Por Alfredo Carquez Saavedra
Que no se confunda el lector. No se trata de un error. Sí, el concepto a tratar en este texto es el de la Internalización Petrolera, idea opuesta a la Internacionalización Petrolera, asunto que fue tratado en la columna anterior.
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Esta tesis defiende la necesidad de llevar a cabo el desarrollo industrial en el país, a partir de la explotación de los hidrocarburos. Uno de sus más reconocidos defensores, Álvaro Silva Calderón, la calificó en su momento como una estrategia imprescindible para profundizar la nacionalización del sector. Hoy día podría afirmarse que llevarla a cabo contribuiría a garantizar nuestra soberanía.
La Internalización Petrolera –siempre relegada ante la vocación exportadora que ha tenido la industria del petróleo en Venezuela, desde la llegada de las compañías británicas y estadounidenses– destaca la importancia de invertir parte de los recursos originados por la colocación de los barriles de oro negro en los mercados internacionales en el mercado nacional, pero con el objetivo de fomentar el desarrollo de corrientes de refinación y procesamiento, tanto de crudo como de gas natural, en las que se generen productos terminados o intermedios para una gigantesca gama clientes nacionales y extranjeros de sectores tales como el textil, alimentario, energético, farmacéutico, construcción, transporte, etc.
Un ejemplo de la importancia de aplicar estrategias coherentes y duraderas en el tiempo, que apunten a lograr la meta arriba descrita, lo podemos encontrar en el pasado, con la entrada en vigencia de la Ley de Hidrocarburos de 1943, durante el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita.
Al respecto, Medina explica en su libro Medina ante el Pueblo que “como condición especial de las nuevas concesiones, sin excepción, se dispuso que diez por ciento del petróleo extraído de las mismas no podría ser refinado en un área que se demarcó geográficamente, para impedir que nuestro petróleo fuera refinado en aquellas partes en dónde no se iba a consumir, área que comprendía además, regiones que son mercados naturales para los productos refinados de Venezuela”.
Esta condición – agrega- fue causa de observaciones por los gobiernos de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos.
En el documento citado, el mandatario indica que en “conversación con el embajador de Estados Unidos, me dijo que esta condición iba en contra de los principios naturales del comercio… Le contesté que a mi parecer lo que iba contra las corrientes naturales del comercio era que el petróleo nuestro fuera llevado a territorio no venezolano para ser refinado y después reexportado a los países de consumo. En vista de este reclamo di instrucciones al ministro de Fomento de paralizar toda tramitación de nuevas concesiones mientras los gobiernos reclamantes no reconocieran el derecho que teníamos de vender nuestro petróleo en las condiciones fijadas, no por el capricho de un gobernante, sino por el interés nacional, y tuvimos la satisfacción de que, pocas semanas después, los gobiernos objetantes reconocieran nuestro derecho en sendos memorandas dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Ese instrumento legal que tuvo muchos aspectos positivos (entre otras razones porque ordenó el régimen de concesiones, aumentó los ingresos fiscales y la participación del Estado venezolano en el negocio) hizo posible la construcción de las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande; Puerto La Cruz y El Palito, centros de procesamiento que demuestran cada vez más su vital importancia para el país a medida en que se ha ido agravando el cerco financiero, logístico y diplomático ordenado por Donald Trump y acatado sin chistar por algunos socios de la Unión Europea.
