La noticia estaba en el aire y causó sensación: en Colombia la Corte Suprema de Justicia ordenó casa por cárcel al ex presidente Álvaro Uribe, acusado de fraude y soborno de testigos. En la orden de detención preventiva, que luego se transformó en detención domiciliaria, se afirma que existe el peligro de que el ex presidente contamine las pruebas que lo involucran y que el juicio tiene que terminar, como máximo, dentro de un año. Una medida inédita que el poderoso Uribe, padrino del actual gobernante Iván Duque, impugnó de inmediato, declarando “sentir tristeza”, y dejando hablar al coro de protesta de sus partidarios.
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El campo opuesto, animado por quienes intentaron llevarlo a juicio por docenas de delitos relacionados principalmente con violaciones de derechos humanos contra la oposición armada durante la década de 1990, salió a la calle a celebrar. También hay muchas denuncias pendientes contra Uribe con respecto a sus relaciones con el narcotráfico, en particular con el Cartel de Medellín, cuando fue director de Aeronáutica Civil y alcalde de Medellín.
Son unos sesenta procedimientos en su contra que van desde asesinatos hasta compra de votos. La Corte Suprema está examinando 14 expedientes, mientras se han presentado otras 45 denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de representantes. En su larga vida política, Uribe también ha sido acusado de complicidad con el narcotraficante Pablo Escobar y de haber participado en la masacre de El Aro, donde murieron 15 campesinos. El paramilitar que acusó a Uribe de ser instigador de la masacre, perpetrada por las Autodefensas, fue asesinado. Y se sospecha que Uribe mandó a matar también a su ex amigo Pedro Juan Moreno, muerto en un accidente aéreo.
El ex presidente de 68 años, oriundo de Medellín, todavía muy poderoso y popular, siempre se las ha arreglado para salirse con la suya, pero esta vez parece haber resbalado con la clásica concha de cambur: el diablo, como dicen, acecha en los detalles.
La historia comenzó en 2014 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, durante un debate en el Congreso acusó a Uribe de connivente con paramilitares y narcotraficantes. La queja se basó en las declaraciones de algunos ex paramilitares que mostraron cómo Uribe, junto con su hermano Santiago, habían fundado un brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llamado Bloque Metro.
Una banda armada que, desde hace décadas, ha construido los «falsos positivos» en los que hacían pasar por guerrilleros a ciudadanos de a pie, opositores o mendigos asesinados. Durante los gobiernos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) hubo 5.763 víctimas civiles. Esto fue para justificar la guerra sucia contra la oposición, una guerra lujosamente financiada por Estados Unidos con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo y el narcotráfico» promovida en el programa gubernamental «Seguridad democrática».
Un tema de campaña fuerte para Uribe, que había ganado las elecciones de 2002 prometiendo reducir el gasto público y acabar con las guerrillas. Su hermano Santiago, en prisión, se enfrenta a un proceso de creación de otro grupo paramilitar, el de los Doce Apóstoles.
Grupos que, tras la disolución oficial de las AUC, están operando de la misma manera pero camuflados en otras funciones, como las de contratistas de seguridad privada que acompañan a las multinacionales en la explotación salvaje de los territorios.
Desde la firma de los «acuerdos de paz», que deberían haber conducido a una solución política del conflicto armado en Colombia, han sido asesinados más de 250 indígenas, 210 ex combatientes, y Colombia tiene un triste historial de ambientalistas muertos.
Aunque los asesinatos de ex guerrilleros, campesinos o ambientalistas, son casi diarios (más de 100 en 2020) para trivializar su naturaleza política, Uribe acuñó una nueva definición: BACRIM, que significa Bandas Emergentes y Bandas Criminales. Un entorno que, según innumerables quejas, el abogado y empresario líder del Centro Democrático, conoce bien.
Cuando Cepeda motivó su denuncia ante el Senado, Uribe lo acusó de sobornar a los ex paramilitares presos para acusarlo. Después de unos años de investigación, en 2018, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Cepeda y, en cambio, abrió procedimientos contra el ex presidente por soborno de testigos a través de uno de sus abogados, Diego Cadena.
Central es la figura de Juan Guillermo Monsalve, uno de los 42 testigos involucrados en el caso, que cumple una condena de 40 años de prisión como ex miembro del Bloque Metro de las AUC. Monsalve, que había apoyado la denuncia de Cepeda, dijo que dos de las masacres cometidas por paramilitares se organizaron en una finca en Antioquia, propiedad de la familia Uribe. El testigo luego trató de retractarse, confesando sin embargo que había recibido presión, como otros reclusos.
Los hechos aparentemente casuales que temporalmente llevaron a Uribe a su detención, se referían a la intersección con otra investigación realizada por la policía judicial que, después de horas de escuchas telefónicas, habría descubierto que una de las líneas controladas se refería a Uribe.
Para esto, sus abogados han tratado de evitar que las escuchas se presenten como evidencia en la investigación por sobornos, pero hasta ahora sin éxito, y en la orden de detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia afirma tener «pruebas sólidas y testigos”.
Mientras tanto, mientras las muertes por coronavirus en Colombia ya superan las 11.600, el ex presidente y sus dos hijos también dieron positivo por Covid-19, y un equipo médico acudió a su finca en Córdoba. Mientras tanto, las discusiones, análisis, controversias y conjeturas están en pleno apogeo.
“Los tiranos quieren convencernos de que son intocables, que pueden hacer lo que quieran contra la gente porque de todos modos no pasará nada”, escribió el partido Farc, “pero la verdad es que por intocables que sean, los pueblos terminan triunfando sobre ellos”.
Pero precisamente la presencia de las FARC en el Congreso, le sirve al Centro Democrático como pretexto para apoyar a su máximo representante: “Los terroristas están en el Congreso”, dicen, “mientras el senador más votado en la historia del país, con 875.554 preferencias, está detenido”.
Hasta ahora, Uribe ha sido también un hombre capaz de resolver contingencias internas, pero quizás las cosas están cambiando. Todavía, para defenderlo (y defenderse a sí mismos), el partido también se está centrando en la propuesta de una Asamblea Constituyente que tiene como objetivo «reformar la justicia», obviamente en beneficio de la oligarquía.
Los senadores del Centro Democrático proponen una Corte única, quieren suprimir la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Una propuesta rechazada por la oposición que también deja tibio al presidente Duque. Incluso si Uribe hubiera declarado que no volvería a postularse, su detención está proyectada para las elecciones de 2022. ¿Esta sentencia debe considerarse una señal? ¿Se acabó la carrera política de Uribe?
Ciertamente, la fuerte presencia de la izquierda demostrada en las últimas elecciones también ha socavado algunas nominaciones en la esfera judicial, por ejemplo la del fiscal general Ordoñez, el Torquemada de Uribe, y ha conquistado pequeños apalancamientos.
Sin embargo, como lo está demostrando el respaldo a favor de Uribe, la fuerza de la derecha en una democracia bloqueada, militarizada y dependiente de Estados Unidos como la de Colombia, sigue siendo poderosa. También podría prescindir de Uribe, cuya popularidad además va a la baja, y buscar otro representante más presentable.
De hecho, esta decisión podría anunciar la voluntad de las clases dominantes de cambiar de caballo para prepararse para administrar un país, más sacudido aún por las lacerantes contradicciones exacerbadas por la pandemia.
Llama la atención que el periódico de centro derecha, El Tiempo, destacara una investigación del Centro Nacional de Consultoría (CNC), según la cual Duque todavía tendría una aprobación del 61% de la población.
Sin embargo, la información destacada es cómo la mayoría de los encuestados (37%) considera que el principal problema que enfrenta el país no es la pandemia (primera preocupación para el 27%), sino la corrupción.
En tercer lugar, los colombianos están preocupados por el desempleo, mientras que las cifras oficiales dicen que, en junio, en las 13 ciudades de las áreas metropolitanas, el desempleo era del 24,9%, y que el 46,1% se dedica al trabajo informal, muy incierto durante la pandemia.
Duque también es cuestionado por un escándalo judicial relacionado con Samuel David Niño Cataño, piloto personal de Uribe, en la primera fila de la campaña electoral de Duque, quien falleció el 3 de diciembre en la frontera entre Guatemala y México. Cataño es considerado el vínculo entre el gobierno y el narcotraficante Hernández Aponte, fallecido en Brasil, involucrado en la compra y venta de votos para la elección de Duque.
Este último dijo que desde que llegó al gobierno, en 2018, hasta la fecha ha extraditado a más de 300 narcotraficantes a Estados Unidos, y ha reivindicado la decisión de acoger la presencia de un centenar de oficiales de las fuerzas especiales estadounidenses, incluso sin la Autorización del Congreso prevista en la constitución: «para ayudar a Colombia a combatir el narcotráfico».
La Brigada Estadounidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos ya utilizada en otros escenarios de guerra en Medio Oriente y África, ha sido entrenada para hacer frente a «amenazas y factores desestabilizadores» en Fort Benning, heredero de la infame Escuela de Las Américas, donde la CIA entrenaba a los dictadores del Cono Sur.
La SFAB llegó a Colombia en junio, creando la consiguiente alarma entre la izquierda, luego de las amenazantes declaraciones de la administración estadounidense contra el gobierno bolivariano. «Es la primera vez que esta brigada trabaja con un país latinoamericano, un hecho que confirma una vez más el compromiso de Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región», escribió en un comunicado la diplomacia estadounidense en Colombia.
Ante la denuncia del senador Iván Cepeda, quien interpuso un recurso judicial por esa » presencia invasora y hostil en el territorio», un tribunal ordenó la suspensión inmediata de esas actividades. Sin embargo, el gobierno apeló, confiando como de costumbre en la política de hechos consumados de Trump.
El papel de la Colombia de Duque y Uribe en la desestabilización de los procesos progresistas de la región es igual al que ha jugado Israel en Oriente Medio en nombre de Estados Unidos. Las denuncias del gobierno bolivariano, que presentó numerosas pruebas, también fueron corroboradas por la prensa norteamericana. La última alarma se refiere al plan para infectar a los migrantes que regresan en masa a Venezuela.
El sistema de salud colombiano está en colapso, pero Duque ha rechazado la ayuda ofrecida de médicos cubanos, en cambio, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, denunció que los hospitales están copados por la pandemia.
En Venezuela, comentó Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV: “Hemos repetido una y mil veces que la paz de Colombia es la paz de Venezuela, y que la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y que por ello, la unidad de nuestros pueblos es una de las palancas de un futuro solidario y de cooperación entre las dos naciones.
La victoria de la democracia es obra de senadores valientes como Iván Cepeda, que le respondió con firmeza a Uribe, de todo el liderazgo democrático de Colombia, del avance electoral que de manera unificada obtuvieron las fuerzas progresistas en las elecciones presidenciales y producto de las manifestaciones multitudinarias que impactaron a todas las regiones de Colombia en los últimos meses del año pasado y que son el germen de la nueva democracia, de la paz y de la cooperación, que nace desde las vetas más hondas de Colombia”.
