En una jornada que quedará grabada en la historia de la Patria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que marca un antes y un después en el camino hacia la reconciliación nacional. Este hito legislativo, enmarcado en la cuarta transformación (4T) y como parte de las 7 Transformaciones (7T) rumbo al 2030, no solo representa un gesto de humanismo, sino una reivindicación de la esencia más profunda de la Revolución Bolivariana: la vocación de incluir, perdonar y construir Patria desde el abrazo del pueblo.
La iniciativa, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y materializada tras un arduo debate de 20 días con consultas públicas, se inspira directamente en los hitos fundacionales del proceso revolucionario. Tal como aquella amnistía que permitió al Comandante Eterno Hugo Chávez transitar del cuartel a la calle tras el 4 de febrero de 1992, para luego conducir al pueblo a la victoria del 6 de diciembre de 1998, esta nueva ley busca enterrar definitivamente los odios y abrir las compuertas a una nueva etapa de convivencia. Es la continuación de aquel 13 de abril de 2002, cuando el pueblo en la calle y los militares patriotas rescataron el hilo constitucional.
Concluido el debate en el hemiciclo, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, remitió el texto a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su promulgación, en cumplimiento del artículo 213 de la Constitución. El Artículo 8 de la norma establece los 13 hechos políticos que serán objeto de amnistía general, abarcando más de dos décadas de conflictividad:
1. Golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002.
2. Paro y sabotaje empresarial y petrolero (diciembre 2002 – febrero 2003).
3. Hechos violentos en torno al referendo revocatorio de 2004.
4. Manifestaciones de mayo de 2007.
5. Disturbios políticos entre julio y septiembre de 2009.
6. Conflictividad post-electoral de abril de 2013.
7. Protestas de febrero a junio de 2014 (guarimbas).
8. Actuaciones de la **Asamblea Nacional (2016-2020) y el desconocimiento de instituciones.
9. Protestas de marzo a agosto de 2017.
10. Hechos de enero a abril de 2019.
11. Procesos internos para la selección de candidatos presidenciales en 2023.
12. Violencia política en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
13. Conflictividad en las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional de 2025.
Perdón, pero sin impunidad: Delitos excluidos
La amplitud del listado no debe leerse como impunidad. La ley fue construida con precisión quirúrgica: mientras abre la puerta a quienes incurrieron en conductas vinculadas a la conflictividad política, la cierra con firmeza frente a delitos graves. Quedan excluidos del beneficio:
– Violaciones graves a los Derechos Humanos.
– Homicidio intencional.
– Tráfico de estupefacientes.
– Delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción.
– Acciones armadas o de fuerza contra Venezuela por parte de actores extranjeros.
«Hay que saber pedir perdón y saber recibir perdón»
Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, recibió a la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la formalización de la Ley. Durante el acto, destacó que este instrumento legal representa una «esperanza para Venezuela» y un paso decisivo para que el país se despoje del odio y la intolerancia. «Hay que saber pedir perdón y saber recibir perdón», afirmó la Mandataria, subrayando la madurez política de todos los sectores, incluyendo a diputados de la oposición y del chavismo, quienes lograron sancionar la Ley por unanimidad.
La Mandataria Encargada enfatizó que el objetivo es sanar heridas derivadas de delitos con origen en violencia política registrados desde 1999 hasta la fecha, permitiendo el retorno a la vida nacional de quienes, engañados por la oligarquía, tomaron caminos equivocados.
Con esta acción, la Revolución Bolivariana demuestra, 27 años después de aquella primera victoria popular, que su fortaleza es moral y su camino es el de la democracia más profunda. La ley, una vez publicada en Gaceta Oficial, no es un punto final, es un punto y seguido en la construcción del Socialismo Bolivariano y la paz duradera de la Patria.
