La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una resolución que autoriza al Gobierno de Venezuela a costear la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en el marco del proceso judicial que enfrentan en una corte federal de Nueva York.
Según el documento dirigido al juez superior Alvin Hellerstein, el Estado venezolano podrá utilizar fondos nacionales para cubrir los honorarios y gastos de representación legal, siempre que dichos ingresos sean posteriores al 5 de marzo de 2026. No obstante, la licencia establece una condición expresa: queda prohibido el pago de los abogados de Maduro y Flores con dinero proveniente de gobiernos extranjeros, en concordancia con lo señalado en la orden ejecutiva 373 emitida por Washington el 9 de enero de 2026.
La defensa de los mandatarios venezolanos informó que, tras la publicación de esta licencia enmendada, se retiran las mociones presentadas previamente para desestimar la acusación sustitutiva S4 11 Cr. 205 (AKH). En un escrito presentado ante el tribunal, los abogados señalaron: “El Gobierno entiende que las licencias enmendadas han resuelto los asuntos subyacentes a las mociones de los acusados […] Por lo tanto, los acusados retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro”.
Asimismo, se solicitó al juez Hellerstein fijar una próxima audiencia en un plazo de 60 días, con el objetivo de que la defensa pueda preparar las pruebas en el caso y revisar los elementos presentados por la fiscalía, a fin de evaluar qué mociones previas al juicio podrían ser presentadas.
