El abogado y comunicador popular explicó que en todas partes del mundo, la labor de estos entes es regulada por el Estado
―La aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales ha desatado una polémica nacional e internacional. ¿Significa que en esos países que se nos presentan como ejemplos de democracia y respeto a las libertades, esas organizaciones andan por la libre?
―Esa polémica demuestra, una vez más, el doble rasero que se aplica a muchos temas. De una forma se juzga a países como Venezuela, y de otra a las naciones donde gobierna la derecha. La regulación de la actividad de las ONG no es algo nuevo; ni en el país ni a nivel internacional. En Estados Unidos las ONG tienen varias normativas y, para citar un solo ejemplo, tenemos la regulación a las Nonprofit 501-C-3, en la que se establece que estas organizaciones deben ser de carácter social o filantrópico y que no deben inmiscuirse en asuntos de carácter político. Eso es importante porque, como bien sabemos, muchas de la ONG que operan en Venezuela, supuestamente conformadas con intereses sociales y sin ánimo de lucro, reciben financiamiento de instancias del gobierno de Estados Unidos y tienen un propósito político muy claro.
―Y en Estados Unidos, a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, estas organizaciones deben rendir cuentas ante el gobierno federal porque si no lo hacen pueden ser acusadas de ser financiadas por entes vinculados al terrorismo, en cuyo caso sus directivos quedan sujetos incluso a graves sanciones penales. ¿Es así?
―Es correcto. Todas las ONG que operan en Estados Unidos deben estar registradas. En el mundo se estima que hay unos 10 millones de ONG y solo en Estados Unidos hay un millón y medio. Ellas deben presentar cuentas públicas de quiénes son sus financistas, cuánto dinero reciben al año y otros aspectos jurídicos. Existe una normativa en un país como Estados Unidos, que aplica el doble rasero cuando Venezuela también trata de poner orden en el funcionamiento de estas organizaciones.
―¿Qué aspectos, a grandes rasgos, regula este proyecto de ley que ha sido aprobado en primer debate?
―De hecho, hay que destacar que en estos momentos la Comisión de Política Interior ha abierto un proceso de consulta pública, tanto presencial como virtual. La ley es la materialización del artículo 52 de la Constitución, que estipula el derecho de toda persona a asociarse y organizarse con fines lícitos y que el Estado debe facilitar esta práctica. Lo que se busca con esta ley es dar orden y registrar la cantidad de ONG que funcionan en Venezuela, y establecer quiénes son sus financistas (si son nacionales o internacionales). Y establece sanciones en diversos grados para las ONG que incumplan esta normativa.
―¿Penales, incluso?
―Más bien de inhabilitación política, un tipo de sanciones que también se aplica en Estados Unidos. Pudiera ser que dentro del marco de la consulta que se está dando, el Poder Popular recomiende incluir sanciones penales. Sería válido.
―Voceros de algunas ONG de derechos humanos dicen que esta ley eliminaría a estas organizaciones que, según ellos, son el último bastión que queda contra “la dictadura venezolana”. Como directivo del Consejo Nacional Bolivariano de Derechos Humanos, ¿usted cómo lo ve?
―En 2016, el Consejo Nacional Bolivariano de Derechos Humanos, del cual soy vicepresidente, participó en unas jornadas de consulta del primer Plan Nacional de Derechos Humanos que ha tenido el país. En esa consulta estaban varias ONG, entre ellas Control Ciudadano y Una Ventana para la Libertad. Los representantes de esas ONG expresaron sus puntos de vista con total libertad, y debatimos al respecto porque tenemos visiones totalmente opuestas a las de esas organizaciones. ¿Entonces, cómo hablar de un cercenamiento de la libertad de expresión si estuvieron en esas deliberaciones? Todo es parte de las campañas comunicacionales para apuntalar la agresión contra Venezuela.
―¿Quiénes financian a las ONG relacionadas con la oposición y que están en campos como los derechos humanos, la libertad de expresión o la ecología?
―Son varios. Algunos son bastante conocidos, como la National Endowment for Democracy (NED), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Instituto Republicano Internacional (IRI), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)… Como dato interesante, el diputado Diosdado Cabello habló de 62 ONG que reciben financiamiento foráneo, pero el parlamentario opositor José Brito ha dicho que ese número se queda corto porque en un listado, elaborado durante su tiempo como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, son mucho más. Brito no dio la cifra, pero se estima que son hasta 150. La mayoría de ellas recibe financiamiento para participar en campañas de agresión contra Venezuela. Son organizaciones no gubernamentales acá, pero dependen de los fondos públicos de los países que las sostienen.
―Allí radica la gran mentira: son antigubernamentales en Venezuela, pero dependen de organismos gubernamentales, como la Usaid en Estados Unidos o de entes paraestatales, vinculados al “Estado profundo” y las grandes corporaciones. ¿Cierto?
―Sí, incluso funcionan como lobbies. Una ONG debería encarnar principios filantrópicos, sociales, sin ánimo de lucro; pero en el caso de Estados Unidos, el lobby actúa como grupo de presión internacional que obedecen ciertos y determinados intereses.
―También hay un trasiego de recursos: las ONG reciben financiamiento exterior y drenan ese dinero hacia liderazgos, partidos, organizaciones con fines políticos. ¿Eso quedará regulado en la ley?
―En Venezuela hay una regulación para los partidos políticos. El que quiera hacer política y alcanzar el poder tiene que constituirse en grupo de electores o partido político. Muchos de los que se constituyen en ONG deberían constituirse más bien en partidos políticos y salir a la calle a convencer a la gente.
―Se está hablando de la necesidad de regular esta materia desde principios de siglo, cuando se supo del dinero aportado por la NED a la supuesta ONG Súmate. ¿Por qué no se ha aprobado hasta ahora esa normativa y por qué se está haciendo ahora?
―No es la primera vez que se legisla sobre esa materia. En su momento, Eva Gollinger propuso una Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional que fue impulsada por el comandante Chávez y aprobada por la AN en 2010. Y se aprobó una Ley de Cooperación Internacional muy parecida a la actual. Creo que es un asunto de voluntad política y ahora debe apoyarse con la consulta abierta al público, incluso de los sectores adversos para que luego no se diga que fue una acción unilateral.
