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Las recientes políticas anti migratorias, planteadas por el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, han marcado un creciente debate por sus conflictos con los derechos humanos; los cuales han llevado al mandatario a retractarse en ciertos parámetros, como lo fue el caso de la separación de padres y menores detenidos en las fronteras de EEUU. Sin embargo, su férrea defensa de la ley Tolerancia Cero, así como la nueva política de mantener unidas a las familias, han levantado nueva crítica debido al fuerte interés económico a nivel privado que ha suscitado este acontecer.
La gran cantidad de arrestos, que provocó la política de Tolerancia Cero, ha generado un notable incremento en las ganancias de los contratistas encargados de la administración de cárceles privadas y el transporte de los detenidos. Empresas como CoreCivic y Geo Group, han reportado ganancias millonarias debido al incremento de la demanda de sus servicios producto del creciente número de migrantes detenidos y sus aprisionamientos por largos periodos de tiempo, según un reportaje publicado por la BBC.
Se informó que un 25% de de los ingresos de CoreCivic en 2017 fueron procedentes de contratos con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), los cuales sumaron US$ 444,1 millones. Mientras que en el caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron 19% de sus ingresos para un total de US$ 429 millones.
Estos grupos se han visto enormemente beneficiados, no solo por las nuevas políticas, sino también por la abolición de anteriores leyes como la «Catch and Release» (detención y liberación), que era usada por previos gobiernos, y permitía a los migrantes detenidos ser puestos en libertad mientras esperaban ser juzgados.
La directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención), Bianca Tylek, comentó que «en torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria».
Los centros y organizaciones “caritativas y sin fines de lucro” destinadas a niños, también se han visto fuertemente beneficiados de las rígidas políticas migratorias. Grupos como Southwest Key, y Casa Padre han tenido en los recientes años un crecimiento exponencial al nivel de instalaciones. Viéndose con importante remarque el caso de Southwest Key, que pasó entre el 2010 al 2018, de tener 10 albergues con capacidad para 500 menores a disponer de 26 centros en los que puede recibir hasta 5.000 niños.
Sin embargo, la crítica contra estas organizaciones no se ha dado principalmente por su inaudito crecimiento, sino por sus importantes negocios con el gobierno de EEUU. En 2018, Southwest Key recibirá US$ 458.658.830 del HSS (Departamento de Salud y Servicios Sociales), lo que llevará hasta US$ 1.500 millones el monto recibido a través de contratos con el gobierno federal en la última década, de acuerdo con los registros del HHS.
Ante las nuevas políticas planteadas por el presidente Trump para mantener unidas a las familias de migrantes detenidos, se prevé que este negocio inicie un nuevo proceso de expansión en pos de abarcar las nuevos requerimientos que trae la detención en conjunto de familias. Esto genera la necesidad de adecuar el espacio y el personal para el aprisionamiento indefinido de adultos y niños en conjunto.
Este proceso ve una traba judicial que le prohíbe mantener detenidos a menores inmigrantes por más de 20 días. No obstante, si esta iniciativa logra prosperar, se verían altamente beneficiadas las ganancias de los grupos privados que se encuentran exprimiendo la inhumana situación migratoria de EEUU.
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