En entrevista exclusiva para Brasil de Facto, el coordinador del Movimiento Sin Tierra, el economista João Pedro Stedile, argumentó que 2021 será el año de la vacuna universal, la lucha social y el cambio en América Latina. Nuevas relaciones de poder, dijo, surgirán con las probables victorias electorales de la izquierda en las elecciones presidenciales de febrero en Ecuador, luego en abril en Perú y, nuevamente en abril, en las regionales y municipales en Chile, cuando también se realizarán las elecciones de representantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Un punto de inflexión que, según Stedile, aislará al gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro en Brasil, resaltando más las fallas provocadas por su gestión y aumentando las posibilidades de victoria de la alternativa. «Cuando tengamos acceso a la vacuna – dijo Stedile – se abrirán nuevos espacios para las luchas de masas». Según un estudio reciente del Instituto de Estadística, la pobreza extrema en Brasil afectará entre el 10 y el 15% de la población, el doble en comparación con 2019. En 2021, los muy pobres serán 13,7 millones.
Situación similar a la existente en otras partes del continente, donde se han aplicado recetas neoliberales, a pesar del fracaso de los gobiernos en el cargo y la crisis abierta de las «democracias» que miran a Washington.
Un ejemplo sobre todo, Colombia, un país subordinado a los Estados Unidos y elegido por todos sus planes de desestabilización en el continente. Un país en el que los espacios de viabilidad política de la oposición están bloqueados desde 1948, cuando fue asesinado el líder liberal Eliécer Gaitán. Un país de masacres, derechos violados y acuerdos desatendidos, como fue el caso de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, enterrados tanto en cárceles donde los presos políticos están aislados y reprimidos, como en cementerios, donde exguerrilleros que han aceptados esos acuerdos terminan casi a diario así como muchos líderes sociales.
Otro ejemplo de involución autoritaria, corrupción y desigualdad es Perú, un país que, como Italia y Colombia, perpetúa una venganza infinita contra los presos políticos de Sendero Luminoso. La última ronda de represión implicó la detención de más de 70 integrantes del movimiento Movadef, con la falsa acusación de «terrorismo», a pesar de que no pueden ser acusados de ningún hecho concreto, salvo el de ser considerados “el brazo legal de Sendero Luminoso».
Abogados, familiares, artistas fueron detenidos para evitar que el tema del balance del Siglo XX y de la memoria histórica se reuniera con las manifestaciones y huelgas -la más reciente la de los mineros- que se están llevando a cabo en el país para pedir una Asamblea Nacional Constituyente.
Recordamos que Perú es la sede del nefasto Grupo de Lima, una alianza internacional reaccionaria nacida en 2019, abiertamente para contrarrestar la expansión del chavismo en el continente americano, vaciando desde adentro Unasur, la Unión de Naciones del Sur. El grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Contra la revolución bolivariana en Venezuela, actuó y pretende seguir actuando de manera concertada con el llamado Grupo de Contacto de la Unión Europea, cuyos intereses son mantener, quizás de otras formas, la farsa de la autoproclamación de Juan Guaidó como presunto «presidente interino de Venezuela». ¿Porque? Porque en las bancas europeas y norteamericanas están el dinero y el oro del pueblo venezolano que de esta manera se podrían seguir robando impunemente a través del autoproclamado títere de Washington.
El Grupo de Lima incluye otros países en los que la organización de clase es fuerte, como Honduras, y como Paraguay y Guatemala, donde se está construyendo un bloque social alternativo. Países donde la lucha de clases sigue pagando un alto precio, ya que poco ha cambiado en la estructura represiva desde los tiempos de las feroces dictaduras del siglo pasado a sueldo de Washington.
De hecho, fue recién en 2019 que se cumplió una de las sentencias contra los crímenes cometidos en Paraguay en el marco del Plan Cóndor, la estructura creada por la CIA con la que los dictadores del Cono Sur intercambiaban favores, matando opositores dondequiera que estuvieran, y haciéndolos desaparecer. Paraguay estuvo bajo las garras de la dictadura de mayor duración en toda la historia de América Latina, la de Alfredo Stroessner, quien ensangrentó al país durante 35 años, de 1954 a 1989.
Hoy, Paraguay es uno de los países con mayor índice de desigualdad de América del Sur. El 24% de la población (más de 335.000 personas) vive en extrema pobreza, mientras que los superricos ganan hasta 22 veces más que los pobres.
Paraguay también tiene un sistema bloqueado por una apariencia de democracia que no permite una alternativa de izquierda, como se vio con el golpe institucional contra Fernando Lugo, el obispo de los pobres, que había ganado las elecciones en 2008.
Un golpe institucional similar al que, al año siguiente, desbancará al presidente progresista Manuel Zelaya en Honduras. A Zelaya le hubiera gustado realizar un referéndum para pedir el ingreso a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), creada por Cuba y Venezuela. Junto al Grupo de Lima, Paraguay participó en la fundación de otra alianza reaccionaria, también en 2019, Prosur, con la que intentaron cerrar definitivamente el camino al Mercosur, del que Paraguay fue fundador en 1991, y del cual Venezuela se vio expulsada.
La guerrilla comunista del Ejército Popular de Paraguay continúa operando, con muchos presos políticos, mujeres y hombres, severamente reprimidos, en prisión. En estos días ha llegado un llamamiento del gremio de abogados argentinos, apoyado y compartido por movimientos populares en América Latina y también en Europa.
Denuncia la desaparición de una niña de 14 años, hija de dos presos políticos, que vivía en Argentina con su tía Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, presa política durante 17 años. Desde Argentina, país fronterizo con Paraguay, Laura se había trasladado a visitar a sus familiares en prisión, acompañada de su hija María Carmen y su sobrina Lilian, ambas de 11 años, ambas argentinas, que querían conocer a sus padres, líderes campesinos, presos.
Las niñas fueron agredidas, torturadas y asesinadas en un simulacro de conflicto con la guerrilla, que nunca ocurrió. Laura, ya gravemente afectada por el asesinato de una hija y una sobrina, quedó atrapada en Paraguay junto a su otra sobrina de 14 años, llamada Lichita, que nació en la clandestinidad. Ambas fueron perseguidas por el ejército. La estrategia del gobierno, denuncian los movimientos internacionalistas en sus comunicados, es clara: a partir de información de inteligencia militar, con el apoyo de inteligencia norteamericana, israelí y colombiana, el gobierno de Paraguay conoció que el verano pasado varios hijos de presos que viven en Argentina cruzaron la frontera para ver a sus padres, tanto los que luchan en la montaña como los que están en la cárcel.
Una tentadora oportunidad para chantajear a la guerrilla y golpear donde más duele, es decir, desquitarse con sus hijos y familiares. Hace casi un mes, un poblador vio a un grupo de soldados de las fuerzas especiales, acompañados por algunos civiles, llevándose a Lichita. El 23 de diciembre también fue capturada Laura Villalba, pero reapareció con vida en prisión, acusada de ser un «elemento logístico» fundamental para la guerrilla, a pesar de haber vivido en Argentina más de 10 años.
Lichita, en cambio, se configura como un caso más de desaparición forzada. Ya otro hijo de los presos políticos Alcides Oviedo y Carmen Villalba fue asesinado cuando tenía 14 años. “Como en Argentina en la década de 1970 – denuncian los abogados – los Estados, sean civiles o militares, recurren a la táctica de enjuiciar y asesinar a familiares, como hicieron con las dos niñas de 11 años”. Por tanto, los abogados se dirigen a las organizaciones de la izquierda latinoamericana y también a las de la Iglesia católica, para que puedan pronunciar y apoyar las denuncias ante organismos internacionales.
Incluso en Guatemala, un país que aún lleva las huellas de los 36 años de guerra civil vivida en el último siglo, la lucha de clases se hace sentir. Miles de personas llevan semanas protestando para pedir la renuncia del presidente en ejercicio, Alejandro Giammattei, y de los más de 115 diputados aliados del gobierno. Y la represión es fuerte. Muchas organizaciones populares, especialmente las indígenas, están convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.
Representantes de las comunidades indígenas de diez países latinoamericanos se reunieron durante dos días en Cochabamba, Bolivia, para lanzar una serie de propuestas, entre ellas la de una Asamblea Nacional Constituyente, que ponga sus derechos en el centro. La iniciativa, denominada «Encuentro de pueblos y organizaciones Abya Yala hacia la construcción de una América multinacional», fue convocada por el ex presidente boliviano Evo Morales, y contó con la participación de destacadas personalidades de las comunidades indígenas de Ecuador, Argentina, México, Venezuela, Brasil, Perú, Panamá, Guatemala, Chile y Bolivia.
En su discurso introductorio, Morales apeló a la unidad de las organizaciones sociales y pueblos indígenas de América Latina frente a los importantes desafíos que se enfrentarán en el subcontinente. El responsable de la crisis actual – dijo Morales – es “el sistema capitalista. Un sistema que atrapa y condena a millones de personas al hambre”. Luego, el ex presidente boliviano citó un estudio de Credit Suisse, según el cual «42 millonarios del planeta tienen la misma riqueza que 3.700 millones de ciudadanos».
Al finalizar el encuentro, se aprobó un documento en el que se propone extender el sistema institucional multinacional vigente en Bolivia a todas las naciones latinoamericanas, y devolver espacio a la medicina tradicional y los mecanismos de producción ancestrales también en materia de alimentación y ganadería.
Los participantes decidieron entonces relanzar los mecanismos de integración regional como Celac, Unasur y Alba, y crear un nuevo organismo, Runasur, específicamente para estimular la agregación de los pueblos originarios latinoamericanos.
La nueva administración estadounidense encabezada por Joe Biden tendrá que lidiar con esta situación. Al leer el último libro de Barack Obama, se entiende que, en el centro estará principalmente la política de «divide y vencerás» hacia Venezuela y Cuba. Nuestro objetivo, escribió Obama, es el mismo que el de los republicanos, solo que intentamos conseguirlo con un método diferente. Y así explicó el acercamiento a Cuba: de esta manera – dijo – hemos desactivado un argumento utilizado por el gobierno cubano durante todos estos años: el de considerarnos un enemigo.
La estrategia del «golpe suave», empleada durante sus mandatos para derrocar gobiernos no subordinados, ya ha reaparecido en Cuba, a través de las manifestaciones de artistas pro occidentales. Con respecto a Venezuela, la estrategia de chantaje de la Unión Europea será utilizada como carterista, otro factor para dividir al gobierno cubano del bolivariano. Contra Nicaragua, culpable de haber querido apoyarse en los chinos en la construcción del Canal, seguirán con la asfixia utilizando a los países vecinos como punta de lanza, en primer lugar Costa Rica.
Con respecto a Centroamérica, habrá, como siempre, especial atención, quizás tratando de reactivar una versión de la Alianza para la Prosperidad lanzada por Obama en temas como inmigración, corrupción, crimen organizado y drogas.
Italia, dentro de la Unión Europea, ya está tratando de hacer su parte exportando su modelo de «lawfare» y «humanitarismo» militarizado.
