Por Héctor Rodríguez Castro
“Un ser sin educación es un ser incompleto”, escribió Simón Bolívar, el Padre de la Patria. Por eso, cuando se trata de construir el futuro, la prioridad es la inversión en inclusión y calidad para la educación.
En el caso del estado Miranda, al igual que en otros estados, hay dos tipos de escuelas: las bolivarianas, administradas directamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación; y las estadales, a cargo de cada una de las gobernaciones.
En las nacionales se cubre en su totalidad el currículo bolivariano, que incluye, además de la comida para todos los niños y niñas, el uso de Canaimas y libros de la Colección Bicentenario, actividades complementarias con miras a lograr una formación integral.
Sin embargo, cuando se trata de las escuelas estadales, Miranda se enfrenta a una dura realidad: Henrique Capriles Radonski, quien tiene casi una década en el cargo de gobernador, un presupuesto superior a los 16 mil millones de dólares y, aún así, no ha logrado consolidar el programa de alimentación escolar ni siquiera en 10% de las más de 500 escuelas que están bajo su cargo.
Cuando se trata del pago de los docentes, y el reconocimiento de sus derechos, las deudas son cuantiosas. No es un secreto que los docentes del estado Miranda cobran muy por debajo de otros docentes del país.
Ese gobernador ha acusado, como de costumbre, al Gobierno Nacional, al Ministerio, de no suministrarle el presupuesto. Pero, la realidad es que esas escuelas dependen directamente del erario del estado Miranda, el segundo más alto del país. Es decir, el incumplimiento con los docentes no ha sido por falta de recursos, sino más bien por indiferencia y falta de voluntad de un personaje que solo puede mostrar fracaso y vicios en su gestión.
En cuanto a los centros de educación inicial y los de educación especial, el abandono es mucho mayor: son casi inexistentes y los pocos que hay tienen fallas de dotación, infraestructura, apoyo a sus trabajadores y atención a las familias.
En contrapartida, los padres y representantes de las escuelas estadales mirandinas, enfrentados a esta situación de desasistencia crónica, se han visto obligados a migrar a sus hijos e hijas a las escuelas nacionales, para garantizarles una mejor y más completa formación.
En vista de esta situación, en nuestra misión de transformar el presente y mirar al futuro en el estado Miranda, nuestra propuesta es trabajar codo a codo con las comunidades educativas, que todos tengamos nuestra cuota de responsabilidad en garantizar la formación y el bienestar integral nuestros niños y niñas, con el acompañamiento permanente de la contraloría social.
En ese esfuerzo por una mejor educación, con inclusión y calidad, arrancará un plan inmediato para el estado Miranda basado en los resultados de la gran Consulta por la Calidad Educativa, hecha en el año 2014, y en la cual participaron más de 10 millones de venezolanos y venezolanas de diferentes sectores: familias, niños y niñas, jóvenes, docentes, directivos, universidades y muchos más.
En primer lugar, así como pusimos al día las prestaciones sociales de las y los docentes en nuestro paso por el Ministerio de Educación, por respeto a su dignidad y profesionalismo; nivelaremos los sueldos de los docentes mirandinos. Se les entregarán sus cargos como parte de su carrera profesional, se eliminará la tercerización en las aulas de clase, y se trabajará en la implantación de formación especializada para la vida de cada zona en Miranda. Asimismo, las familias podrán tener la seguridad de que el Programa de Alimentación Escolar se cumplirá en cada centro educativo y que los espacios estarán acondicionados de manera adecuada para recibir a sus hijos e hijas.
Para concretar estas propuestas, las comunidades organizadas deben involucrarse en todo el proceso. La educación de la nueva ciudadanía es un deber de todos, porque todo Derecho conlleva un Deber, y solo juntos podemos gobernar y transformar integralmente nuestro estado Miranda.
