Entrevista a William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo
Las «sanciones» se refieren a la política del Estado norteamericano, nacida a principios del siglo pasado por la llamada ley de comercio con el enemigo; pero que se desarrolló particularmente durante la Guerra Fría y que, a partir de 1980, se convirtió en herramienta de la política exterior estadounidense.
William Castillo, periodista y político de amplia trayectoria, es Viceministro de Políticas Antibloqueo desde 2020 y dirige el Observatorio Antibloqueo, una importante herramienta para analizar y monitorear los efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados (www.observatorio.gob.ve)
—Usted fue uno de los artífices de la ley antibloqueo, que suscitó muchas discusiones. Se ha llegado a decir que destruiría los pilares de la revolución bolivariana. ¿Es la ley antibloqueo una herramienta neoliberal o ha logrado convencer de lo contrario en estos dos años?
—Esos argumentos forman parte del relato mediático internacional, alimentado sobre todo por la derecha, para descalificar las políticas antibloqueo, y montados por algunos actores políticos que se creen más chavistas que Chávez. Hay que recordar el contexto en el que, en octubre de 2020, el presidente Maduro presentó la Ley antibloqueo a la Asamblea Nacional Constituyente. La imposición de medidas coercitivas unilaterales estaba hundiendo la economía, impidiéndonos vender nuestro petróleo, renegociar la deuda, importar alimentos y medicinas. Por la persecución diplomática se nos negaba el acceso a los organismos internacionales… En torno a esa propuesta de ley se generó un debate, en el que surgieron posiciones según las cuales la ley sería una herramienta para desnacionalizar la industria petrolera y entregar recursos del Estado a las multinacionales. En realidad, el mandatario planteó la creación de un instrumento legal que le permitiera al Estado enfrentar esa agresión multifacética con políticas flexibles, desarrollando un concepto sobre la aplicación de normas, que no prevé reforma alguna ante la presencia de una situación excepcional como la que nos enfrentábamos. La aprobación de la Ley Antibloqueo permite, por tanto, durante un período transitorio, alianzas económicas y proyectos para disponer de recursos, sortear el bloqueo, eludir las «sanciones», pero sin afectar la estructura jurídica del Estado. Se intentó combinar la ley con el Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad propuesto por el presidente en 2018 para atender los problemas fundamentales de nuestra economía como el ataque a la moneda. Por ello se procedió, por ejemplo, a retirar algunas restricciones cambiarias para dar un respiro al comercio exterior. Por lo tanto, es absolutamente falso que esta ley ponga en entredicho el control de la industria petrolera o de hidrocarburos o de todos los demás bienes que son propiedad del Estado, bienes públicos establecidos por la constitución. Es cierto, sin embargo, que ha tratado de dinamizar los procesos de producción al permitir la protección de los inversores que eran perseguidos mediante «sanciones». En este sentido, la ley ha demostrado ser una herramienta válida para la recuperación de la economía, a través de proyectos de inversión público-privada en diversos sectores productivos, que, tras la drástica caída de ingresos provocada por el bloqueo, han traído divisas y trabajo, sin que ello haya cambiado la estructura legal de nuestra constitución. En estos dos años, la realidad se ha encargado de responder a la campaña de desprestigio contra la Ley Antibloqueo, que constituyó una respuesta estratégica a la agresión multifacética contra nuestro país.
—Usted dirige una cátedra contra el bloqueo y un Observatorio que aporta datos sobre los efectos de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué propone el Observatorio y cuáles son los principales elementos de estudio para los que participan en sus cursos?
—El Observatorio es una herramienta contemplada en el artículo 16 de la Ley antibloqueo, creada para producir, analizar y difundir estadísticas relativas a las medidas coercitivas unilaterales desde una perspectiva académica y con un método científico. Datos que permitan a las instituciones estatales y autoridades públicas tener una visión histórica integral basada en la comparación internacional. Con esto en mente, hemos construido relaciones académicas con instituciones de educación superior; como la Universidad Bolivariana de Venezuela o el Centro Internacional Miranda. Hace un mes se lanzó un diplomado que brinda una formación rápida sobre este tema, dirigido a estudiantes, investigadores, académicos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones del poder popular; para que comprendan el alcance del choque entre la doctrina bolivariana y la imperialista, representada por la Doctrina Monroe, en nuestro continente; la capacitación también incluye el análisis de las formas de resistencia popular frente al bloqueo.
—Las «sanciones” son quizás el ejemplo más evidente de una ilegalidad que se ha convertido en norma, al arbitrio de los poderosos. ¿Qué contramedidas se pueden implementar?
Las «sanciones» se refieren a una política del Estado norteamericano que nació a principios del siglo pasado, a través de la llamada ley de comercio con el enemigo, pero que se desarrolló particularmente durante la Guerra Fría y que, a partir de 1980, se convirtió en herramienta de la política exterior estadounidense. Un instrumento de coerción, de chantaje, para complementar las agresiones militares o sustituirlas; según una estrategia considerada «blanda» por los teóricos del control hegemónico del mundo. Estrategias diferentes pero con el mismo objetivo, que chocan por la política exterior del Pentágono, dividiéndose entre quienes quisieran invadir países no deseados y quienes preferirían ponerlos de rodillas o desestabilizarlos devastando la economía, en violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, quienes han condenado reiteradamente las sanciones por su carácter extraterritorial, ilegal e inhumano. Medidas condenadas por el derecho internacional porque afectan a las poblaciones, especialmente a los sectores más vulnerables: niños, ancianos, enfermos que no pueden recibir medicamentos por el bloqueo del comercio exterior, o el apoyo de familiares en el exterior, como es el caso de las remesas para Cuba. Esta arbitrariedad se ha convertido ahora en un problema global y una política fallida, como lo demuestra el conflicto en Ucrania. Porque, mientras se sancione a países en desarrollo como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue, Sudán, República Democrática del Congo, Siria, Irán, Irak; parece que nada le sucede al resto del mundo. Sin embargo, cuando se sanciona a una potencia mundial como Rusia, que aporta cuotas decisivas del comercio exterior a Europa y al sur global en términos de trigo, fertilizantes, gas, las sanciones se convierten en un boomerang y en un problema de todos. Hoy hay unos 30 países afectados por «sanciones»; es decir, el 28% de la población mundial. Este es un problema global, político, legal, económico, que debe ser abordado por las Naciones Unidas en su conjunto. Es necesario tomar nota de la transformación en curso. Estamos en una transición hacia un mundo multipolar que ya no puede tolerar la agresión unilateral de un Estado o grupo de Estados aliados, como le sucedió a Venezuela, atacada por EE. UU., Europa e incluso por algunos gobiernos de América Latina y el Caribe. Los efectos de estos ataques son devastadores, son crímenes de lesa humanidad, un ataque a la salud, a la nutrición, al desarrollo. Por ello, Venezuela ha denunciado al gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional.
—En el contexto de la globalización capitalista, que tiene como columna vertebral el financiamiento de las economías, ¿es posible que los pueblos y países agredidos por las «sanciones» implementen una estrategia común?
—Un mundo nuevo va tomando forma, como un parto doloroso, en medio de una crisis y una guerra, como sucede con las grandes transformaciones históricas. Los países de América Latina y el Caribe, a pesar de sus diferencias, deben encontrar una visión común que ya está prefigurada en un organismo como la Celac, que surge de nuestra identidad latinoamericana y caribeña, de nuestro espacio político que no es el panamericanismo hegemónico, el americanismo que quiere controlar cualquier organización continental y decidir sus objetivos; porque nos considera su patio trasero. Necesitamos redimir UNASUR, MERCOSUR, fortalecer el ALBA y PETROCARIBE, los mecanismos de la integración centroamericana, incluida la Comunidad andina; en fin, todos los mecanismos que los países están replanteándose en este contexto de crisis energética mundial, alimentaria, que nos afecta a todos. Tenemos que empezar a vernos como región, construyéndonos como polo, fortaleciendo la cooperación energética, alimentaria y sanitaria en la unidad en la diversidad. Son procesos complejos, pero me parece que hoy, frente a la crisis mundial del capitalismo, hay una mayor conciencia.
—¿Cuál es su opinión sobre el conflicto en Ucrania y qué posición toma Venezuela en la compleja dinámica internacional, considerando que algunos de sus países aliados, como Turquía, juegan un doble papel, tanto dentro de la OTAN como en la posibilidad de un mundo multicéntrico y multipolar?
—El conflicto de Ucrania puede considerarse una prueba de fuego de la profunda transformación geopolítica global, de la decadencia del modelo hegemónico norteamericano, que pretendía provocar un conflicto entre la Federación Rusa, la Unión Europea y la OTAN; a través de la guerra por poder, hecha por otro, contra Rusia. Moscú respondió defendiendo su propia seguridad y la de las poblaciones fronterizas civiles. El modelo occidental de control de recursos está en declive. Surgen nuevos actores, nuevas realidades económicas y nuevas alianzas, empezando por los BRICS, desde el eje euroasiático, hasta el eje Moscú-Beijing. Todos queremos la paz, el diálogo; y esperamos poder volver a los acuerdos de Minsk que se firmaron en 2014 para poner fin al conflicto de Donbass. Hay que decir, sin embargo, que no se ha respetado ningún acuerdo firmado con Rusia. Ahora, se está utilizando un estado neonazi liderado por un irresponsable que hace la guerra contra una parte de la población; que ha bombardeado escuelas y hospitales gracias a una banda de fanáticos montados por los EE. UU. en el gobierno de Kiev, para hacer la guerra y encender un conflicto mundial que está resultando un boomerang para la economía europea y la de Estados Unidos. Una situación muy complicada en la que esperamos que se llegue a la paz, con acuerdos seguros, que podamos frenar esta guerra por el poder contra Rusia, y bloquear las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea impuestas a un país soberano; que tiene derecho a perseguir su propio desarrollo.
—Luego de la reciente visita de la delegación norteamericana a Venezuela, ¿cómo están las cosas con respecto al bloqueo de EE. UU.?
Solo podemos repetir lo dicho tanto por el presidente Nicolás Maduro como por la vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela es un país de diálogo, no ha atacado ni impuesto sanciones, al contrario ha tenido que defenderse. Ante una crisis global que también es de carácter energético, Venezuela sabe que debe jugar un papel de equilibrio, y en ese contexto se encuadra el recorrido de Maduro por algunos países clave. Venezuela pide superar el bloqueo, participar en la economía internacional como cualquier nación soberana, en pie de igualdad, pide que se respete su derecho al desarrollo, que no se lesionen los derechos humanos del pueblo; pide la libertad de construir su propio modelo de sociedad. Siempre nos hemos mantenido abiertos al diálogo, no nos corresponde a nosotros, por tanto, sino a quienes nos atacaron y fueron rechazados, a pesar de haber causado un gran daño a nuestro pueblo, volver a sus decisiones. Diría que hasta ahora las medidas tomadas son más o menos cosméticas, no van al fondo del problema y la agenda a retomar es larga, pero será un tema de decisión del Estado venezolano y de su equipo directivo.
—¿Qué predicciones se pueden hacer sobre el futuro del diplomático venezolano, Alex Saab, secuestrado en Cabo Verde y deportado a EE. UU.?
Venezuela sigue defendiendo con firmeza los derechos humanos y la integridad física del diplomático Alex Saab, que es un preso político del gobierno norteamericano. En su defensa se ha creado un movimiento mundial, también en los EE. UU. Esta presión internacional debe mantenerse para que se reconozcan los derechos de nuestro diplomático; quien forma parte de la resistencia del pueblo venezolano al bloqueo y la amenaza de invasión.
