Por Norma Estela Ferreyra
Dijo Yorgos Mitralias (periodista griego) “Cuando los de arriba declaran la guerra social a los de abajo, la democracia se convierte en un lujo reservado a la oligarquía… pero también en un grito de guerra de los oprimidos”.
Más allá de esta frase tan bien formulada debo agregar que, para que se produzca tal conversión, primero se requiere que haya democracia, como tampoco puede hablarse de su decadencia cuando no existe, cuando ni siquiera ha sido escrita esa palabra, en ningún precepto constitucional. Y entonces, sólo constituye un engaño, a voces. Nuestra Carta Magna, así como tantas otras copiadas de otros países dominantes, hablan de república representativa y no de democracia, de manera que no nos confundamos. Muy diferente fue el sistema griego que, precisamente, fue el que se pretendía combatir con estas Constituciones, que rezan “ el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” Una verdadera falacia, porque Grecia pudo demostrar por más de 200 años, que el pueblo deliberaba y gobernaba, con representantes que debían hacer lo que ellos decidían.
Tenemos una Constitución, cuya parte dogmática preserva los derechos oligárquicos, o sea, de desigualdades incomprensibles, que consagró el poder del Ejército, la influencia de la Iglesia Católica, el poder de la propiedad privada para asegurar las grandes extensiones de tierras que fueron arrebatadas a los pueblos originarios, por los piratas empresarios y capitalistas de la época, que también llegan hasta nuestros días a través de sus descendientes. Todo ello explica la inserción de las fuerzas políticas que nos han gobernado desde entonces, materializadas en el clásico bipartidismo, es decir, una derecha retrógrada, autoritaria, trasnochada y una «izquierda» timorata, que bajo el pretexto de la crisis económica, no han hecho más que caminar en la misma dirección. Hay que decir que, en el desmontaje del Estado del Bienestar, se produce la privatización de los grandes sectores económicos estratégicos y las limitaciones en los derechos fundamentales y las libertades públicas. Todos somos, sin duda, mercancías de políticos y banqueros.
Así comienza el funcionamiento de los 3 Poderes, supuestamente, establecidos como independientes y soberanos, pero que se van transformando en otra cosa. El Poder Judicial, se convierte en una Dinastía Superior, ya que sus decisiones son libres y su actuación se hace perpetua en el tiempo, cuasi como una Monarquía. Sin embargo, pueden ser presionadas por los otros poderes. El Legislativo que amenaza con el Juicio Político y el Ejecutivo que presiona a los dos anteriores. Ninguno puede ser independiente. El derecho al veto del Ejecutivo, es otro engendro inconcebible. Además, los poderes republicanos no responden al pueblo sino a los partidos políticos, a que pertenecen. Otra cosa increíble: ¿No deberíamos votar a los ministros? Claro, así no nos pasaría, lo que nos sucede en la Argentina de Mauricio Macri, donde el presidente vacaciona mientras sus Ministros nos hunden en un pantano, sin resurrección.
Como dije, nuestro sistema es una república representativa, palabrita en donde radica la trampa, porque no ha sido ni república ni representativa del pueblo que vota, sino de los partidos que se ubican entre los representantes y representados. Las grandes formaciones políticas desconocen los verdaderos anclajes de una democracia real, tales como la democracia participativa, la democracia decisoria, la democracia revocatoria, o la democracia económica, por citar sólo algo. Cuando las fuerzas políticas emergentes plantean cambios constitucionales profundos, en seguida son subliminalmente ignorados por las grandes fuerzas políticas, ancladas en el búnker y la dependencia hacia los poderes económicos que las mantienen.
De la Constitución se hace hoy una sola lectura, interesada, parcial, limitada y unidimensional, conservadora y con partes rígidas, que no permiten que podamos disfrutar de un marco constitucional que avance en la consecución y el desarrollo de muchos buenos principios que se contienen en ella. Sin ir más lejos, habría que desarrollar no sólo las características para un marco de convivencia federal, o de respecto a la plurinacionalidad del Estado, sino también recoger todos los derechos humanos emergentes, y desarrollarlos mediante normativas que los consagraran y protegieran.
Ya no disfrutamos de una educación pública con prestigio, ni de una sanidad universal y gratuita, porque pretenden aniquilar el sistema público, ya que primero lo degradan, premeditadamente, no hay peor cosa, dicen, que la salud y la educación pública, luego aparece el negociado de la educación y la salud privada, que aparte de ser muy costosas, son de inferior calidad que las públicas, pero nadie lo sabe, ya que creerán en la publicidad del desprestigio, y pensarán que el dinero es para hacerlas mejor, de todo aquello que es gratis. Aniquilan el sistema de pensiones, empobreciendo gradualmente a los presentes y futuros pensionistas. Si a ello le sumamos la ausencia de redes públicas de protección social, los despidos, el paro galopante, la precarización laboral, el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, y los índices crecientes de pobreza, llegamos a la conclusión de que «lo social» es una ilusión en nuestros países. Por otra parte, la corrupción política e institucional acampa a sus anchas, constituyendo nuestra decadente realidad cotidiana. Asimismo, el Estado de Derecho deja mucho que desear, habiéndose instalado la percepción ciudadana de que la Justicia no es igual para todos, de que cada vez está más politizada, y de que las estructuras del Poder Judicial favorecen de forma descarada a los más poderosos. El Estado de Derecho se ha convertido más bien en un Estado policial y represivo, recordándonos los viejos comportamientos de épocas anteriores de nuestra historia. La criminalización de las movilizaciones ciudadanas, así como de las legítimas protestas de los sectores más desfavorecidos, están poniendo de manifiesto que la lucha de clases se ha vuelto más cruenta que nunca. Evidentemente, los moldes democráticos se resienten con todos estos factores en su contra, que son los que precisamente determinan la potencia y autenticidad de una democracia real.
Necesitamos por tanto desarrollar un nuevo Proceso Constituyente que deje atrás esta «democracia, que no lo es», que reconozca la legitimidad constituyente del pueblo. Una nueva Constitución para un nuevo proyecto de país, para una democracia verdadera, amplia, total y completa, comprometida con los intereses de la inmensa mayoría social, hoy día secuestrados por un Estado condicionado por los espurios intereses de las grandes empresas transnacionales y de los poderes financieros.
Y es que hoy, seguimos incumpliendo con total descaro leyes, convenios, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre memoria histórica, etc., y sin embargo, aquí no pasa nada. Vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia verdadera, si aún tenemos gente enterrada en fosas comunes, o a ciudadanos que aún siguen buscando su identidad o si la gente es torturada en dependencias policiales o detenida, procesada y encarcelada por defender las luchas y conquistas obreras, los derechos humanos, la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la satisfacción de sus necesidades básicas. No podrá existir democracia mientras las fuentes de trabajo y de vida sigan siendo potestad y propiedad de una minoría. En definitiva, no podemos afirmar que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales. Por eso , señores: ¿De qué democracia me hablan?
(Fuente: Barómetro)
