Te puedeinteresar
Venezuela.
William Castillo, periodista experto en comunicación internacional, ha sido nombrado viceministro de Políticas Antibloqueo, pasando del Ministerio de Relaciones Exteriores al de Finanzas, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Le pedimos que nos hablara de esta nueva función en medio de acaloradas discusiones suscitadas por la Ley Antibloqueo, propuesta por el presidente Maduro.
¿Cuál es su trabajo ahora en la Revolución?
Estoy coordinando el Viceministerio de Políticas Antibloqueo, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Una nueva instancia que participa de una reforma estructural decidida por el presidente Nicolás Maduro, propuesta por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que es además Ministra de Finanzas.
Se trata de adecuar las finanzas del país a los nuevos tiempos. Analizando la realidad del bloqueo que afecta a Venezuela desde hace 5 años, pero que Cuba sufre por 60 años, e Irán por 41; vemos que se trata de políticas prolongadas, bipartidistas, estratégicas, y que los Estados afectados deben prepararse para afrontarlas adecuadamente.
Mi responsabilidad es desarrollar un sistema de registro sobre el impacto de las sanciones, un observatorio permanente también dentro de la ley antibloqueo, como parte de un esfuerzo por modernizar el Estado: un esfuerzo absolutamente necesario para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales que se nos imponen, a la guerra económica y multiforme que agrede a Venezuela desde hace 5 años.
Hay que adecuar las estructuras públicas a la realidad del bloqueo: para asegurar que PDVSA pueda vender petróleo, para que la criptomoneda Petro se posicione definitivamente en las transacciones internacionales, para poder comerciar oro, exportar productos o comprar alimentos, medicinas, insumos que requiere el país.
Por ello, a partir de la experiencia de Cuba, Irán, China, Rusia, países que también han enfrentado el bloqueo con instrumentos legales, la revolución Bolivariana se adapta y moderniza, y el Ministerio de Finanzas se prepara para dar este salto cualitativo en la gestión pública.
El objetivo es producir los cambios internos en nuestras finanzas y comercio exterior, en nuestra estructura para proteger nuestros activos y nuestras empresas en el exterior, obtener recursos para invertir en políticas de protección social, y restaurar el poder adquisitivo de los salarios, que han sido duramente afectados por los efectos del bloqueo.
Brevemente, ¿cuál es su análisis de la situación actual en Venezuela?
Desde el punto de vista económico, la situación del país está al límite. Como dijo el presidente al presentar la ley Antibloqueo, en los últimos 5 años hemos tenido una caída del 99% en los ingresos. Esto significa que de cada 100 euros o dólares que ingresaban al país por la venta de hidrocarburos y exportaciones en 2014 hoy recibimos menos de un dólar.
Si en 2014 ingresaron a la economía nacional 56.000 millones de dólares, este año hasta septiembre apenas habíamos recibido 477 millones. Esa es la razón por la cual no podemos aumentar los salarios, no podemos invertir para dinamizar la economía, aumentar la demanda agregada, impulsar el crecimiento económico. El Banco Central no tiene los recursos para ejecutar una política monetaria e intervenir en el mercado de divisas para evitar el desborde del tipo de cambio, como hacen todos los países.
En los últimos 5 años, Venezuela perdió un promedio de 30 mil millones de dólares al año, cada año. Habría que preguntarse qué habría pasado en un país europeo que hubiera perdido 30.000 millones de dólares al año durante 5 años. ¿Cuál sería el nivel de tragedia humanitaria que les ocurriría a los niños y niñas, cuál sería el nivel de desnutrición, de enfermedades?
Venezuela ha resistido de manera heroica este ataque sin precedentes, hemos resistido gracias al modelo social inclusivo, a las misiones, encontrando formas de subsidio directo para que cada bolívar, cada dólar que ingrese sea destinado a la protección de nuestro pueblo. Estamos resistiendo y seguiremos haciéndolo, pero ahora debemos pasar a la contraofensiva, vamos a la recuperación de nuestros recursos en alianza con otros países que nos apoyan y que no están de acuerdo en sancionar a un país pequeño, compuesto por gente pacífica que solo pide trabajar y construir su propio modelo político sin injerencias externas.
La situación económica sigue siendo dura, pero confiamos en que la ley antibloqueo abra perspectivas interesantes para el año 2021, dando lugar a nuevas alianzas económicas, tanto en Venezuela como fuera del país: a través de inversiones reguladas por nuestra constitución y nuestras leyes, para reactivar la industria petrolera, los pozos que están paralizados; la producción petrolera ha caído a un tercio de lo que era hace cuatro años y esto ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
Los ingresos generados por los procesos productivos impulsados por la Ley Antibloqueo se invertirán en servicios públicos y protección social.
En el plano político, después de haber derrotado todos los intentos de sabotaje, dentro y fuera del país, nos preparamos para las parlamentarias del 6 de diciembre, con una amplia participación en la elección: más de 100 organizaciones políticas de distintas orientaciones, desde la oposición que se dice más de izquierda a la de derecha, de centro derecha, socialdemócrata, socialcristiana. La gente decidirá quién gana. Será una elección fundamental, a la que acudimos en cumplimiento de todos los protocolos de prevención y protección del coronavirus. El 5 de enero, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, dejaremos atrás cinco años de latrocinio, perversión política, de total subordinación del poder público a los intereses estadounidenses, impuestos por la banda criminal de Guaidó y sus compinches.
¿Cómo podría la ley anti-bloqueo eludir las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus vasallos?
Nuestra legislación fue concebida para un país en paz, mientras que ahora nos enfrentamos a una agresión económica multiforme, una guerra híbrida.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha usado una metáfora muy cierta para describir lo que está pasando: las sanciones – dijo – son como bombas que no se ven, pero caen en refinerías, en pozos de petróleo en las redes de agua potable, en el bolsillo de cada familia venezolana.
Las sanciones son bombas que caen sobre los Comités de Abastecimiento y Producción, sobre los salarios, sobre el sistema de salud. No estamos respondiendo a esas bombas con otras bombas, si no con una legislación especial que permita al Ejecutivo, a PDVSA, a nuestras empresas básicas en el exterior servirse de esta legislación para reactivar la economía y generar ingresos.
Esta ley, propuesta por el presidente Maduro, en pleno respeto a nuestra soberanía y a la constitución bolivariana, permite al ejecutivo proceder con reformas legales de carácter administrativo que, de manera oportuna, flexible, quirúrgica, defiendan los intereses del país y nos saquen de esta crisis.
¿Como? Involucrando a todos los actores incluyendo al poder popular. Te daré un ejemplo. En Venezuela hay una gran cantidad de terrenos o galpones que han sido confiscados al narcotráfico, pero cuyo uso se ve impedido por la duración de los procedimientos legales. La Ley antibloqueo permite al Estado asegurar que los Consejos Comunales, las organizaciones campesinas, los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, puedan hacer un uso productivo de la tierra o de activos abandonados o improductivos sin violentar los procesos jurídicos.
La gente podrá hacer uso, siempre y cuando sea para mejorar la economía y la calidad de vida, de esos activos construyendo panaderías, talleres, comercios populares, apoyados con un crédito subsidiado del Estado. Es importante entender que el poder popular sin poder económico acaba diluyéndose en su dependencia del Estado. Por eso, es irresponsable asustar a la gente diciendo que los inversores vienen a echar mano al país. Por las razones antes mencionadas, queremos que lleguen inversores, pero bajo el control de un Estado socialista, como es el caso de China y otros países orientados en esta dirección. Los inversionistas deben cumplir con la ley, pagar impuestos, pagar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras, respetar el medio ambiente y las decisiones de los venezolanos, y no contaminar nuestro territorio.
El PCV y otras fuerzas de izquierda, sin embargo, dicen que es un artificio para vender los recursos del país y que se está dando una vuelta hacia la socialdemocracia, borrando el proyecto de Chávez. Este discurso desorienta la solidaridad internacional: ¿por qué – dicen muchos compañeros – debemos defender un proyecto socialdemócrata cuando lo combatimos en los países capitalistas donde tanto daño ha hecho? ¿Puede explicar específicamente por qué este no es el caso?
Nunca hemos rehuido el debate y tampoco lo haremos esta vez. El proyecto de ley fue discutido en profundidad en diversas comisiones, e incluso enmendado, para ser presentado a la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Una vez aprobada la ley, el Presidente decidió presentarla al Consejo de Estado para que este órgano solicite la opinión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el carácter constitucional de la Ley Antibloqueo.
Respetamos a todos los partidos de izquierda, pero no estamos dispuestos a ser chantajeados por un discurso demagógico con fines electorales, sin propuestas ni alternativas concretas. Ningún revolucionario o revolucionaria puede creer que haya una suspensión de la Constitución o que el presidente Maduro esté haciendo un autogolpe, que esté borrando el legado de Chávez y que de repente se haya convertido en dictador.
Este es el discurso de la Derecha, y es triste ver que sea empleado por compañeros de manera instrumental, con fines electorales. No rehuimos el debate sincero y abierto, pero no podemos aceptar que se les diga a los camaradas en el exterior que Maduro, de la noche a la mañana, se ha convertido en un reaccionario neoliberal que privatiza el país, o en un socialdemócrata complaciente.
Seguimos esperando de todos los camaradas que hagan propuestas concretas para sacar al país de esta dramática situación, más allá de la retórica antiimperialista. ¿De dónde sacamos los recursos para fortalecer el sistema de salud gratuito, para construir viviendas sociales, para seguir financiando una educación pública gratuita y de calidad? Estamos proponiendo un giro táctico, siempre dentro de la Constitución y del Plan de la Patria, que nos permita salvar el modelo, proteger al pueblo y darle sostenibilidad económica al proyecto revolucionario.
Debemos superar la simple actitud de resistencia y pasar a una contra ofensiva productiva revolucionaria. Para nosotros las sanciones no dependen de Trump o de un resultado electoral en EE. UU. Sea cual sea el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos el 3 de noviembre, nos preparamos para enfrentar y derrotar el bloqueo.
Al presentar el Proyecto de Ley Antibloqueo, el presidente Maduro, al tiempo que reiteró su voluntad de dialogar también con Estados Unidos si cesan las sanciones y se respeta nuestra soberanía, lo ha dejado claro: nada se puede esperar del imperialismo, debemos seguir luchando y defendiéndonos, incluso en los terrenos que no hemos elegido. Un ejemplo es la batalla legal por la recuperación de nuestro oro y nuestros activos en el exterior, como lo hacemos en los tribunales ingleses en estos momentos. Un tribunal de apelaciones dictaminó que nuestro oro no puede ser entregado al «autoproclamado» Juan Guaidó y que el gobierno británico debe aclarar su postura. Esto permite, una vez más, resaltar el lado grotesco de estos verdaderos intentos de robo y piratería internacional, pues es evidente que para cualquier tipo de operación, ya sea de carácter comercial o diplomático, hay que acudir al gobierno del país, encabezado por el presidente Maduro y no por construcciones artificiales 2.0. Nuestras batallas continúan para recuperar la empresa Citgo, o para defender los derechos humanos en los tribunales internacionales, denunciando las sanciones como crímenes de lesa humanidad. Es una lucha que no solo concierne a Venezuela, sino a la recuperación de la legalidad y de la justicia internacional.
