La batalla contra la guerra económica es ciertamente, la más complicada que está jugando el socialismo bolivariano. Una batalla determinante, que hará escuela
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Geraldina Colotti
Traducción Gabriela Pereira
En Venezuela, la MUD se rompe. Vuelan insultos, anatemas y maldiciones. El ex-gobernador del Estado Amazonas, Liborio Guarulla, recurre a un ritual chamánico para lanzar la maldición del dabukuri. Capriles (Primero Justicia) da un portazo y deja la coalición. El gobernador electo por su partido en Zulia, Juan Pablo Guanipa, no acepta jurar delante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y deberá ser sustituido luego de nuevas elecciones.
Voluntad Popular (la compañía de Leopoldo López y Lilián Tintori) anuncia que no participará en las próximas elecciones comunales. El presidente del parlamento, Julio Borges, (PJ) corre a Washington a denunciar un fraude que nadie ha presentado al CNE. La MUD ha contrafirmado los controles del sistema electoral, considerado a prueba de fraudes. ¿Mentían antes o mienten ahora? Que importa, si sus referentes principales se encuentran fuera de Venezuela…Y ya se habla de una nueva coalición que trata de reconstruir los pedazos de la pendenciera derecha venezolana.
Todos atacan a Ramos Allup, “el adeco” navegado que los ha puesto en el saco obteniendo ser lo que siempre ha querido: el único referente antichavista reconocido. Ni siquiera la red les ahorra nada: si antes llamaban “prostituyente” a la Constituyente – escriben – ¿cómo se te debe llamar ahora que la reconoces? Los cuatro gobernadores electos por Acción Democrática han aceptado la investidura por parte de la ANC, poder popular plenipotenciario que es la base de la Constitución Bolivariana. Maduro les ha invitado al diálogo y ha rechazado los ataques provenientes de los Estados Unidos y de los países neoliberales latinoamericanos que, como Colombia y México (famosos “campiones de democracia”), no “reconocen” las elecciones y presionan para constituir un gobierno paralelo en el exterior.
El Chavismo recibe dos resultados importantes: haber dividido a la MUD y haber llevado la disputa del campo violento al campo democrático. Por ahora. La derecha, de hecho, ya sugiere un nuevo escenario inquietante: especulando sobre las relaciones con Irán, se podría provocar la intervención armada de los Estados Unidos para “defender la democracia y la seguridad del terrorismo”. ¿Qué sucedería -insinúan- si un avión “cargado de terroristas islámicos” partiera desde Venezuela para ir a sembrar muerte en el mundo y fuera “descubierto”?.
Pero un peligro aún más pérfido llega desde adentro. Como de manual, en el mercado negro un euro es cotizado casi a 50.000 bolívares. Sobre esta base, que no tiene ningún resultado en la economía real y ni siquiera en los parámetros internacionales (liquidez monetaria y reservas internacionales), los comerciantes han disparado los precios a niveles inalcanzables para los sectores populares.
Es como en los tiempos de Allende en Chile: hacer “gritar la economía” para provocar la reacción de los sectores populares contra el gobierno. Desde la base chavista ha partido el boicot de algunos productos, y la invitación a actuar rápido dirigida a los 545 electos de la ANC. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) pide de “expropiar a los especuladores”.
Contra las anomalías producidas por la guerra económica, los constituyentes no podrán usar la varita mágica. Pero, mientras tanto, algunos gobernadores ya han comenzado a actuar sobre el acaparamiento de los productos subsidiados y sobre su desvío al mercado paralelo (bachaqueo). En el Estado Carabobo, el neoelecto gobernador chavista, Rafael Lacava, luego de haberse hecho conocer como “Don Quijote a caballo de Rocinante”, ha ideado otra imagen: el carro de Drácula, que llega a llevarse a los corruptos y chavistas camuflados.
Dos alcaldes ya han terminado en la cárcel por haber desviado toneladas de productos destinados a la población a través de los Clap, los Comités de abastecimiento y producción con los cuales el gobierno lleva los alimentos directamente a las casas.
El 7 de septiembre del 2017, Maduro ha presentado a la ANC 8 leyes dirigidas principalmente a afrontar la guerra económica: dar transparencia al mercado cambiario autorizando la creación de oficinas específicas en las que se permitirán transacciones en otras monedas.
Aumentar los impuestos a las grandes fortunas (Venezuela tiene los impuestos más bajos de América Latina y también un nivel altísimo de evasión fiscal), e instituir mecanismo que permitan sanciones reales a los delitos económicos cumplidos contra los consumidores y el pueblo. Se propone la facturación electrónica obligatoria para 5.000 grandes empresas.
La ley del Plan 50 prevé una discusión entre sectores productivos, distributivos, consumidores y organizaciones populares administrada por la Gran Misión Abastecimiento Soberano para crear un techo máximo de los precios para 50 artículos y servicios de uso corriente. Además, por cada Clap será nombrado un juez que vigile los precios, acompañado por las autoridades jurídicas y de la Defensoría del Pueblo con facultad de intervenir legalmente para sancionar a los abusivos.
Otra ley que apunta a facilitar y regular las inversiones exteriores en base a los 15 motores económicos ya aprobados por el presidente. Será instituido también un nuevo régimen tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero del Orinoco con el objetivo de garantizar un tercio de las entradas al Estado Bolivariano. Otro propósito es el de crear Agrosur, un Consorcio Agroalimentario del Sur que coordine los esfuerzos productivos en 20 sectores prioritarios. La ley prevé la formación, financiamiento, recursos y tecnologías dirigidas a los campesinos.
Mientras tanto, el bloqueo financiero dictado por Trump está manteniendo detenidos los pagos destinados a la adquisición de bienes primarios y la derecha trata de aumentarlo con el pleno apoyo hasta de Europa.
Con la habitual “desenvoltura”, Julio Borges, luego de haber pedido a los Estados Unidos hasta la invasión del país, además ha acusado al gobierno de dilapidar dinero para pagar la deuda externa en lugar de resolver la “crisis humanitaria”. Y ha pedido una reestructuración de la deuda… pero al Fondo Monetario Internacional, desde hace años ha sido expulsado de Venezuela y que pondría como condición un plan de ajuste estructural. La batalla contra la guerra económica es ciertamente, la más complicada que está jugando el socialismo bolivariano. Una batalla determinante, que hará escuela.
