La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este viernes la posición histórica del Estado venezolano sobre la controversia territorial de la Guayana Esequiba, desconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y exigiendo a Guyana retomar el diálogo directo bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966.
A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, la jefa de Estado subrayó que Venezuela mantiene su firme rechazo al laudo arbitral de París de 1899, instrumento que Caracas califica de nulo e irrito por haber sido producto de un proceso viciado en el que el país no contó con representación directa.
«Venezuela reafirma su postura histórica de rechazo al fraudulento laudo arbitral de 1899 así como el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba», enfatizó Rodríguez en su mensaje.
Llamado a Guyana al respeto de los compromisos bilaterales
Durante su pronunciamiento, la mandataria instó al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana a cumplir con los compromisos jurídicos previamente suscritos entre ambas naciones, señalando que la vía diplomática y el entendimiento mutuo constituyen el único camino válido para destrabar el diferendo.
«Ratifica su exhorto a la República Cooperativa de Guyana al respeto de sus obligaciones ineludibles contenidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver esta controversia mediante negociaciones satisfactorias para ambas partes», señaló la presidenta.
Contexto histórico
El diferendo por los casi 160.000 kilómetros cuadrados del territorio Esequibo se remonta al siglo XIX, pero encontró su marco de resolución en febrero de 1966 con la firma del Acuerdo de Ginebra. Este tratado internacional (suscrito por Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guayana Británica) dejó sin efecto práctico el laudo de 1899 y obligó a las partes a buscar una solución pacífica y negociada.
En este sentido, Rodríguez cuestionó la decisión unilateral de Georgetown de llevar el caso ante la CIJ en 2018, advirtiendo que acudir a organismos externos no exime a los Estados de sus deberes diplomáticos previos.
«Ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes», concluyó.








