La oposición, de nuevo, al margen de las instituciones
CNE privado y tutelado
La facción de ultraderecha que sigue ejerciendo el mando de la oposición siempre ha procurado desconocer la autoridad del Poder Electoral, que tiene rango constitucional desde 1999. Hace más de 20 años que fue fundada la empresa Súmate (disfrazada de ONG defensora de los derechos electorales de la ciudananía) con el propósito expreso de usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El año pasado (2023), la inhabilitada dirigente María Corina Machado impuso su criterio de que las elecciones primarias para la candidatura presidencial no deberían ser organizadas por el CNE por no ser este un organismo confiable para el sector opositor. Las dirigió Súmate, marca de su propiedad, y previsiblemente, ella ganó por abrumadora mayoría de 90%, en un proceso manual y sin controles de ningún tipo, del que no quedó traza alguna porque todos los materiales electorales fueron quemados.
Ante la imposibilidad de postular a Machado (por su inhabilitación, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), la coalición opositora designó a un candidato-tapa, Edmundo González Urrutia, cuyo rostro, desconocido para la mayoría, apareció en la boleta electoral del 28-J.
Al anunciarse el resultado, favorable al presidente Nicolás Maduro, la ultraderecha volvió a su empeño de tener un CNE privado, que le concedió mediáticamente la victoria al candidato-tapa, mediante una página web manejada por la misma Machado.
En su retórica corrosiva, estos factores siempre dicen que las elecciones venezolanas sólo serán creíbles si las supervisan expertos internacionales, refiriéndose, claro, a sus jefes imperiales y a factores serviles y perversos como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.
Gobiernos interinos, presidentes autoproclamados
El Estado fake de la oposición se basa en la creación de poderes paralelos y en el desconocimiento de los verdaderos mediante la violencia o los artilugios legales.
En 2002, el capo empresarial, Pedro Carmona Estanga, luego de un golpe de Estado muy mediático, se autojuramentó como presidente de un gobierno transitorio, que terminó siendo muy efímero. En el decreto que pretendió imponer al país dictatorialmente, todos los poderes constitucionales (electos o designados; nacionales, regionales y locales) quedaron barridos.
En 2019, el diputado Juan Guaidó hizo lo mismo, aunque sin haber siquiera entrado a Miraflores, en una plaza al este de Caracas. Fue «reconocido» por Estados Unidos y unos 60 países y, mediante sus ilegítimas e ilegales facultades, facilitó el descomunal robo de empresas, depósitos bancarios y oro, cuyos efectos seguimos sufriendo.
Ahora, luego de las elecciones presidenciales, ya el candidato perdedor se ha proclamado a sí mismo como jefe de Estado, aunque quizá sea más preciso decir que su ventrílocua oficial, Machado lo hizo en su nombre. En un comunicado firmado por ambos se da inicio a este nuevo intento de interinato. Ahora, la tramoya del poder imperial y sus lacayos se apresta a reconocerlo como tal. Nada nuevo bajo el sol.
Desacato al Tribunal Supremo
Ante las dificultades que enfrentó el CNE (debido a poderosos ciberataques), el presidente Maduro optó por la vía constitucional y soberana disponible: solicitar la intervención del TSJ, a través de su Sala Electoral.
En ese escenario queda al descubierto la postura de la ultraderecha que ejerce el mando en el feudo opositor: no solamente desconocen al gobierno y al CNE, sino también a la cabeza del Poder Judicial.
González Urrutia fue el único candidato presidencial ausente en las audiencias de la Sala Electoral para analizar el tema, a pesar de que ese hubiese sido el escenario ideal para presentar su impugnación de los comicios. Los partidos que le dieron sus tarjetas en los comicios no aportaron prueba alguna de irregularidades. Para esa dirigencia política, el TSJ no es una autoridad legítima para dirimir este asunto ni ningún otro. El desacato al orden constitucional es más que evidente.
Pseudoestado impuesto por el poder imperial
El afán de la cúpula opositora de forjar un Estado paralelo no es, como se pretende vender, una respuesta popular a los poderes supuestamente usurpados por el chavismo. Es, por el contrario, una estrategia contra la soberanía nacional, para poner al país bajo el tutelaje del poder imperial decadente.
El pseudoestado formado por los gobiernos interinos, la asamblea nacional de 2015 (que no tiene fecha de caducidad), el TSJ paralelo, el CNE paralelo y demás fantasías es un Estado-colonia de Washington, una versión vergonzosa de lo que sería Venezuela si estos factores antipatrióticos la gobernaran de veras.
