En las elecciones municipales del 6 de noviembre, la alianza «Nicaragua Triunfa», encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo la victoria en 112 municipios (entre ellos la capital, Managua,) de los 153 existentes en Nicaragua. Se han renovado 6.088 cargos públicos, para los cuales fueron candidatos y candidatas más de 27.000 personas, pertenecientes a todos los partidos políticos o alianzas afines. La autoridad electoral ha invitado a todas las formaciones a respetar el principio de igualdad de género (Nicaragua es de los primeros países del mundo en garantizarla), presentando un 50% de mujeres en las listas. El Consejo Supremo Electoral también recordó las dos leyes que regulan «la presencia de agentes extranjeros» y la de «defensa de los derechos de los pueblos a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz».
Tras la violencia de 2018, y el papel que jugaron las articulaciones imperialistas, ha entrado en vigor una ley que obliga a las distintas ONG presentes a declarar la fuente de su financiación. Un punto muy delicado, dada la ramificación y omnipresencia de las multinacionales del humanitarismo, empeñadas en actuar sobre los territorios para socavar, en nombre de terceros, el valor político del vínculo social. Y, en efecto, se desató el coro de protestas, bien respaldado por los medios hegemónicos, y multiplicado en las instituciones internacionales.
El mensaje es siempre el mismo, el chantaje es siempre el mismo, actuado con la misma dinámica contra todos aquellos gobiernos que no se someten a la voluntad de Washington y sus aliados: déjenos maniobrar y complotear libremente, de lo contrario los bombardearemos con desprestigio, encubrimiento y, por supuesto, con el tipo de bombas silenciosas que son las medidas coercitivas unilaterales. Así, Washington amplió las «sanciones» contra 500 funcionarios del gobierno sandinista y confirmó el bloqueo de activos en EE. UU. y de transacciones a la Dirección General de Minas, reiterando las amenazas contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El propósito es siempre el mismo: aumentar el sufrimiento del pueblo para empujarlo a rebelarse contra el gobierno que ha elegido. “El régimen —dijo el jefe del Departamento de Estado norteamericano, Antony Blinken,— este año ha intensificado sus acciones para quitarle espacio a la sociedad civil, aumentar la cooperación con Rusia en materia de seguridad y silenciar las voces independientes”.
Para Washington, el gobierno sandinista utiliza las ganancias obtenidas de la producción y venta de oro “para oprimir al pueblo y apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia”. Y para ser aún más explícito, con vistas a las elecciones municipales, Blinken agregó: “Estados Unidos, junto a sus aliados, creen que es imprescindible el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua”.
El gobierno sandinista también rechazó la arrogancia de Washington en la cumbre de la CEPAL, durante la cual se llevó a cabo el encuentro entre la CELAC y la Unión Europea, uniendo su voz a la de los demás países latinoamericanos afectados por las medidas coercitivas unilaterales: comenzando por Cuba y la Venezuela bolivariana. “Cualquier gobierno que quiera recibir aplausos del imperio yanqui y de algunos gobiernos de la Unión Europea, se pone a ladrar, como un perro faldero, y a pedir que liberen a los presos políticos en Nicaragua, olvidándose de los que tienen presos en su país», dijo Daniel Ortega.
En respuesta, la campaña mediática ha doblado su intensidad: para deslegitimar el voto del 6 de noviembre, como sucedió con el resultado de las elecciones generales del 7 de noviembre pasado, que confirmaron a Ortega como presidente. El gobierno sandinista es retratado como la quintaesencia de todos los males. Lo positivo no debe filtrarse.
En cambio, la economía de Nicaragua fue una de las de mayor crecimiento en Centroamérica y Latinoamérica, incluso durante la pandemia; el crecimiento anual fue de 8.3%. Otro dato en contra de la actual tendencia de crisis alimentaria mundial, es la producción de alimentos; que prácticamente garantiza el autoabastecimiento del país.
Entre los programas gubernamentales en esta materia, se encuentra el desembolso del Bono Producción y el programa solidario Crissol para el abastecimiento de trigo básico a más de 200.000 productores y productoras. Además, con el programa de microcréditos para mujeres, Usura Zero, más de 115.000 nicaragüenses mejoran anualmente su nivel de vida y el de sus familias.
El país también obtiene el 70% de su electricidad de fuentes renovables y, por lo tanto, cubre casi todo el sistema eléctrico nacional. Además, el gobierno continúa otorgando subsidios al precio del petróleo y sus derivados, al transporte público, terrestre y acuático ya la electricidad, y garantiza la educación básica y superior de manera gratuita.
Otro punto importante se refiere al sistema de Autonomía de los pueblos indígenas —uno de los más avanzados y democráticos de América Latina— que asigna más del 30% del territorio nacional a 23 comunidades indígenas y afrodescendientes. Y cerca de dos millones de familias nicaragüenses han recibido títulos de propiedad del gobierno. Mantener activas las estructuras del poder popular, a pesar de todos los ataques, deserciones y dificultades objetivas de un pequeño país orgulloso y cercado, heredero de la última revolución del siglo pasado, sigue siendo una gran fortaleza del sandinismo.
Esto lo hemos visto, incluso recientemente, tras el paso del huracán Julia, que azotó a toda Centroamérica, y que en Nicaragua destruyó más de 2.000 viviendas, dejando sin hogar a por lo menos 1.500 familias; afortunadamente sin causar víctimas. Gracias a la acción del gobierno y de los municipios donde las estructuras del poder popular son más activas, inmediatamente se organizaron albergues y alojamientos temporales, y se puso en marcha la solidaridad de los habitantes.
¿Cuántas «democracias» capitalistas que se llenan la boca de «derechos humanos» pueden decir lo mismo?
