El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, expresó su más firme rechazo a lo que calificó como «declaraciones belicistas y extravagantes» del presidente de los Estados Unidos, en las que este admitió públicamente haber autorizado operaciones para «actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela».
En un Comunicado Oficial, el Estado venezolano afirmó que dicha declaración «constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles».
El texto oficial también manifestó su «extrema alarma» por «el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostilización contra Venezuela». Asimismo, señaló que «es evidente que tales maniobras buscan legitimar una operación de ‘cambio de régimen’ con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos».
Adicionalmente, Venezuela denunció que las declaraciones del mandatario estadounidense «persiguen estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos».
Acciones diplomáticas inmediatas
Frente a esta situación, la República Bolivariana de Venezuela ha emprendido acciones diplomáticas inmediatas. Durante la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por la Presidencia Pro Témpore de Colombia, Venezuela presentó formalmente esta denuncia y demandó una respuesta regional inmediata.
De acuerdo con el comunicado, «mañana, nuestra Misión Permanente ante la ONU elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de los Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe, zona declarada de paz por la CELAC en 2014».
Venezuela concluye su comunicado con un enérgico llamado a la comunidad internacional, advirtiendo que «debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato».
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