Durante su viaje a Europa, entrevistamos al abogado argentino Guido Leonardo Croxatto, discípulo del gran penalista Eugenio Zaffaroni, con quien defiende al presidente peruano Pedro Castillo, detenido ilegalmente por el gobierno de facto de Dina Boluarte.
—¿En qué etapa está el juicio del presidente y qué se puede esperar?
—Nosotros presentamos recursos, ante los organismos de derechos humanos, para terminar con la detención arbitraria de Castillo, esperamos que esto se resuelva pronto. Pero estos organismos —la OEA, la ONU— son burocracias elegantes, que muchas veces no dan respuestas concretas a las violaciones graves que suceden en el mundo. Perú es un ejemplo. Allí son violados derechos civiles y políticos básicos todos los días; y sin embargo estos organismos no hacen nada al respecto. Son cómplices. Es muy decepcionante para cualquier abogado comprometido constatar esto. Creo que estos organismos necesitan una reforma o lentamente irán desapareciendo, porque los pueblos ya no creen en ellos: no se sienten representados. No saben a quién acudir. Y los abogados tampoco. No existen ya tribunales imparciales. No hay garantías de imparcialidad.
—¿Cuál es la situación ahora en Perú?
—Lo que sucede en Perú es un capítulo más de una película que ya conocemos. Detención de líderes progresistas, sin pruebas, sometidos a procesos arbitrarios, para condicionar la vida política de nuestros países. Sucedió en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Honduras. Hoy le toca a Perú. No es un caso muy distinto de los demás. Castillo quería y quiere nacionalizar recursos naturales. Esto no favorece a los intereses económicos que existen sobre los recursos de Perú. Esos intereses prefieren otro presidente.
—¿Cuánto pesa en la sociedad el chantaje de la pasada guerra de clases; considerando que los medios de comunicación se dedican a obligar, a cualquiera que se presente en el escenario político, a distanciarse de las razones que llevaron al pueblo peruano a rebelarse; incluso con las armas?
—Argentina tiene su propia experiencia en materia de comunicación y derechos humanos. Una ley debatida y apoyada por la sociedad, —Ley de Medios— que contó con el respaldo masivo de la sociedad, que fue declarada constitucional por la Corte Suprema; fue derogada por el presidente Macri a pocos días de asumir el gobierno. Los medios concentrados de América Latina no son agentes de un debate democrático ni serio de ideas. Son espacios de agresión, difamación y descalificación continua, y de noticias falsas que condicionan negativamente a la opinión pública y suelen estar orientadas a desinformar; sobre todo en materia política hay mucha desinformación. Esto conspira contra la vida en democracia y afecta más a los líderes progresistas; que son quienes confrontan el statu quo defendido por esos medios hegemónicos. Perú no es la excepción. En los medios peruanos, con muy honrosas excepciones, se descalifica y miente; se vierten contenidos sin ningún tipo de aspiración argumental, se idiotiza, pan y circo. Hay dos grandes grupos que dominan casi la totalidad de la información que circula en la prensa gráfica, TV y Radio. Es muy difícil para una voz alternativa o crítica encontrar su lugar. Los cholos, los pobladores de la sierra, las mujeres indígenas, no tienen donde expresarse. No tienen quien las escuche. Por eso protestan en las calles: para ser visibles. Y por eso la Corte Suprema prohíbe la protesta declarando que es delito; para censurar la libertad de expresión de los pueblos que no son dueños de medios de comunicación. Los ricos son los únicos que pueden realmente “expresarse“ en nuestras sociedades.
—El pueblo pide un proceso constituyente. ¿Cuál es la posición de Castillo?
Castillo apoya desde el primer día la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que incluya la cuota indígena en el Congreso y termine con la mirada neoliberal de Fujimori. Castillo pretende terminar con la constitución apócrifa de Fujimori. Yo coincido absolutamente con este proyecto. Creo que es la base de su plataforma política futura. Castillo tendrá su oportunidad en la política peruana. Su historia no está concluida. Al contrario. Con estas arbitrariedades en su contra, se vuelve cada vez más fuerte. Es notable la censura que pesa sobre él. Es notable cómo se le incomunica. Hay mucho miedo de que Castillo se exprese y convoque a la ciudadanía. Creo que llamar a elecciones no va a resolver el problema de base: que la destitución del presidente Castillo fue irregular, inconstitucional. Y esto demanda una solución jurídica. No se puede barrer o esconder esa arbitrariedad debajo de la mesa. Y la misma no se resuelve tampoco llamando a elecciones. Es una arbitrariedad que necesita una respuesta jurídica clara, para que a futuro no se repita. La cancillería peruana le acaba de solicitar al ministerio de economía 3 millones de dólares para “mejorar” la imagen de Boluarte en el exterior. Pero ni con 3 ni con 10 millones van a poder ocultar los crímenes que se están cometiendo. Pienso que podrían, para ser democráticos, llamar a un referéndum y consultarle a la gente: continuidad de Boluarte o restitución de Castillo. O nuevas elecciones, en las que no se pueda proscribir a nadie, menos a Castillo, ilegalmente destituido de su cargo. El pueblo tiene que tener la última palabra. Y el pueblo sabe reconocer muy bien las injusticias, por eso Fujimori no gana.
—¿Qué opina del secuestro de Alex Saab?
—Las sanciones nunca ayudan a los países. Además son arbitrarias. Generan un mundo cada vez más cerrado y conflictivo, sin diplomacia en serio. El bloqueo a CUBA me parece criminal. Un anacronismo y un sin sentido que habría que terminar. A la inversa, un gobierno que asesina a 70 manifestantes a balazos, que manda tanques a la universidad pública; que persigue estudiantes, periodistas, y abogados; que censura a Amnistía Internacional; ¿ese gobierno no recibe ningún tipo de sanción económica? Esta desigualdad va horadando la credibilidad de la supuesta “comunidad internacional”. Los bloqueos no sirven de nada. Solo agravan el hambre, la desigualdad, la pobreza. No hay razones “humanitarias” que los justifiquen. En los acuerdos de la UE existe una cláusula democrática, según la cual cuando un Estado no respeta los principios esenciales de derechos humanos, —como sucede hoy en Perú— ello conduce a que se frenen acuerdos comerciales. Pero en muchos gobiernos, como en la cancillería chilena, se privilegian los negocios por encima de la vida.
