Edgardo Toro
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El pasado 5 de julio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) un Informe sobre Venezuela.
Recordemos que el mencionado Informé fue solicitado mediante la resolución 39/1 del CDH, promovida por los países del Grupo de Lima (GL), evidentemente con el auspicio del Gobierno de los Estados Unidos de América y algunos países de la Unión Europea (UE). Resolución que el Gobierno venezolano rechazó contundentemente por ser un mecanismo injerencista. Dicha Resolución fue adoptada por votación, cuyo resultado fue 7 votos en contra, 17 abstenciones y 23 votos a favor1. Resultado que refleja la gran división que existe en el ámbito internacional a la hora de abordar la situación de derechos humanos en Venezuela.
A título informativo, la resolución 39/1 del CDH, adoptada en septiembre de 2018, solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada que presentara una actualización oral en marzo 2019 sobre la situación de los DDHH en Venezuela, en julio 2019 un Informe, y nuevamente en septiembre del mismo año una actualización oral al informe que presentara en julio.
Evidentemente, todo ello viene de la mano de los informes unilaterales y sin mandato preparados por el Alto Comisionado saliente y todo el equipo político que dejó en la mencionada Oficina, de los cuales es obvio su parcialidad con los poderes fácticos a la hora de pronunciarse sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Ahora bien, ¿Cuál ha sido la postura de la Alta Comisionada Bachelet sobre Venezuela?
La dra. Bachelet atendió una visita que le extendiera el legítimo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que observara en el terreno todos los avances, retos y desafíos en materia de promoción y protección de derechos humanos del pueblo venezolano.
De igual manera, prestara atención sobre cuáles son las verdaderas causas de la actual situación política y económica, y desde un punto de vista técnico, que la Oficina de las Naciones Unidas brindara colaboración en la adopción de medidas que pudieran coadyuvar en la implementación de buenas prácticas en la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela, contrarrestando el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el disfrute de los derechos humanos.
En su estadía en Venezuela, el Gobierno revolucionario le brindó todo el apoyo posible -tanto al equipo de avanzada cómo a la propia Alta Comisionada- para que pudiera sostener reuniones con todos los sectores que hacen vida en nuestro país, tanto de la parte gubernamental, las instituciones del Estado, así como sectores de la sociedad civil, incluyendo al sector radical y fascista de la oposición venezolana.
Pero como todo tiene su razón de ser, el día 5 de julio de 2019, ante el CDH la Alta Comisionada Bachelet presenta un Informe completamente desbalanceado y parcializado. Un Informe que contiene graves acusaciones, incongruencias con las fuentes utilizadas y datos que no han sido comprobados.
Por un lado descarta el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por el Gobierno de los Estados Unidos de América, así como todos los procesos de desestabilización promovidos por un sector radical y fascista contra la democracia venezolana, que van desde protestas violentas con saldos negativos e incluso la quema de personas vivas por el sólo hecho de apoyar una tendencia política; un magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto de 2018; sabotajes constantes al sistema eléctrico y servicio de agua potable del pueblo; la guerra económica producto del brutal ataque a nuestra moneda y la galopante inflación inducida por sectores de la oposición venezolana, así como el golpe de estado frustrado del pasado 30 de abril de 2019.
De igual manera, omite aviesamente hacer mención al el Informe de la visita del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Dr. Alfred de Zayas, el cual condenó las medidas coercitivas unilaterales y la guerra económica en Venezuela (Ojo, único Experto del sistema de las Naciones Unidas que ha visitado Venezuela en los últimos años), así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del Examen Período Universal del Estado venezolano en septiembre 2016, como los innegables avances en materia de derechos humanos impulsados durante las últimas dos décadas por la Revolución Bolivariana en Venezuela. Avances que han sido reconocidos por diferentes agencias de las Naciones Unidas, como la UNICEF, UNESCO, FAO, etc.
Entonces, ¿Será que el equipo encargado de redactar semejante Informe omitió intencionalmente condenar las graves acciones que impactan directamente en el desarrollo de los derechos humanos del pueblo venezolano y desconocer plenamente los avances alcanzados, o sólo fue un simple descuido?
Quien lee cómo fue redactado el mencionado Informe, evidentemente observa cual ha sido el objetivo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas… No es otro que continuar con la política de asedió internacional al Gobierno bolivariano, en estricto cumplimiento de la nefasta política intervencionista impulsada por la administración Trump y los súbditos gobiernos de la derecha regional.
El accionar de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, vulnera cada uno de los principios del derecho internacional público, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como el mandato que da origen a la Oficina que dirige, consagrado en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU.
El Gobierno venezolano, responsablemente, manifestó su colaboración y voluntad política para establecer una nueva etapa de relaciones de respeto con la Oficina, manifestando el propio Presidente de la República que estaríamos completamente disponibles de cumplir con las recomendaciones de carácter positivas que arrojara la visita a Venezuela de la Alta Comisionada. También manifestó el Jefe de Estado la plena voluntad de establecer puentes de comunicación fiables para que la Oficina maneje información de primera mano. Es decir, dispuestos a continuar y robustecer los lazos de cooperación y el diálogo genuino, pilares fundamentales del derecho internacional y del multilateralismo.
Desafortunadamente, este proceder negativo de la Oficina del Alto Comisionado, abre una peligrosa brecha en todos los avances que la Oficina y nuestro Gobierno revolucionario habían alcanzado.
Al parecer, ese ha sido el principal objetivo del Informe de la señora Bachelet. Porque, si bien es cierto que la Alta Comisionada no lo redactó, fue ella quién lo avaló ante la comunidad internacional y quien sucumbió ante las presiones imperialistas.
Lo más delicado de esto, es que el mandato de la Resolución 39/1 del CDH, impuesta a Venezuela sin su consentimiento, vence en septiembre de este año. Evidentemente, un informe imparcial y objetivo de la Oficina sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, dejaba sin argumentos al Cartel de Lima para que continúen con su política de hostigamiento y asedio en el seno de este importante Órgano multilateral.
En otras palabras, el Informe de la Bachelet tiende el puente para que durante el 42º periodos de sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año, se promueva otra resolución cuyo principal objetivo sería crear un procedimiento especial, es decir, un Relator Especial o una Comisión de Investigación.
Ambos procedimientos especiales son mecanismos de monitoreo utilizados por las potencias para socavar la soberanía de nuestros pueblos. No es casual que sólo los países del Sur sean víctimas de este tipo de mecanismos injerencistas. Tenemos el ejemplo de Burundi, la República Popular Democrática de Corea, Siria, Eritrea, La República Democrática del Congo, Bielorrusia, Myanmar, Camboya, Sudán, entre otros.
Tenemos que condenar públicamente la politización y dobles raseros de los trabajos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que la misma fue creada por los Estados para promover y proteger los derechos humanos, trabajando de manera coordinada con los legítimos gobiernos de los 193 Estados miembros de la ONU, bajo los principios del respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial, no para promover invasiones militares y medidas coercitivas unilaterales cuyo principal objetivo es impulsar golpes de estado.
Me sumo la impecable defensa del Gobierno revolucionario ante la presentación del Informe de la Oficina de la Alta Comisionada sobre los derechos humanos en Venezuela el pasado 5 de julio, instando que sobre la base de la objetividad, imparcialidad y no selectividad, la Oficina se retracten y se pronuncien sobre la verdadera realidad que se vive en la República Bolivariana de Venezuela.
Sólo de esta manera se pudiera intentar fortalecer –nuevamente- los puentes de cooperación y diálogo genuino entre el Estado venezolano y los trabajos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1 7 votos en contra (Burundi, China, Cuba, Egipto, Pakistán, República Democrática del Congo y la República Bolivariana de Venezuela.
17 abstenciones (Angola, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Irak, Kenia, Kirguistán, Mongolia, Nepal, Nigeria, Qatar, Senegal, Sudáfrica, Togo y Túnez.
23 a favor (Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Georgia, Hungría, Islandia, Japón, México, Panamá, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Ruanda, Suiza y Ucrania)
