El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contará con la defensa del experimentado litigante Barry Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según un documento judicial al que tuvo acceso CBS News. Pollack, de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, fue clave en las negociaciones que llevaron a Assange a declararse culpable en 2024 por un cargo de conspiración relacionado con la difusión de información clasificada.
Pollack es reconocido en el ámbito del derecho penal federal y casos de alto perfil político. Su elección sugiere una estrategia de defensa que podría combinar argumentos jurídicos con una fuerte dimensión política y mediática, similar al caso Assange.
La primera dama, Cilia Flores, estará representada por Mark Donnelly, de la firma Parker Sanchez and Donnelly, un abogado especializado en delitos económicos y con una trayectoria de más de una década en el Departamento de Justicia de EE.UU. Donnelly ocupó cargos como asesor principal del fiscal federal para el Distrito Sur de Texas y jefe de la división de fraude, lo que le otorga un conocimiento profundo de la maquinaria prosecutoria estadounidense.
El presidente Maduro y la primera dama tendrán su primera audiencia formal este lunes ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser secuestrados en Caracas el pasado sábado. El gobierno de EE.UU. acusa al mandatario de múltiples cargos, entre ellos:
- Conspiración de narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína
- Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos en apoyo a actividades criminales
La acusación, que la defensa y el Gobierno venezolano rechazan categóricamente, señala al presidente como líder de una organización denominada “Cártel de los Soles”, entidad cuya existencia real ha sido desmentida y cuestionada de manera consistente por autoridades venezolanas, expertos jurídicos independientes y el departamento de estado de EEUU, quienes la califican como una construcción narrativa sin sustento fáctico comprobable.
La selección de estos abogados refleja una defensa que probablemente confrontará no solo los cargos —basados en una entidad cuya existencia se rechaza—, sino la legalidad misma del secuestro y la jurisdicción de EE.UU. para juzgar a un jefe de Estado extranjero secuestrado en una operación militar en su propio territorio. Se anticipa que la defensa presentará mociones para desestimar el caso por motivos de inmunidad soberana, violación del derecho internacional y falta de base factual.
El caso se perfila como uno de los juicios políticos y jurídicos más complejos de la historia reciente, con ramificaciones profundas para el derecho internacional, las relaciones hemisféricas y los límites de la jurisdicción extraterritorial de EE.UU.
