En Honduras, la victoria de Xiomara Castro parece irreversible. Al momento de redactar este artículo, con el 48% de los votos escrutados, la candidata del Partido Libre, que representa a la izquierda alternativa, tiene una ventaja de más de 20 puntos sobre el representante de derecha, Nasry Asfura, alcalde de la capital y miembro del Partido Nacional, la organización política en el poder desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. El Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que, el domingo 28 de noviembre, fueron habilitados para votar 5 millones 182 mil 425 ciudadanos y se obtuvo una participación del 68.08%.
Fueron convocados a las urnas para elegir al presidente (para el período 2022-2026), tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano y los alcaldes de 298 ciudades. Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, encabezaba las encuestas, pero la oligarquía apoyada por el gran capital internacional ya tenía listo el mismo escenario de fraude para aplastar a la voluntad popular, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Antes de que el CNE difundiera las proyecciones, el Partido Nacional aseguraba a través de su cuenta oficial de Twitter: «¡Estamos ganando! Nuestros activistas nos han informado que tenemos el registro de 1.225.000 nacionalistas registrados que votaron #PapiALaOrden (hashtag de Asfura). ¡Protejamos y defendamos nuestros votos!». Media hora después, por la misma cuenta, el PN publicó una foto de Asfura con letra grande: «¡Hemos ganado! ¡El presidente es nuestro!».
Pero la voluntad popular se expresó. “Ganamos, ganamos, 12 años de este pueblo en resistencia no fueron en vano porque el pueblo se ha manifestado haciendo valer esa frase que solo el pueblo, salva al pueblo”, dijo la presidenta electa, Xiomara Castro.
Un resultado – agregó – logrado también gracias a la alianza con varios sectores políticos, entre los que mencionó a Salvador Nasralla, Doris Gutiérrez y Milton Benítez. “Dios tarda, pero nunca olvida – añadió Xiomara – y hoy el pueblo ha hecho justicia, revertimos el autoritarismo y el continuismo. Hicimos una campaña de altura, nunca hicimos un video o un mensaje que incitara a la violencia, soportamos todo y hoy el pueblo no ha dado todo su apoyo”.
Castro prometió “un gobierno de reconciliación y de justicia, para garantizar una democracia participativa, con las consultas populares, porque esas serán una norma para gobernar a través de los gobiernos locales, alcaldes y diputados, nunca más se va a abusar del poder en este país. Fuera la guerra, el odio y los escuadrones de la muerte, la corrupción y el narcotráfico”, añadió. También expresó su rechazo por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), condenó la pobreza y la miseria en que vive el pueblo.
Honduras sigue siendo, de hecho, un peón decisivo para el imperialismo estadounidense, tanto desde el punto de vista económico como militar. Las multinacionales mineras o hidroeléctricas dominan más del 30 por ciento del territorio, junto con los cientos de empresas ilegales, a las que da rienda suelta un sistema construido para proteger sus intereses. La vida de quienes se oponen vale menos que nada, como recuerda el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres.
Portavoz del pueblo indígena Lenca y cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Por ese asesinato, y gracias a la presión de los movimientos internacionales, una octava persona fue condenada a unos pocos meses atrás, un alto ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA.
En Honduras, donde opera la base militar estadounidense más grande de la región, la creciente militarización del territorio sirve para proteger los intereses capitalistas en las áreas más ricas en agua, petróleo y biodiversidad y ciertamente no la seguridad de las poblaciones que viven allí. Desde el homicidio de Berta Cáceres, 39 ambientalistas han sido asesinados. Y, de enero hasta hoy, han sido eliminados 68 políticos, 19 de ellos en marzo y cuatro en noviembre. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.
Por otro lado, como confesó la entonces secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, en sus memorias, Honduras inauguró el modelo de «golpe institucional» en Centroamérica. El 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, un liberal que se había atrevido a dirigir la mirada hacia la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, concebida por Cuba y Venezuela, fue secuestrado en la noche por las fuerzas armadas y llevado al exterior. Siguió un período de represión, abusos e inestabilidad.
El entrelazamiento de la política y el narcotráfico es ciertamente una evidencia flagrante, tanto que el hermano del presidente saliente, Juan Orlando Hernández Alvarado, exponente del Partido Nacional, en el cargo desde 2013, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos como traficante de droga. El propio jefe de estado que expira está bajo investigación. Yani Rosenthal, secretario del Partido Liberal, ahora candidato a la presidencia, también tiene una sentencia de tres años por lavado de dinero en Estados Unidos.
En Honduras, dos de cada tres habitantes viven en la pobreza. Una situación agravada por los efectos del cambio climático (solo en el último año se han producido dos huracanes). Cada mes, miles de personas alimentan las caravanas de migrantes que se dirigen, vía México, a Estados Unidos, donde ya reside un millón de hondureños. El de los migrantes, que crean un cuello de botella en la frontera, es uno de los problemas políticos más espinosos para Biden. El otro es el descrédito del gobierno de Hernández, que el pueblo quiso castigar.
Así se expresó en Twitter el presidente venezolano, Nicolás Maduro: “12 años después del golpe, el pueblo de Francisco Morazán retoma el camino de la esperanza al otorgar una victoria histórica a la presidenta electa Xiomara Castro. La Patria Grande celebra el triunfo de la democracia y de la paz en Honduras”.
