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En los manuales o libros de enseñanza del Derecho Internacional Público (DIP), usualmente y como metodología de aprendizaje, previo al estudio del área internacional, se comienza por evaluar conceptos básicos de derecho; el concepto de derecho objetivo, subjetivo, el derecho natural y positivo para luego entrar con el concepto de la norma su estructura y jerarquía. Esto como pasos previos para poder hacer una traspolación de la lógica jurídica dentro de los países pero aplicada al ámbito internacional. Cuando se estudia la norma, se enfatizan los autores en un silogismo básico: Si es “A” debe ser “B”, en donde “A” es igual al Supuesto de Hecho y “B” la Consecuencia Jurídica, y el “debe Ser” es el “nexo”. Esto quiere decir que el Supuesto de Hecho está constituido por el conjunto de condiciones o hipótesis que se encuentran establecidas dentro de una norma jurídica y de las que se hace depender la realización de efectos jurídicos. La Consecuencia Jurídica es el conjunto de efectos que se producen por haber tenido lugar o por haberse realizado las condiciones que estaban contempladas dentro de una norma jurídica. Un ejemplo más sencillo es si “A” comete delito se le aplica una pena o sanción “B” según la ley respectiva al caso en concreto.
La importancia de la explicación de estos conceptos con respecto al Informe de la Bachelet, tiene que ver con la situación en que los constructores de la dualidad narrativa del gobierno de Donald Trump y sus 51 socios del hemisferio occidental en la que Juan Guaidó sigue siendo presidente interino, tratan de construir un supuesto de hecho o hipótesis de violación sistemática por parte del Estado venezolano y violador de derechos humanos cuya consecuencia jurídica inmediata sería el enjuiciamiento del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros.
Este informe busca simplificar esta premisa y vender esta idea central como una realidad única e irrebatible a pesar de que Estados Unidos y sus socios han sufrido reveses en los planes de invasión e intervencionismo como el 23 de enero con la autoproclamación que fue perdiendo efecto mediático o el 23 de febrero con la eufemística idea de entrada de ayuda humanitaria por Cúcuta, que se convirtió en un fracaso total y desnudó las reales intenciones de prender una guerra regional con consecuencias impensables para el continente.
Este supuesto de hecho prefabricado a la usanza de los países neo colonizadores y saqueadores de recursos en nombre de la supuesta libertad occidental, tiene algunos patrones similares en la invasión a Yugoslavia por la OTAN en 1999 o Libia en 2011. En ambos casos y a partir de resoluciones del Consejo de seguridad de la ONU los países fueron atacados invadidos y desmantelados y sus recursos expoliados, con consecuencias que se mantienen hasta hoy expresadas en muertes pobreza y migraciones masivas.
En la edición del Cuatro F N° 209, y como parte de los círculos de estudio propuestos en distintos ámbitos de debate y discusión, titulado Informe Bachelet en medio del asedio a Venezuela pero en esta segunda parte preferimos llamarlo el Informe Bachelet en medio del plan de operaciones contra Venezuela porque abre la caja de Pandora para justificar el enjuiciamiento y desmantelamiento del Estado venezolano.
En otras ediciones de Cuatro F hemos analizado los planes de operaciones en países invadidos y la lógica armada sobre Venezuela como cuando comparamos el sabotaje eléctrico y un plan similar en el sistema eléctrico de la ex Yugoslavia, saqueada, invadida y desmantelada desde 1999 hasta hoy.
Sabemos cuando comienza una invasión pero todas las que comenzaron en la época neoliberal desde finales de los años noventas siguen hasta hoy, como ejemplo Irak. Venezuela y la región no escaparían a esta dinámica en la cual el neoliberalismo decadente en su versión más radical justifica su manutención con el saqueo de países soberanos con pretextos armados en laboratorios como el de ayudas humanitarias contra regímenes dictatoriales como discurso.
El informe Bachelet, en el tenor del 4 de Julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pretende llevar a Venezuela a la vorágine de un país invadido aunque en la real política le aplican a Venezuela la misma lógica posterior a la invasión de un país: bloqueo de cuentas para adquirir bienes y servicios, confiscación de activos, o la confiscación de la representación diplomática ante países que aceptaron al autoproclamado, lo cual puso a Venezuela en la lógica de los países invadidos aunque no ha sido militarmente intervenida de manera clásica, todavía, ya que el discurso de la hoja de ruta: Cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres vuelve a resonar en los tabloides y redes internacionales.
Podemos decir que esta es la parte más novedosa del plan; una especie de invasión silente. El problema de los constructores de esa realidad dual, telemática, es que la realidad verdadera ha perdurado en el tiempo y el autoproclamado y su grupo de respaldo Voluntad Popular, se han ido a robar los recursos de sus financistas y de los bienes bloqueados a Venezuela. Esto les ha restado credibilidad en el mundo por convertirse en unos vulgares ladrones de poca monta, pero esto no ha desmontado el plan internacional de asedio, sino que lo han reenfocado ahora a través del Informe Bachelet, ya que en la primera etapa el rol relevante lo llevaba la OEA pero Almagro tampoco le ha servido a los intereses de Trump, Pence, Pompeo, Bolton y sus socios; ahora le toca el turno a la Bachelet.
Probablemente remitan este informe a la Corte Penal Internacional ya que países socios de Estados Unidos tratan de llevar la causa de violación de derechos humanos en esta corte por los supuestos delitos de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano durante las guarimbas de 2017.
En el portal Panampost publicaron el 29 de mayo de 2019, “La cazadora de tiranos”. ¿Quién es la fiscal de la CPI encargada de investigar a Maduro? Fatou Bensouda . Esta abogada es la fiscal de la Corte actual y su nombre posiblemente comenzará a ser más familiar para los venezolanos y la región como lo fue en 2011 el ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo que había llevado el caso de enjuiciamiento de Libia y al cual se le asocia con esta fiscal de Gambia, África.
En una parte del artículo de Panampost se hace énfasis en que Bensouda aseguró que la CPI tomó la decisión de abrir el examen preliminar contra del presidente Maduro por crímenes de lesa humanidad luego de una “revisión independiente e imparcial de numerosos informes” durante las manifestaciones opositoras de 2017. Lo extraño de todo esto es que se activa esta posibilidad en 2019 de un caso de 2017 y precisamente sobre derechos humanos violados por el estado venezolano. Si se revisan los tiempos en los que se subsume el Informe Bachelet coinciden plenamente con los mismos tiempos que maneja la corte. Esta decisión de la CPI fue celebrada por Almagro en la OEA la cual contrato los servicios del ex fiscal Luis Moreno Ocampo a pesar de su dudosa reputación. Este es el camino que ha decidido transitar la Bachelet en desmedro de su propia historia como representante de la izquierda regional si es que alguna vez lo fue.
