho más sencillo pues se trata de un caja en la que los pagos son equivalentes a las ventas realizadas. No se requiere mucha “inteligencia artificial” para determinar que (no hay de otra) el cajero nos estaba robando.
3) El uso criminal del territorio podría ser la manera de definir (como proceso general) la naturaleza y motivaciones de alguna alianza entre autoridades cuya potestad es ejercer el control sobre las actividades que permita el Rey, el Estado; o la sociedad permita o no realizar allí. En el caso concreto del municipio Santos Michelena, toda Venezuela sabía desde hace más de un año sobre la relación de negocios entre el alcalde Pedro Hernández y una organización informal, con capacidad de ejercer la violencia, que necesitaba usar el territorio para algunas actividades que constituyen delito. Generalmente el ejercicio de la violencia no es el objetivo primario sino que es consecuencia de la “necesidad” de proteger unidades de producción y comercialización de mercancías reguladas/controladas por el Rey/Estado.
Lo certifico
De acuerdo con lo informado de manera oficial (por el Presidente Nicolás Maduro y por el Fiscal General Tarek William Saab) se ha “certificado” la comisión de los hechos delictivos identificados y la “responsabilidad” de los principales involucrados.
La renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aissam,i (responsable político y administrativo del sector) y su oferta de aportar la información que se requiera refuerza la hipótesis inicial.
Las magnitudes y alcances, tipos penales específicos y grados de compromiso con los actos delictivos le corresponden al sistema de justicia en materia penal.
¿Cómo entender la corrupción?
La corrupción es uno de los mecanismos usados por la burguesía, el empresariado y los sectores dominantes para mantener el control sobre las decisiones del aparato del gobierno. Al no poder acceder electoralmente al poder o con el propio derrocamiento violento, surge como opción la “compra o contratación” de los funcionarios claves y operativos de los procesos fundamentales para que las decisiones a su cargo favorezcan los intereses de quienes pagan y corrompen.
La corrupción en estos episodios muestra un comportamiento industrial por su carácter profesional, masivo y sistemático. Utilizaron estructuras formales para gestionar y obtener contratos, gestionar su cobranza, movilizar y legitimar los recursos obtenidos.
Además, en paralelo y como consolidación de las prácticas corruptas y su expresión orgánica, se fueron desarrollando estructuras con características similares y muy parecidas a las de la mafia o grupos del crimen organizado, dirigidas a articular los aspectos menos “industrializables” del negocio. Esto contempla el manejo de relaciones personales, familiares y políticas, el empleo de aficiones o debilidades individuales para la extorsión, aspiraciones económicas o de poder o el interés en actividades artísticas, deportivas o recreativas para crear y fortalecer compromisos y complicidades que consolidaran y galvanizaran la organización delictiva.
