La Justicia argentina ha formalizado hoy la prisión domiciliaria de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa judicial en su contra. El juez Gorini dispuso que la condenada cumpla la medida en su domicilio, sin necesidad de presentarse en los tribunales de Comodoro Py, pero bajo estrictas condiciones de control.
La decisión judicial establece que Fernández de Kirchner deberá permanecer en su residencia, pudiendo salir únicamente en casos de fuerza mayor debidamente justificados. Para cualquier otra salida, requerirá autorización expresa del tribunal. Además, se le impuso la obligación de colocar un dispositivo electrónico de vigilancia, a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad.
Entre las condiciones, se le exige presentar en 48 horas un listado de las personas autorizadas a visitarla, que incluirá familiares, abogados, personal médico y custodia policial. Cualquier otra persona no incluida en este registro deberá solicitar permiso judicial para ingresar.
Asimismo, la resolución ordena a la exmandataria «abstenerse de adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario», una cláusula inusual que ha generado debate en el ámbito jurídico.
Desde los sectores populares, organizaciones políticas y sociales ya han expresado su repudio a esta nueva escalada persecutoria, denunciando el avance de una justicia cómplice de intereses oligárquicos. La lucha por la defensa de la democracia y la soberanía sigue más vigente que nunca.
