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Inicio Análisis y Contexto

Veedores, acompañantes y buitres

Por Geraldina Colotti
22 de noviembre de 2021
Lectura de: 4 mins read
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La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, ofrece un informe preliminar de su labor en Venezuela durante el proceso, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, ofrece un informe preliminar de su labor en Venezuela durante el proceso, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

En un salón del Hotel Eurobuilding de Caracas, los periodistas siguen la rueda de prensa de Isabel Santos, quien ilustra el informe preliminar de la Unión Europea sobre las megaelecciones del 21 de noviembre. Santos es diputada del Partido Socialista Portugués, elegida al Parlamento Europeo con el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Dirigió la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presente en el país desde el 14 de octubre por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además de los invitados de los cinco continentes, también hubo una misión de expertos de la ONU y una del Centro Carter. En total, unos 500 invitados, desplegados en las distintas regiones del país, y que presentaron sus informes.

La Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presente en Venezuela desde el 9 de noviembre destacó, a través de una nota, “el ambiente pacífico” en el que se desarrollaron las megaelecciones, así como “los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral para mejorar el proceso electoral”. Todos los informes de las distintas comisiones fueron detallados y positivos. Los representantes del Grupo de Trabajo por América Latina y Caribe del Partido de la Izquierda Europea, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), el Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), la Asociación de Abogados de los Estados Unidos (National Lawyers Guild) y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos sociales en Defensa de la Humanidad, coincidieron en manifestar que el sistema automatizado de votación venezolano es confiable y robusto.

Por el contrario, la Cancillería británica señaló que pudo haber algunas mejoras, como la participación de más partidos opositores, pero advirtió que “está claro que las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas cayeron muy por debajo de los estándares requeridos”. El gobierno bolivariano rechazó el pronunciamiento por su “intencionalidad política hostil en contra del Gobierno y el pueblo venezolano”, y porque “constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos de un país soberano”.

Isabel Santos analizó el proceso electoral con la ambigüedad propia de la vieja Europa, y con el doble discurso que caracteriza la línea del Parlamento Europeo, atrapada entre cierta añoranza del viejo progresismo y el chantaje de los grupos de presión liderados por Washington que la determinan, y continúan apoyando el modelo de autoproclamación; contemplando una posible balcanización de la «media luna fértil» tras la victoria de la derecha en Zulia.

Y así, a pesar de que la UE no ha puesto un pie en Venezuela durante 15 años, ha descubierto que esta vez las elecciones se implementaron con mejores condiciones en comparación con años anteriores, y que este Consejo Nacional Electoral ha sido el “más equilibrado que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años”. Un avance que, para la UE, puede contribuir a una solución a la crisis de Venezuela “facilitando en el futuro elecciones creíbles, inclusivas y transparentes a todos los niveles, incluido el presidencial”.

Lo que Santos no señaló, fueron las declaraciones nada imparciales de los dos rectores llamados «independientes», elegidos para el CNE luego del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Durante la jornada electoral, desafiando las normas vigentes, emitieron declaraciones a los medios de comunicación internacionales, para intentar socavar la credibilidad del CNE (y, por tanto, también la propia), y para argumentar que la presencia de la UE no significaba «legitimidad para el gobierno de Maduro».

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Por otro lado, la UE aceptó el documento presentado por el Partido Comunista Venezolano (PCV), que, con muy poca actitud soberana, señalaba que “la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al PCV y a los partidos disidentes de la coalición gobernante”.

En total, la UE desplegó a 136 observadores de 22 Estados miembros, y de Noruega y Suiza, para evaluar el proceso electoral “de acuerdo con las obligaciones y compromisos internacionales para elecciones democráticas, así como con las leyes de Venezuela”. La MOEUE –que se define “independiente en sus hallazgos y conclusiones y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional firmada en las Naciones Unidas en octubre de 2005”– estuvo en los 23 Estados venezolanos y el Distrito Capital, en 605 centros de votación con más de 1.318 mesas electorales. Permanecerá en el país para observar “los acontecimientos postelectorales y publicará un informe final con recomendaciones detalladas en los dos meses posteriores a la conclusión del proceso electoral”.

En los días previos a las elecciones, las declaraciones nada imparciales de Josep Borrell y la UE habían provocado la indignación del gobierno bolivariano, porque parecían desconocer tanto los términos del acuerdo firmado con las autoridades venezolanas, como los límites de su función, es decir, observar el respeto de las normas vigentes en el país, y ciertamente no opinar bajo la lógica colonial habitual. Por otro lado, Borrell no ocultó que el objetivo de la presencia de la UE era «proteger a la oposición», mientras que la institución a la que representa decidió prorrogar un año más las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano.

Una línea dictada, como siempre, por Washington, ya que para la administración Biden el proceso electoral en Venezuela «carece de legitimidad», mientras que la «legitimidad» que apela al gendarme mundial es la atribuida a una persona que nadie ha elegido, y que continúa proclamándose «presidente interino de Venezuela». En una entrevista de un kilómetro con un diario de la derecha peruana, el relanza su castillo de mentiras, desconocido por sus propios cómplices y caricaturizado aún más por el hecho de que, en enero, expira el mandato artificial de su ficticia “Asamblea Nacional” que le sirve para balbucear sus declaraciones delirantes. En este año de elecciones, que podría revivir la perspectiva de la Patria Grande, el imperialismo afina aun así sus tentáculos.

Tags: Consejo Nacional ElectoralPSUV - JPSUV

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