José Gregorio Linares
Niños africanos esclavizados cultivan buena parte del cacao que posteriormente es convertido en chocolate por las transnacionales de la alimentación, especialmente por la empresa suiza Nestlé. En efecto, los países del África occidental suministran más del 70% del cacao que se comercializa en el mundo, y este es explotado por niños pobres. Estos son atraídos con la promesa de un buen salario; luego son enviados a plantaciones apartadas, lejanas de sus hogares; y una vez allí son prácticamente secuestrados y obligados a trabajar como esclavos.
La vida de los niños esclavizados en las plantaciones es una pesadilla. Allí trabajan de 80 a 100 horas por semana. Uno de ellos contó: “Las palizas formaban parte de mi vida. Siempre que te cargaban con sacos (de granos de cacao) y caías mientras los transportabas, nadie te ayudaba. En lugar de eso, te golpeaban y golpeaban hasta que te levantabas de nuevo”. Otro dijo que “jamás había siquiera probado el chocolate; la gente disfruta de algo que me causó sufrimiento producir”. Este cacao es comprado por la Nestlé, y luego convertido en barras de chocolate y ricos bombones mercadeados en atractivos envoltorios.
En la obra “El lado oscuro del chocolate”, la periodista Miki Mistrati afirma que la Nestlé no solo es responsable de comprar el cacao producido por niños esclavizados; lo que constituye en sí misma una práctica empresarial antiética e inmoral. En realidad, asevera, esta compañía es la autora intelectual de todo el circuito económico que genera esclavitud infantil en África. El modus operandi de esta transnacional es el siguiente: Primero propicia una política “amistosa” de cooperación y acercamiento con las naciones productoras de cacao y con la comunidad científica local vinculada a la agricultura cacaotera por medio de una seductora estrategia comunicacional y de un hábil cabildeo político; luego firma convenios científicos y tecnológicos con universidades y centros de experimentación y los asesora en todo lo relacionado con el proceso de producción y comercialización del cacao; a continuación entra en contacto con las comunidades y se familiariza con la idiosincrasia de la población asentada en las zonas cacaoteras; posteriormente se pone en contacto con los dueños de las plantaciones y las casas comerciales, a quienes orienta a fin de que obtengan mayor rendimiento y máximas ganancias; lo que se logra vendiendo toda la cosecha a la empresa monopolista transnacional y bajando los costos de producción mediante la explotación de mano de obra infantil.
Por supuesto que además del interés económico inmediato, detrás de todo esto está el propósito imperial de Nestlé en el sentido de conocer directamente la biodiversidad de los países que asesoran, e identificar las debilidades, fortalezas y potencialidades de sus habitantes; para sacar así el máximo provecho geopolítico y lograr el mayor control de su economía. Sin saberlo, las naciones que reciben el “apoyo” de esta transnacional se convierten en eslabones de un circuito aparentemente científico que compromete la soberanía nacional y la independencia.
Dada esta información, me ha sorprendido saber que en Venezuela hay actualmente instituciones (nacionales y regionales) oficiales y privadas vinculadas con la producción y mercadeo del cacao que impulsan convenios de asesoría con la Nestlé. Sus promotores son funcionarios públicos, científicos y emprendedores que a lo mejor actúan de buena fe obnubilados por los beneficios que en materia de apoyo a la investigación y a la productividad ofrece la transnacional. Lamentablemente son, por decir lo menos, muy ingenuos y confiados. Creen en las buenas intenciones, el espíritu científico y la filantropía que anima a esta compañía extranjera. Si durante la conquista se dice que intercambiamos oro por espejitos; ahora estaríamos cambiando información agrícola valiosa por espejismos.
Por todo esto, los venezolanos no deberíamos concertar acuerdos con corporaciones con agenda oculta, cuyo sentido de la ética es contrario a los principios de humanidad consagrados en nuestra Constitución. En tal sentido instamos a los movimientos ambientalistas, a los defensores de los derechos humanos, a los organismos vinculados con la ciencia y al Gobierno Nacional a abrir un proceso de investigación para conocer y derogar los convenios suscritos. De igual modo, exhortamos a los constituyentes a prohibir en la nueva Carta Magna la firma de acuerdos con quienes han incurrido en violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, especialmente cuando las víctimas son niños y niñas. Al respecto, sería pertinente guiarnos por los consejos de Simón Bolívar, quien nos alertaba sobre el peligro de traer a los poderosos a nuestra casa. Expresaba: “Es como invitar al gato a la fiesta de los ratones”.