Redacción LaTabla.- Las entidades denominadas “organizaciones no gubernamentales” (ONG), han sido herramientas fundamentales de los partidos políticos de oposición, de clanes empresariales alineados con la opción conspiradora y de gobiernos extranjeros para influir políticamente en Venezuela. Así ha ocurrido, cada vez de una manera más evidente, durante la última década y especialmente en momentos de ofensiva.
En 2017, durante la prolongada jornada de violencia programada en las principales ciudades (entre abril y julio); se activaron grupos para ejecutar actividades en el terreno mientras recibían orientaciones políticas, tácticas y simbólicas, y además financiamiento directo de entidades establecidas en el extranjero.
Eso ocurrió con acciones de apoyo logístico con materiales y técnicas para “proteger” a los manifestantes en la ocupación de vías y espacios o en las confrontaciones con las fuerzas policiales. Tal fue el caso del empleo de máscaras, escudos y cascos con el fin de amortiguar el efecto de dispositivos anti-motines; como gases lacrimógenos o irritantes, proyectiles de goma y disparos de agua a alta presión.
Las técnicas y recursos de protección llegaban (básicamente) desde el sur de Florida, EEUU. Para los “escudos” ofrecían y proponían materiales como segmentos de barriles metálicos (tambores) cortados longitudinalmente, trozos de láminas de fibra de madera/papel (MDF o HDF), telas y lonas entre otros. Adicionalmente se proponían diseños con elementos simbólicos como las cruces de los caballeros medievales que protagonizaron las Cruzadas para conquistar la “Tierra Santa”.
En el caso de los cascos, eran equipos de seguridad de los que se emplean en construcciones, pero con el detalle de que eran pintados con motivos originales, creados por diseñadores de “fama mundial” como la joven Nelly Guinand (media hermana de la modelo Gaby Espino, antigua Chica Polar). Más que el diseño, la señorita Guinand (y sus colaboradores) impulsaron una campaña de donaciones y dispusieron de los mecanismos de envío.
También se constituyó una estructura orgánica, con estudiantes de medicina para dar primeros auxilios a quienes resultaran heridos en choques con la policía. Los “cascos blancos” (por su indumentaria, que imitaba a unidades similares en la guerra de Siria) tenían un donante en Miami (Héctor Castro Gaspard, heredero de una fortuna formada por la explotación forestal de la selva amazónica venezolana) que se encargaba diariamente de reponer los insumos médicos consumidos el día anterior.
Fueron diversas las campañas de recaudación, todas organizadas desde “oeneges,” en centros metropolitanos neocoloniales y dirigidas por “hijos de la burguesía”; que así intentaban comprar su boleto de vuelta para recuperar activos y tierras que (decían) les había expropiado Chávez.
La crisis humanitaria compleja (intertítulo)
En febrero de 2019, a partir de la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino”, el paradigma de la intervención de las falsas organizaciones no-gubernamentales se ancló en la “crisis humanitaria”: tanto fue así que la “invasión” para traer alimentos y medicamentos esenciales fue dirigida desde Cúcuta por varios presidentes de estados vecinos y decenas de altos funcionarios.
Pero, (además de las estructuras globales multilaterales de “intervención humanitaria”) en el país se habían creado organizaciones para distribuir alimentos en comunidades populares, en locaciones estratégicas. Una fue Alimenta La Solidaridad, dirigida por Roberto Patiño Guinand (por pura casualidad primo de Nelly Guinand, la de los cascos” en 2017), que con apoyo en el terreno de sacerdotes católicos, logró abrir y mantener media docena de comedores para niños en algunos barrios de Caracas.
Estos espacios sirvieron hasta 2021 para mantener ante los medios internacionales la narrativa de un país acorralado por el hambre y las enfermedades y asegurar (y justificar) la entrega de recursos de donantes internacionales y los confiscados a la República en el extranjero, a los funcionarios del “gobierno interino” y a las ONG humanitarias ya existentes o formadas ad-hoc.
Y asimismo (entre otros fines) les permitió a los partidos de “neo-derecha” Primero Justicia y Voluntad Popular; distribuir recursos financieros en sus estructuras locales de activismo como si se tratara de “subsidios directos” a grupos sociales especialmente vulnerables.
