Rostro joven, viejos intereses. El neoliberalismo ha ganado en Ecuador. Después del banquero Guillermo Lasso, —quien prefirió disolver la Cámara para evitar ser impugnado por malversación de fondos públicos, y aplicar el mecanismo institucional de la «muerte cruzada» que permite de convocar elecciones anticipadas— viene el empresario Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del país que fue candidato a presidente cinco veces. La vicepresidenta es Verónica Abad; una «libertaria» que mira a la ultraderecha argentina, al trumpismo de Javier Milei.
Con el 94% de los votos escrutados en la segunda vuelta del domingo 15 de octubre; de 13,5 millones de electores habilitados, 515.022 (52,02%) votaron por Noboa; en contra de las 475.0768 preferencias (47,98%) obtenidas por la fórmula de izquierda, que proponía a Luisa González como presidenta y a Andrés Arauz como vicepresidente, y que había obtenido el 33% de los votos en la primera vuelta del 20 de agosto.
Después de una campaña silenciosa que, en la primera vuelta, le permitió mantenerse a salvo de la polémica y no ser atacado ni siquiera por la acusación de malos tratos formulada contra él por su ex esposa, Noboa quedó en segundo lugar; obteniendo el 23,6% de los sufragios. Apareció como el outsider, la sorpresa capaz de lograr un consenso «bipartidista». Y ahora ha ganado, presentando una imagen de joven emprendedor, de 35 años, que se ha «hecho a sí mismo», y que ha sabido hablar con las generaciones más jóvenes.
Nada más lejos de la verdad. Daniel Noboa es un descendiente de la oligarquía. Detrás de él está una de las familias más poderosas, propietaria de la empresa Exportadora Bananera Noboa, y que se ha beneficiado de conexiones políticas y leyes creadas específicamente para proteger los intereses capitalistas. Ella es la primera en deuda tributaria, ya que le debe al estado $88,5 millones.
Según la prensa brasileña, el nombre de Daniel Noboa aparece en la investigación de los Papeles de Pandora, que reveló la gigantesca red de evasión fiscal de grandes empresas a nivel internacional. Una acusación que ya se le había hecho a su adjunta, Verónica Abad. La cantidad de dinero que el empresario transfiere al exterior no coincide con la modesta cantidad que declara ante las autoridades fiscales.
Pero esto no fue suficiente. El empresario logró cristalizar los grandes intereses que han vuelto a tener en sus manos al país; después de los diez años de gobierno de la Revolución Ciudadana que había transformado al Ecuador. El programa con el que hizo campaña Noboa es claramente neoliberal. Sin embargo, hubo un toque de ambientalismo, para aprovechar el pool electoral que dijo sí al referéndum para detener la explotación del Bloque 43-ITT. Uno de los yacimientos ubicados en el Parque Nacional Yasuní, reserva de biodiversidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana.
La propuesta también fue presentada para poner otra espina en el zapato de la candidata correísta, quien de todas formas había declarado desde el principio que respetaría los resultados del voto popular. El asunto del Parque Yasuní, que Rafael Correa hubiera querido dejar incontaminado lanzando la propuesta de compensación internacional, se convirtió en un tema de conflicto político durante los últimos años de su gobierno.
Por lo tanto, Noboa tendrá que prescindir de una producción promedio de 58.000 barriles de petróleo por día, aproximadamente el 11% de la producción total de petróleo del país, que ronda los 480.000 barriles. Ecuador es un país de 17,8 millones de habitantes, que se extiende sobre una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, un país dolarizado desde el año 2000. Tiene una deuda externa de 46.351 millones de dólares, que va en aumento tras el devastador terremoto de 2016, que permitió el regreso del FMI; sin más frenos tras el fin de los gobiernos de Correa.
La economía ecuatoriana depende principalmente de la exportación de petróleo, y luego de la de camarones, plátanos, conservas de pescado, flores naturales y cacao. Las ventas exteriores se dirigen principalmente a Estados Unidos y Europa, con la relativa vulnerabilidad que ello supone en los ingresos, debido a la fluctuación de los precios de estos productos en los mercados internacionales.
Se estima que la explotación de esa porción del Parque, el Bloque 43-ITT, reportaría aproximadamente 1.200 millones de dólares. Una cifra cuestionada por los ecologistas, que proponen sustituirla por un impuesto sobre la renta. Mientras tanto, el portavoz del Colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo, ha difundido un vídeo en las redes sociales en el que el banquero Lasso declara que el referéndum es «inaplicable» y que hará todo lo posible para que las perforaciones continúen. Cómo fue posible pensar que el capitalista Noboa terminaría penalizando sus riquezas es un misterio. Poder de la propaganda, que induce a los explotados a identificarse con los explotadores.
Así, aunque el movimiento indígena Pachakutik no tomó una posición oficial, en vísperas de la segunda vuelta hubo declaraciones de que sus jóvenes votarían por Noboa, quien postuló por el partido Acción Democrática Nacional (ADN). En la coalición estaban tanto Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), formación fundada por el primo del expresidente Lenin Moreno, que se define como de centroizquierda, y Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático (MOVER), nombre adoptado por Alianza País, al que perteneció Correa, y que cambió de nombre tras la ruptura con Moreno.
Noboa parecía así estar al frente de una fuerza centrista, capaz de superar el choque entre bandos opuestos, capaz de reunir los votos tanto de los indecisos como de aquellos, incluso de izquierda, que pedían un «voto nulo político» por aversión al “correísmo”. Sin embargo, estaban en juego dos modelos de país distintos: el neoliberal, con diversas modulaciones de frecuencia, y un modelo inclusivo y anticolonial, integrado al proyecto de la Patria Grande, atento a la defensa de los derechos de los sectores populares, representados por Luisa González, del partido Revolución Ciudadana.
En un país empobrecido y con una altísima tasa de desempleo, el programa de Luisa prometió fortalecer el Estado, incentivar las obras públicas, utilizar la reserva fiscal para atender emergencias, garantizar y ampliar derechos, fortalecer la cobertura social y aumentar los fondos para la prevención de desastres naturales, y respetar la Constitución.
Respecto al objetivo de «democratizar la economía», González propuso, entre otras cosas, un plan de «justicia económica con igualdad de oportunidades, a través del fortalecimiento de los mecanismos de protección al consumidor; la democratización del acceso a los recursos financieros en la banca pública, y la bajada de los tipos de interés”, con una inyección de 2.500 millones de dólares a la economía para el sector público.
Otro punto importante de su programa se refería al trabajo de las mujeres, que debería desarrollarse en un ambiente de igualdad de oportunidades y libre de violencia y acoso; y a la protección de la maternidad y el reconocimiento del trabajo de cuidado y crianza de los hijos. Además, se habría proporcionado ingresos económicos y una alternativa de vivienda a las mujeres víctimas de violencia, al mismo tiempo que se contemplaban medidas para combatir la violencia doméstica y sexual.
Las y los ecuatorianos tuvieron acceso a las urnas desde las 7 am (hora local) hasta las 5 pm. El 12 de octubre los presos en espera de juicio votaron en 35 de los 39 centros penitenciarios ubicados en 20 provincias del país. En total, 4.756 personas, 2.484 de ellas sólo en Guayas, la provincia con mayor población carcelaria. El país cuenta con 53 cárceles, que en total tienen capacidad para albergar a 30.000 personas, pero albergan a 1.187 más. El 16% de los reclusos aún no han sido llevados a juicio.
Las cárceles en Ecuador se han convertido en verdaderos polvorines. Desde 2020, ha habido más de 400 muertes en una serie de masacres debidas a protestas o enfrentamientos de pandillas. En julio, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de emergencia en las prisiones por 60 días. Una violencia que no sólo es carcelaria, sino que se ha vuelto endémica en el país que, en 5 años, ha pasado de un promedio de 5,8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes a 25,32 durante 2022, alcanzando una cifra de más de 3.500 muertes.
También han sido asesinados varios políticos, jueces, fiscales y candidatos, como le ocurrió al periodista Fernando Villavicencio, del Movimiento Construye, ultimado el 9 de agosto tras un acto electoral en Quito, la capital, y posteriormente sustituido por su colega Christian Zurita. También fueron asesinados durante la campaña electoral: Pedro Briones, del Movimiento Revolución Ciudadana, el 14 de agosto en su domicilio; y el candidato a asambleísta por Esmeraldas, Rider Sánchez Valencia, el 16 de julio. Siete colombianos acusados de matar a Villavicencio fueron eliminados en prisión en octubre.
En la primera vuelta, Luisa González, única mujer entre 4 representantes de otras tantas variantes de derecha (Otto Sonnenholzner, Xavier Hervas, Daniel Noboa Azin y Jan Topić), tuvo más de un argumento de campaña electoral sobre la seguridad. Propuso un nuevo modelo, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica, en definitiva, un plan para resolver las causas que producen la violencia.
Con los datos en la mano, pudo mostrar el abismo en el que cayó el país tras el fin de los gobiernos de Correa y la traición de Lenin Moreno (a quien Correa había nominado), transformándose de uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más inseguros del mundo. Sin embargo, fue precisamente en el tema de la seguridad donde se desató el clamor de la derecha para pedir «mano dura» según el modelo Bukele en El Salvador, al que se refirió explícitamente uno de los candidatos, Jan Topić. El único que expresó de inmediato la decisión de converger sus votos en Noboa, aunque el impulso para unirse contra el «correísmo» fue fuerte en todos los sectores de la derecha, y también en una parte de la izquierda radical.
La campaña electoral, tanto en la primera vuelta como en la segunda, estuvo caracterizada por quejas, calumnias y golpes bajos que apuntaban a Luisa González. Inmediatamente después del asesinato de Villavicencio, citando supuestas declaraciones de un testigo en prisión, Zurita afirmó que el instigador del asesinato fue el «gobierno de Correa«. Una campaña sucia “para impedirme ganar las elecciones” —denunció González— “Hace 6 años que no estamos en el gobierno” —afirmó—. “Por favor, ecuatorianos, basta de odio y mentiras. Las elecciones hay que ganarlas con propuestas, con amor a la Patria, no con odio y miedo. Es necesario cambiar este país profundamente«.
Un llamamiento que no fue escuchado. Y si las denuncias de malos tratos presentadas por su ex esposa no pesaron sobre Noboa, Luisa, quien también sufrió un atentado, fue blanco de los ataques de la derecha que ha intentado impedir por todos los medios el regreso de la Revolución Ciudadana; persiguiendo el proyecto dirigido desde hace diez años por Rafael Correa mediante el lawfare, (uso del poder judicial con fines políticos), que ha incapacitado a los dirigentes prohibiendo utilizar el símbolo y encarcelado a los militantes.
Ya desde la traición de Moreno y el cambio de rumbo en la política internacional, la presencia estadounidense en el territorio ha vuelto a ser habitual. Así, el FBI también entró en el caso de Villavicencio. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha prometido 5 millones de dólares a quien aporte información útil a la investigación, mostrando hasta qué punto Ecuador está bajo tutelaje estadounidense.
Sin embargo, la nueva presidencia sólo durará solo 16 meses, hasta el próximo mes de mayo, hasta concluir el mandato del banquero Lasso. Mientras tanto, el correísmo ya ganó 48 municipios en las elecciones regionales del pasado febrero, incluidas las ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil. Cifras capaces de contrarrestar, sobre todo con la movilización popular, las políticas de la derecha, de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
