Por: Francisco Quevedo
Durante el cierre de la década de los cincuenta, Venezuela fue el escenario de una transición diseñada para proteger intereses foráneos. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, otrora pieza fundamental de la Doctrina Monroe en el Caribe, comenzó a ser percibido como un riesgo para la estabilidad de los suministros. La administración de Dwight D. Eisenhower, que en 1954 condecoró al dictador con la Legión al Mérito, no dudó en sacrificarlo cuando la presión interna y sus decisiones económicas chocaron con la agenda de Washington.
El punto de quiebre fue la tensión petrolera de 1957. Mediante el Programa Voluntario de Restricción de Importaciones de Petróleo (Voluntary Oil Import Program), EE. UU. impuso cuotas que castigaron la economía venezolana, violando el principio de Tratamiento Equitativo en el comercio internacional al favorecer a socios terrestres como México y Canadá. Pérez Jiménez, en un intento de soberanía financiera, otorgó concesiones a empresas independientes para romper el oligopolio de las «Tres Grandes» (Creole, Shell y Mene Grande), pero esta maniobra solo aceleró su salida. Según el documento desclasificado «NSC 5432/1 – United States Policy Toward Latin America», la prioridad absoluta era evitar que el descontento popular derivara en un nacionalismo que comprometiera el flujo de recursos estratégicos.
Mientras el pueblo luchaba, las élites de la derecha preparaban el relevo. Antes de la caída del régimen, se gestó el Pacto de Nueva York. Evidencias en el documento «FRUS, 1958–1960, Vol. V, Doc. 351» revelan que Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba se comprometieron ante el Departamento de Estado a tres variables críticas: la garantía de las inversiones petroleras, la alineación con la política exterior de EE. UU. y la exclusión sistemática del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Este veto ideológico fue una afrenta a la soberanía popular y al Pluralismo Político.
Tras el 23 de enero de 1958, esta entrega se formalizó en el Pacto de Punto Fijo. Este acuerdo no fue para la democracia, sino para el Reparto de Poder (Power-sharing), asegurando que el Estado venezolano permaneciera subordinado al capital transnacional. Sin embargo, surgió la figura de Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, quien representaba la verdadera voluntad de las mayorías. Para la inteligencia estadounidense, Ojeda era la «amenaza de izquierda» por su capacidad de unir al pueblo y al sector militar patriota. El reporte «Daily Intelligence Abstract, January 24, 1958» muestra la alarma de la CIA ante el liderazgo de Ojeda, viéndolo como el enemigo del modelo tutelado que Washington deseaba imponer.
El liderazgo creciente de Ojeda, quien luego renunciaría al Congreso para combatir el modelo de subordinación, fue monitoreado hasta su asesinato en 1966. Documentos como el «Telegram 1042» de la Embajada de EE. UU. confirman que su eliminación física fue vista como un triunfo para la «seguridad interna», violando flagrantemente el Derecho a la Vida y el Estado de Derecho.
En conclusión, la transición de 1957-1958 fue una operación de reacomodo donde el imperialismo sustituyó a un dictador desobediente por una democracia tutelada que garantizara el saqueo. Los Pueblos, encarnados en figuras como Fabricio Ojeda, demostraron que la verdadera soberanía no se pacta en oficinas extranjeras, sino que se conquista en la calle y en la defensa innegociable de los recursos nacionales frente a la ambición de las élites internacionales.
