Cuando el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate (ahora ministro de Educación) anunció el aumento del salario mínimo y la cobertura social adjunta, la gente reunida para el 1 de mayo en Venezuela, en cumplimiento de las medidas de prevención, respondió con consignas socialistas y levantando los puños. Consciente y organizada, la clase trabajadora sabe que el presidente Maduro dice la verdad al afirmar que, para lograr este aumento, fue necesario “hacer de tripas corazón”. Un esfuerzo titánico para encontrar los recursos en un país sometido durante años a un feroz bloqueo económico- financiero del imperialismo estadounidense.
Se trata de un aumento de casi un 300% respecto al salario mínimo actual que es de 1,8 millones de bolívares y que, con la suma de los bonos de alimentos, llega a los 10 millones de bolívares. Un incremento que actuará también en las tablas salariales de otras categorías, en base a los convenios colectivos ya firmados o que —afirmó el ministro— están a punto de firmarse. Es equivalente a $ 3,5. Un aumento que la inflación inducida y la guerra a la moneda, acrecentadas por la banda de golpistas que ahora presionan para que Biden mantenga las «sanciones» en medio de la pandemia, se dedicará a desmantelar.
Y, de hecho, los medios hegemónicos inmediatamente se volvieron locos al atribuir la responsabilidad de la situación no a las medidas coercitivas unilaterales, sino al modelo socialista. Lástima que si se les pregunta a esos «expertos» cuál sería la solución alternativa, se queden vagos, proponiendo las recetas neoliberales: las mismas contra las que se lucha en Colombia, Chile, Honduras y en Europa … Mientras en los países títeres de Washington, los trabajadores y trabajadoras que protestan por sus derechos reciben plomo y represión; en Venezuela son el motor de la recuperación económico-productiva.
El sector obrero —dijo Maduro el 1 de mayo— fue el primero en presentar propuestas y está «listo para instalar el Primer Consejo Presidencial del Gobierno Popular del sector obrero que se preparó durante el Congreso Bicentenario de los Pueblos». Un compromiso que, a pesar de la pandemia y el bloqueo económico, ha fortalecido el despliegue en todo el territorio nacional de 2.450 Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT). Órganos de autogobierno y planificación que, en un proceso de formación permanente, controlan y orientan la producción y organización del trabajo, y lo defienden del sabotaje.
Herramientas para «gobernar desde abajo buscando soluciones con el pueblo», prosiguió Maduro, anunciando esta semana la primera reunión operativa del Consejo Presidencial de la clase trabajadora. «Esto es un poder, esta es una fuerza en manos de la clase obrera», dijo el mandatario, refiriéndose a la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST), que tiene «verdaderos líderes en todas las fábricas y centros de trabajo».
Una realidad —dijo Maduro— totalmente diferente de la que condujo al golpe de Estado contra Chávez en 2002, organizado también por los dirigentes de la entonces confederación sindical, en concierto con la patronal FEDECAMARAS.
