Irene León, socióloga y analista política ecuatoriana, es especialista en «alternativas a la globalización y el derecho a la comunicación». Es parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH). La entrevistamos sobre la turbulenta situación en Ecuador, que se encamina hacia las elecciones anticipadas del 20 de agosto.
—¿Qué lectura hace usted de la sociedad ecuatoriana, en vísperas de las elecciones del 20 de agosto?
—Estamos en medio de un choque entre dos proyectos, entre dos modelos de país. Por un lado, el neoliberalismo que en esta fase está mostrando una capacidad destructiva inigualable: destrucción de la institucionalidad, de la seguridad, de la convivencia, de la cultura. Desde hace seis años, el retorno del neoliberalismo, que busca trasladar todos los aspectos de la vida al mercado, ha arrasado con todas las conquistas sociales que habíamos alcanzado con la Revolución Ciudadana. No se trata solo de Ecuador, sino de un proyecto más amplio articulado a los poderes fácticos del capitalismo: las corporaciones transnacionales, el capital financiero, el complejo militar-industrial y ahora aquel de los capitales ilícitos que vemos esparcirse en Ecuador y en muchos otros países del mundo. Todo esto tiene graves consecuencias socioeconómicas, como siempre ocurre cuando se produce un retroceso de esta magnitud en un país que, como el nuestro, había vivido una situación muy diferente con la Revolución Ciudadana. Con el retorno del neoliberalismo el país está inmerso en el caos y la violencia relacionada con la desregulación de todo y la eliminación de una política de seguridad propia. En el lado opuesto, está la propuesta de un país soberano, articulada con un proyecto de integración regional, con las iniciativas geopolíticas del Sur y con el enfoque de mundo multipolar. Para Ecuador es más que significativa la posibilidad de retomar un proyecto de país soberano, en la línea de la Constitución vigente que es la del Buen Vivir, que fundamenta no sólo la diversidad económica y productiva o la economía del cuidado, sino que propone una organización de la sociedad que coloca la vida en el centro y no la reproducción del capital.
—En la contienda electoral para suceder a Guillermo Lasso figuraban 8 candidaturas, ahora son 7 tras el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato que levantó su currículo político con la elaboración de “casos” que sirvieron para sustanciar el lawfare que aún afecta al país. Villavicencio representaba al Movimiento Construye, liderado por la exministra del gobierno de Moreno, María Paula Romo, reconocida por la cruel represión infringida a los movimientos populares e indígenas en 2019, conjuntamente con Patricio Carrillo, actual candidato principal de ese movimiento a la Asamblea y que como ministro del interior de Lasso, lideró también la política represiva durante las protestas de 2022 y quien representa a los sectores más reaccionarios de la policía en Ecuador. ¿Qué opina de este asesinato —el primero de un candidato presidencial en Ecuador— y cómo se llegó a este punto, considerando que antes Ecuador era considerado un país seguro?
—Nos encontramos en un contexto electoral suigéneris, provocado por una medida tomada “in extremis” por el gobierno del presidente Lasso, “la muerte cruzada” que implicó la suspensión y cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta medida es constitucional aún si en este caso no se respetó el procedimiento estipulado. Pero, en fin, estamos en vísperas de elecciones generales, presidenciales y legislativas, en un contexto caracterizado por un brote inédito de violencia política; direccionada hasta aquí principalmente contra el Movimiento Revolución Ciudadana, la principal fuerza política del país. En este escenario se produce el asesinato del señor Villavicencio, un representante de la derecha con una reconocida afinidad con el presidente Guillermo Lasso y sus entornos, que defendió decididamente al presidente con ocasión de su comparecencia a la Asamblea Nacional, que tenía entre sus elementos la investigación de las relaciones del entorno presidencial con una cierta mafia albanesa, pero que no llego a dilucidarse; pues el presidente disolvió la Asamblea. Estamos entonces ante un hecho grave, que lastima al país y a su frágil democracia. Sin embargo, es una expresión del fuerte ascenso de la violencia, correlacionada con la desinstitucionalización operada en estos 6 años de retorno al neoliberalismo. Asimismo, esto muestra la banalización de la política, que también impulsa el neoliberalismo, que considera a las formas organizativas obsoletas; toda vez que valora un enfoque empresarial de la gestión del Estado. En ese contexto de deslegitimación de las organizaciones políticas, entran en el escenario incluso actores ilícitos. Según medios nacionales, ya en febrero 2023 se contaban 61 ataques políticos y 22 políticos asesinados. Esto sólo puede producirse en el caos implantado y hasta propiciado por los gobiernos neoliberales. Como parte de este ambiente, se hicieron públicas las amenazas recibidas por miembros de la autoridad electoral; lo que demuestra que la violencia política también se dirige contra esta institución. De hecho, ante un escenario de victoria de la candidatura de la Revolución Ciudadana, en los últimos días medios de comunicación corporativos y actores de la derecha han ido colocando demandas de aplazamiento de las elecciones, e incluso no faltan quienes aducen la necesidad de un gobierno de transición integrado por militares; con el fin de evitar el retorno del “correísmo”.
—A pesar de estar inmerso en el sistema político que describes, Villavicencio había hecho de la «seguridad» y la «legalidad» su fuerte. ¿Cómo entiende Ud. el problema de la «seguridad»?
—Que el crimen organizado se muestre como parte de los actores presentes en un país en caos, es parte de las dinámicas de liberalización del mercado y del sector financiero impulsado por los neoliberales. Es la otra cara de los poderes facticos que gobiernan y pesan en la sociedad: incluso por encima de los gobiernos. Desde hace seis años, Ecuador ha ido cayendo en un precipicio donde se presentan abiertamente estos nuevos actores de poder, que consideran al país como un punto estratégico para el tránsito de drogas y para el lavado de dinero, con tácita anuencia de actores gubernamentales. Por esta razón, es erróneo plantear el problema sólo en términos de «seguridad». Debe ser considerado en términos más generales, como consecuencia de la desvinculación del Estado de sus funciones a favor de una supuesta autorregulación de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado, que persiguen sus propios intereses, no pueden “autorregular” la seguridad, ni suplir la necesaria tarea de cuidado, del bien común y de la seguridad ciudadana que corresponde al Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar y coordinar todos estos elementos conforme a la legislación nacional y la Constitución, no puede transferirlos a terceros. Y no puede tampoco transferir la defensa de la patria a terceros países. Por el contrario, en Ecuador, en esta fase de retorno al neoliberalismo, y especialmente con el gobierno de Lasso, se intenta transferir la responsabilidad de la seguridad y la defensa nacional a fuerzas estadounidenses principalmente. Incluso en el marco de la campaña electoral, varios actores de la derecha aducen la violencia a la ausencia de la Base estadounidense de Manta, expulsada por el gobierno de Rafael Correa por ser incompatible con la Constitución que prohíbe las bases extranjeras. La agenda de la derecha, en cambio, contempla un reposicionamiento estratégico que pone en entredicho el control soberano de la defensa nacional.
—El uso del poder judicial para fines políticos, el lawfare, es hoy una práctica experimentada por las clases dominantes para deshacerse de sus oponentes políticos. Una práctica que, en su país, hemos visto desarrollarse desde 2017, tras la elección de Lenín Moreno, conocido como traidor a la Revolución Ciudadana. Así, muchas figuras políticas vinculadas a gobiernos anteriores fueron perseguidas o condenadas, comenzando por el vicepresidente Jorge Glas y el mismo expresidente Correa. ¿Cómo analiza usted este fenómeno y el peso que ha asumido en la política actual, tanto en el Ecuador como a nivel internacional?
—Un elemento clave para el análisis de lo que aquí sucede es que el país está inmerso en un intenso proceso de judicialización de la política e instrumentalización del poder judicial para la persecución de actores de proyectos alternativos de cambio. Esto va acompañado de una persecución mediática. Esto ha operado principalmente contra la dirigencia de la Revolución Ciudadana, que tiene a sus líderes aún en el exilio. No se puede entender el Ecuador de hoy sin considerar este proceso de lawfare. Revolución Ciudadana, que ya lleva 4 políticos asesinados en el proceso electoral de este año, es un movimiento que, desde el regreso del neoliberalismo, es afectado por una persecución y un asedio sostenidos, no obstante sigue siendo considerado la principal fuerza política. En este contexto electoral, todas las encuestas, apuntan a Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, como ganadora, quien podría pasar en la primera vuelta.
—Usted es una de las impulsoras de un llamamiento internacional contra la violencia política de género. ¿Cómo se expresa esta violencia en Ecuador?
—Para ser la representante de la primera fuerza política, proyectada hacia la victoria electoral en primera vuelta, Luisa González se arriesgó a ser atacada, sufrió amenazas y violencia política precisamente por ser mujer y de izquierda. Es un fenómeno muy evidente en Ecuador, pero también en otros países de América Latina y más allá. Las mujeres que llevan a cabo proyectos alternativos al capitalismo son objeto de violentos ataques machistas por parte de movimientos políticos y actores de derecha. Le pasa a Luisa, pero también les sucedió a otras parlamentarias, ahora depuestas por haber asumido vocerías, entre otras, en las investigaciones del caso Lasso en la Asamblea Nacional a principios de este año y por haber denunciado, entre otras cosas, los vínculos de Lasso o en todo caso de su entorno, con sectores ilícitos. Hay expresiones de una violencia política inaudita e impune hacia las mujeres de izquierda. La agresividad del machismo político contra Luisa González tiene que ver también con el rechazo de la derecha a las propuestas de igualdad del proyecto de Revolución Ciudadana que ella representa. Además, el pueblo expresa, de modo creciente, que con la Revolución Ciudadana el país estaba mucho mejor y rechaza el caos actual al que lo ha arrojado el neoliberalismo.
—Ud. forma parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), que cumple veinte años. ¿Cómo evalúa este tipo de compromiso y qué evolución ve en el futuro?
—Desde hace veinte años, la REDH impulsa una propuesta de pensamiento y acción para propiciar cambios sistémicos y generar ideas para sustentarlos. Nació haciendo un llamado a la defensa de Cuba como una responsabilidad ética, no sólo para intelectuales y artistas sino también para la humanidad. Al cumplir veinte años, esta REDH se propone a renovar y ampliar su propuesta en defensa de la humanidad; en un momento en el que este es un reto de alcance planetario. Es imprescindible fortalecer la defensa de Cuba, e incluso valorar más ampliamente sus aportes para la construcción de un mundo diverso y con modos relacionales basados en el respecto de los seres humanos. Este posicionamiento de la REDH es extensivo al proyecto de integración regional y defensa de la soberanía, especialmente en situaciones como la de Venezuela, afectada por medidas coercitivas unilaterales y un cerco permanente. En esta nueva etapa, la REDH manifiesta la voluntad de comprometerse, a partir del pensamiento y la creatividad, en la construcción de un proyecto de cambio para el mundo entero; en un contexto de graves y crecientes amenazas para la humanidad.
