Como para variar, la oposición (o lo que queda de ella) ha vuelto a cometer una pifia descomunal, exactamente igual de torpe que aquellas a las que tanto nos han habituado por más de un cuarto de siglo.
Después de meses de una diatriba demencial por el asunto de la participación o no del Consejo Nacional Electoral en la elección primaria de ese sector (lo que puso al descubierto una vez más las insalvables mezquindades e inconsistencias que caracterizan al liderazgo opositor) aparecen ahora usando como instrumento fundamental, para su proceso interno, nada más y nada menos que la data oficial del organismo rector en la que están registrados los nombres y los datos de los más de veintiún millones de venezolanas y venezolanos constitucionalmente aptos para votar en los procesos electorales regidos precisamente por el Poder Electoral que ellos acordaron dejar fuera de ese evento.
La ley dice que en esa elección puede participar libremente todo venezolano debidamente registrado en dicha data, que es objeto de infinidad de auditorías públicas debidamente certificadas antes de cada proceso.
Pero lo que no es de ninguna manera lícito es que cualquier institución o empresa, ya sea pública o privada, pueda hacer uso de dicho registro de buenas a primeras si el organismo que debe resguardar la información ahí contenida, así como el uso que de ella se haga, no está asumiendo dicha responsabilidad, tal como lo ordena la ley de procesos electorales.
Prescindir del Poder Electoral para luego aparecer impúdicamente controlando una data pública tan sensible como esa, es una muestra más del pérfido sentido que la derecha tiene de la institucionalidad y las leyes, a las que desde siempre ha despreciado y procurado violentar a como dé lugar.
Es evidente que el desespero por salir del CNE en las primarias era para manipular tranquilamente los resultados de esa elección.
