Redacción La Tabla.- Es muy probable que los planes del gobierno de EEUU para tener acceso a información de primera mano sobre el Comandante Hugo Chávez, hayan sido establecidos desde semanas o días antes de haber tomado posesión como presidente de la República, en febrero de 1999.
Esa sería la única explicación con sentido de la razón por la cual el Ministerio de Defensa escogió a un oficial de la Armada, recién egresado y sin el “fogueo” requerido, para integrarse a la Casa Militar y estar en posiciones claves con posibilidad de actuar como una amenaza a la seguridad del mandatario.
Nos referimos a Leamsy Salazar Villafaña, quien en diciembre de 2014, con el rango de capitán de corbeta y toda su carrera en el palacio presidencial, se puso a la orden de las autoridades estadounidenses con el propósito declarado de testificar en los tribunales de ese país para sustentar las acusaciones de tráfico de drogas que la DEA había fabricado contra líderes del chavismo.
El dato lo aportó el excomandante del Ejército, General Carlos Peñaloza (quien no tenía ninguna simpatía por Chávez), en enero de 2015, al exponer que el oficial desertor fue designado como plaza del Batallón Caracas al egresar como alférez de navío en 1998 en la promoción «CN Rafael Francisco Rodríguez», según lo reseñamos en una publicación de LaTabla.
l «Caracas» es una unidad elite de la FANB cuya responsabilidad es prestar seguridad al Ministro de la Defensa y al Alto Mando Militar. Para Peñaloza, quien es activista antichavista y reside en Florida, «ese nombramiento fue extraño porque normalmente los alféreces de navío recién graduados, son enviados a la Marina a foguearse antes de ser designados plazas del Ministerio de la Defensa o de la Guardia de Honor Presidencial.»
Y explicó que se convirtió de inmediato en el oficial encargado de la escolta del Ministro, Vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo.
Lo realmente llamativo es que Rincón egresó como oficial de la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, en el año 1967 según se puede verificar en el Registro de Promociones de la Armada publicado en 2006.
La opinión de Peñaloza sobre lo extraño de la ubicación de Salazar en la unidad de élite, y la cercanía del vínculo del entonces ministro con EEUU podría sustentar alguna hipótesis de un reclutamiento temprano del edecán de Chávez por la inteligencia estadounidense.
Su incorporación a la Casa Militar de Chávez, tras su primera elección en 1998, estaría explicada por el hecho de que ya formaba parte del grupo de oficiales formados para el servicio de escolta de personalidades y contaba con la experticia para tales tareas.
Otro dato llamativo, que ofreció también Peñaloza es que Salazar fue enviado durante un año a los EEUU a hacer curso de Operaciones Especiales en la Infantería de Marina yanqui «convirtiéndose en un rambo».
Y agrega que «es posible que en esta época la inteligencia americana haya hecho contacto con él al conocerse que era un hombre ligado a Chávez.»
Salazar es considerado, por varios autores, como el sospechoso más probable de la inoculación del cáncer que aquejó a Chávez, lo cual obviamente no será fácil de demostrar.
En todo caso su contribución para demostrar la participación de altos funcionarios del gobierno bolivariano en el narcotráfico, ha sido nula. No se sabe nada sobre dónde está y a qué se dedica. La más reciente mención pública fue en 2020 cuando un reportero de AP dijo que era el “supertestigo” de Trump en una denuncia por fraude electoral en Georgia.
Asociaciones civiles “independientes”
Una reforma del poder judicial y la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos, como la llamada “justicia de paz”, fueron los ejes temáticos usados a partir de 1992 por un sector de la llamada “sociedad civil” (léase sectores empresariales promoviendo opciones políticas distintas a los partidos) para insertarse en los debates que planteaban cambios en el modelo institucional.
Usaron la figura de la asociación civil (AC) y la que se presenta en el primer momento la llamaron Primero Justicia. Eso les permitió “levantar” donaciones del sector empresarial, de instancias del Estado y de organismos internacionales. Era una ventaja frente a la organización del partido electoral: las asociaciones civiles se presentaban como “independientes”.
Sin embargo la mayoría de los creadores de la AC Primero Justicia decidió convertirla en un partido luego de haber recaudado generosos donativos como el de PDVSA a instancias de la madre de Leopoldo López.
De tal diferencia de criterios surgió otra AC que fue denominada Consorcio Justicia. Públicamente se expuso como una división (con conflicto incluido) entre la mayoría “justiciera” y Carlos Ponce, que se puso al frente de la entidad.
Lo cierto es que el conflicto se superó rápidamente y el Consorcio Justicia parece haberse convertido en un mecanismo instrumental para tener una doble participacion (como partido y como sociedad civil) y como instancia para captar donaciones.
El modelo (que funcionó como una red de pequeñas o grandes entidades) fue tan exitoso que hasta lo comenzaron a usar internacionalmente. Así crearon la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) que también ha recibido fondos para proyectos de carácter continental de organismos de EEUU como la NED y el Departamento de Estado.
